El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú admitió la imputación por cohecho pasivo y tráfico de influencias contra la defensora pública de San Pedro, Yrene Catherine Peña, y a su vez el magistrado fijó para el 28 de junio a las 10:30 la imposición de medidas cautelares en que se definirá si la defensora pública estará privada de libertad en la cárcel de mujeres del Buen Pastor o será beneficiada con medidas alternativas a la prisión.

El fiscal del caso Luis Said solicitó la prisión preventiva de la funcionaria del Ministerio de la Defensa Pública por considerar grave el hecho registrado.

Said describe en su acta de imputación que la funcionaria solicitó dinero a su defendido Rodrigo Suárez, para que, en un proceso penal por sustracción de energía eléctrica, pueda ser beneficiado con una salida alternativa. El dinero tenía que ser para el magistrado del caso y la agente fiscal del proceso.

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Asimismo, se menciona en el documento fiscal que se tenía que abonar igualmente al abogado de la Ande, pero todo dio un giro cuando el presente caso se elevó a un juicio oral y público. Sin embargo, la imputada había insistido en solicitar el dinero, pero ahora ya para los integrantes del Tribunal de Sentencia.

La investigación está relacionada con la existencia de hechos punibles de acción penal pública, en la que se ha reunido información de que hay sospecha fundada de la supuesta participación responsable de la imputada en carácter de autora, en su comisión, señala la imputación del fiscal Luis Said.

Del mismo modo, el Ministerio de la Defensa Pública instruyó un sumario administrativo para deslindar la responsabilidad del presente caso.

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