El juez penal de garantía, Gustavo Amarilla, admitió la imputación y procesó penalmente por el delito de hurto agravado a Ramón González Daher, por el caso de los 471 cheques que fueron hurtados de un juzgado. Igualmente se admitió la imputación por obstrucción de restitución de bienes a la abogada Emma González.
Asimismo, el citado magistrado fijó para el próximo 30 de junio a las 09:30 de la mañana la audiencia de imposición de medidas cautelares en que se definirá qué medidas serán aplicadas a ambos procesados.
De acuerdo al escrito presentado por el Ministerio Público se utilizaron 16 documentos con los que se iniciaron juicios para tratar de cobrarlos. Uno fue un juicio ejecutivo con 5 cheques por G. 78 millones y el otro un reconocimiento de créditos con 11 cheques por G. 302 millones.
Te puede interesar: Juez confirma competencia en caso de Erico Galeano
El representante del Ministerio Público mencionó que se realizó una ampliación del acta de imputación que ya se tenía anteriormente en el caso de Ramón González Daher.
Condena firme
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 15 años de cárcel para Ramón González Daher y de 5 años de cárcel de su hijo Fernando González Karjallo. Asimismo se dispuso en su momento el comiso de 47 millones de dólares. Padre e hijo siguen cumpliendo sus condenas en la cárcel de Tacumbú.
Dicha ejecución de la sentencia se encuentra en pleno trámite y los bienes embargados ya están siendo administrados por la Senabico que en su momento deberá realizar el remate correspondiente.
Podes leer: Ratifican condena de prisión para madre de niña desaparecida
Dejanos tu comentario
Estafa a colonos: admiten ampliación de imputación contra tres personas
El juez penal de Garantías, Vicente Coronel, admitió la ampliación de la imputación por asociación criminal contra Wiliam Roberto Bogarín, exfuncionario de la Cámara de Diputados investigado por integrar una red de estafa a colonos menonitas para la venta de propiedades en el Chaco. Se estima que las víctimas del hecho sufrieron un perjuicio patrimonial de US$ 2 millones.
Igualmente, el citado magistrado admitió la ampliación de la imputación contra José Francisco Ljubetic e Ilsa Marisela Paredes, quienes serían cómplices en esta causa. Los citados fueron convocados para el 8 de abril para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá cuáles son las medidas que se les impondrá a cada imputado.
Te puede interesar: Fiscalía pide blanquear a Giuzzio en causa por enriquecimiento ilícito
Bogarín Campuzano está inicialmente procesado por estafa y producción de documentos públicos de contenido falso. Cabe recordar que Bogarín (ya desvinculado de la Cámara de Diputados) fue vinculado a un esquema de estafas a colonos menonitas ubicado en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.
Según los antecedentes, Bogarín y los demás implicados habrían ofrecido la venta de propiedades en el Chaco a las víctimas, sin embargo, nunca llegaron a concretar su entrega, pese a que el pago ya fue realizado.
Podes leer: Imputan nuevamente a Luis Montanaro, pero ahora por estafa
Dejanos tu comentario
Piden prisión de entrenador de fútbol por brutal golpiza a su concubina en la calle
- Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un entrenador de fútbol fue denunciado el miércoles pasado por haber propinado una brutal golpiza a su concubina. El hombre habría atacado a la mujer en la calle, la estiró del cabello, la denigró y, además, la pisó sobre su abdomen, según imágenes de cámaras de seguridad de la zona. La agente fiscal Susan Vega imputó hoy al entrenador Juan Ramón Duarte Galeano (57), por violencia familiar y solicitó su prisión preventiva.
El sospechoso está con detención provisoria en la Dirección de Policía de Alto Paraná. El hecho ocurrió el domingo 30 de marzo de 2025, alrededor de las 21:00, en las inmediaciones de la estación de servicios “Willi Burger”, en el barrio San José de Ciudad del Este. Pero, la denuncia fue presentada recién tres días después.
El local mencionado viene siendo objeto de reiteradas denuncias de los vecinos porque es un sitio donde se juntan personas a tomar y a escuchar música a alto volumen, con derivaciones violentas en varias ocasiones, por la cual ya fue intervenida por el personal policial en diferentes ocasiones.
Puede interesarle: Comunidad indígena celebra instalación de USF que atiende 35 consultas diarias
La violencia del hombre se habría producido tras un reclamo por celos de la mujer, quien después de la discusión decidió regresar a su casa, ubicada en el mismo barrio a solo tres cuadras de la estación de servicios. Sin embargo, aproximadamente dos horas después, el hombre se presentó en la casa y obligó a la mujer a regresar con él. Durante el trayecto, comenzó a insultarla y a denigrarla, según el escrito de imputación.
Luego, el entrenador la tomó del cabello y le dijo en guaraní: “Ko’ânga ajekuaakáta ndéve” (Ahora me vas a conocer). La víctima intentó calmarlo y le pidió que la soltara, señalando que en la zona había cámaras de seguridad y que sus hijas podrían verlo. El agresor respondió que no tenía miedo de nadie, pero terminó soltándola, instante que la mujer aprovechó para correr, aunque fue alcanzada nuevamente.
Puede interesarle: Encarnación: un fallecido y un herido tras robo en obra de construcción
El ahora imputado la sujetó del cabello desde atrás y la golpeó en la cabeza, provocando que cayera al suelo, tras lo cual la pisoteó en el abdomen, refiere la fiscal. La agresión fue presenciada por un guardia de seguridad, quien intervino en defensa de la víctima y forcejeó con Duarte Galeano, logrando que se retirara del lugar.
Esa misma noche, una de las hijas de la víctima, fue informada por una vecina que, a través del circuito cerrado de su vivienda, había visto a su madre siendo agredida. Finalmente, el 1 de abril, la joven y su madre presentaron la denuncia a la comisaría jurisdiccional. Posteriormente, agentes policiales detuvieron al presunto agresor en la vía pública del barrio María Auxiliadora de Presidente Franco.
Dejanos tu comentario
Mafia de los pagarés: admiten imputación contra jueza de Paz Nathalia Garcete
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú admitió la imputación por prevaricato contra la jueza de Paz Nathalia Garcete y convocó para el martes 29 de abril, para su audiencia de imposición de medidas. La magistrada fue procesad en el marco de la investigación del caso conocido como la mafia de los pagarés.
En el presente caso se tiene 61 personas imputadas entre jueces, actuarios judiciales, ujieres, oficial de justicia y abogados de firmas de cobranzas quienes deberán comparecer para las audiencias de imposiciones de medidas cautelares.
Te puede interesar: En asalto domiciliario roban mercaderías de una furgoneta
Otros imputados
Los imputados son los actuarios judiciales del juzgado de Paz de la Encarnación, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Ricardo Ramón Cuevas. También están imputados los ujieres Audrey Jazmín Galeano Mora cuyo padre es el abogado Rubén Galeano, extitular del Colegio de Abogados, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, y Arturo Javier Ayala Franco.
Así también enfrentan proceso penal las juezas suspendidas en sus funciones Analía Cibils, Víctor Nilo Rodríguez y otros.
Asimismo, la nómina de los imputados son: Alfredo René Benítez Cabrera, Jorge René Montiel, Ángel Aníbal Cino Isnardi, José Manuel Fuster Castellano, Lourdes Roció Aranda Benítez, Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana y Melissa Analía Talavera Bogado y otros.
Dejanos tu comentario
Imputan a cinco funcionarios penitenciarios por supuesta liberación de presos
- Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Alcides Giménez Zorrilla imputó a cinco funcionarios penitenciarios por haber supuestamente facilitado la liberación de ocho personas privadas de libertad. Son PPL de alta peligrosidad que estaban en el pabellón de máxima seguridad del Centro Penitenciario de Minga Guazú. El fiscal solicitó la prisión preventiva de todos ellos.
Están procesados Pedro Arnaldo López Martínez (31), Benicio de Jesús Romero Aguilar (28), Ariel Gustavo Mareco Benítez (23), José Carlos Alfonso Torres (23) y Jonathan Nicolás Barúa Chamorro (23). Los cargos son frustración de la persecución y ejecución penal, así como por liberación de presos, previstos y penados por los artículos 292 y 294 del Código Penal, según el escrito fiscal.
Giménez Zorrilla indicó que los hechos quedaron registrados en las cámaras de CCTV del recinto penal, que son controlados desde una central de monitoreo, donde se encontraba el funcionario Nicolás Barúa Chamorro.
En dichas imágenes se pudo observar a los agentes Romero Aguilar, Mareco Benítez, Alfonso Torres y López Martínez, haciendo el traslado de los reclusos Juan Insfrán, Wilson Rotela y Miguel Insfrán hasta el sitio denominado “espacio de soleo” del pabellón especial.
En el trayecto, al momento de ingresar, Wilson Rotela y al cerrar la puerta de hierro con la cadena de seguridad utilizado como candado, se habría dejado la llave de seguridad puesta, lo que permitió que la puerta se abriera sin dificultad, según la sustentación del procesamiento.
Luego, el agente Pedro López Martínez se retiró sin tomar precauciones para dirigirse al sanitario; en ese momento, Wilson Rotela abrió la puerta de la celda y salió. Acto seguido, procedió a abrir las puertas de las demás celdas colindantes, un total de ocho. Todo esto, según lo expuesto por la fiscalía.
Una vez fuera de los espacios de soleo, los reos Blas Pablo Melgarejo Benítez (alias Chopalé), Wilson Darío Rotela, Marcio Quadra Caetano, Derlis Ramón Giménez, Fredy González Delvalle, Fernando Aquino, Anderson Queiróz y Juan Insfrán, subieron al techo de rejas de hierro, tipo tejido.
Siempre de acuerdo al escrito fiscal, del citado techo treparon la muralla, donde fue dejado un grillete con la cadena cortada y la llave puesta, que fue incautado posteriormente por el personal policial.
El grupo descendió por un ducto de agua mediante una cañería, arrastrándose por debajo del tejido de alambre perimetral, conocido como “tierra de nadie”. Finalmente, subieron a la garita y se tiraron al exterior del Centro Penitenciario, mediante el uso de sábanas, concretándose la fuga.
Personal de monitoreo
En cuanto a la conducta del personal Nicolás Barúa Chamorro, quien cumplía funciones en el centro de monitoreo de las cámaras de seguridad, durante el horario de la fuga, según el fiscal Giménez, habría omitido observar las cámaras y no alertó a las autoridades, lo que indica su activa contribución en la fuga de los criminales.
El agente fiscal refirió que el sistema de monitoreo tiene censores de movimiento por cuya razón no se explica cómo no pudo ver que algo estaba pasando. Dentro del proceso de investigación, Giménez Zorrilla, realizó la incautación de los celulares de los sospechosos, los cuales fueron individualizados en el acta de procedimiento.
Recaptura
Uno de los fugados fue recapturado en la madrugada de ayer jueves. Se trata de Fredy González Delvalle, quien cumplía una condena de 40 años de prisión por su participación en una masacre ocurrida el penal de San Pedro, cuando miembros de la facción criminal Primer Comando Capital (PCC), asesinaron a diez reclusos.
El fiscal Alcides Giménez solicitó un plazo de cuatro meses para la presentación del requerimiento conclusivo. Los imputados permanecen provisoriamente en la Dirección de Policía de Alto Paraná, a cargo del magistrado Carlos Vera Ruiz, del Juzgado de Garantías 3.
Puede interesarle: Investigan supuesto abuso sexual de niña autista de 12 años