El Ministerio Público de J. Augusto Saldívar se encuentra investigando un posible caso de abuso sexual en niños en el que la víctima es una niña de 12 años de edad, quien fue obligada a subir a una camioneta presumiblemente de la marca Toyota tipo Hilux de color blanco.
El fiscal del caso, Augusto Ledesma, señaló que “estamos investigando un hecho de abuso sexual en niños, en fecha 20 de abril, cuando una niña fue a dejar a su hermanita en la escuela y al volver a su casa fue interceptada por una persona en una camioneta, quien la increpa y obliga a subir con él en el vehículo” manifestó.
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Igualmente sostiene el fiscal que “la niña le contestó que no se subiría, pero el hombre desenfundó un arma de fuego y la obligó a subir bajo amenaza”. También sostuvo que “recorrieron tres cuadras, aproximadamente, cuando dentro de la camioneta la persona que estaba al mando del rodado comienza a manosearla a besarla y a tocar su cuerpito. En un momento dado, la niña quiso zafarse, pero el hombre la agarró fuertemente y en ese momento se inició un forcejeo, tras lo cual el supuesto autor del hecho le ofreció a la niña joyas, teléfonos celulares y otras cosas”, manifestó el agente fiscal.
El representante del Ministerio Público sostuvo que al momento de intentar tocar el cuerpo de una niña ya se configura el caso como abuso sexual, debido a que una menor de 12 años, por ejemplo, no puede decidir nada aún.
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Fiscalía paraguaya investigará espionaje informático de Brasil
El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, tomó la decisión de abrir una investigación penal ante el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del Gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú. El espionaje informático se habría iniciado en la gestión de Jair Bolsonaro y ejecutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.
Para el efecto, fue asignada como responsable la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano. Según publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
En la resolución n.° 27 el Ministerio Público refiere que la citada agencia “habría tratado de ingresar o habría ingresado a dispositivos electrónicos ajenos del presidente de la República del Paraguay, así como de senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático, de la Administración Nacional de Electricidad, entre otros”.
El espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones que fueron proveídas por el gobierno de Lula da Silva mediante un comunicado. El dirigente político del Partido de los Trabajadores responsabilizó exclusivamente de la acción ilegal a Bolsonaro.
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La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal, realizadas en noviembre del año pasado, y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utilizado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.
Por su parte, el gobierno del presidente Santiago Peña tomó la decisión de requerir explicaciones detalladas al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes.
A su vez, decidió suspender de manera indefinida el proceso de renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú. Mientras que desde el Congreso Nacional se anunció la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para dar seguimiento a la denuncia de espionaje.
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Farsa de Abdo: sus aliados frenan desafuero que él pidió
Hace un año, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, requiere que el Senado despoje de sus fueros al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, con la finalidad de que enfrente a la justicia en el caso de filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El pedido fue remitido por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera el 14 de marzo del 2024 tras la admisión de la imputación fiscal por la revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Desde entonces, los aliados de Abdo Benítez impidieron que sea sometido a la justicia mediante diversas maniobras en el Legislativo. El pasado 12 de marzo, con bombos y platillos, el expresidente anunció mediante sus redes sociales oficiales que solicitaría su desafuero como senador vitalicio, al tiempo de arremeter contra el Ministerio Público y calificarla como una institución “sometida a un grupo de poder”.
Este anuncio al parecer fue parte de un show montado por Abdo Benítez y su entorno, ya que el requerimiento del órgano extrapoder continua pendiente de estudio en el pleno a raíz de las trabas impulsadas por los abdistas y aliados opositores que obstruyen la labor de la justicia.
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La artimaña dilatoria en busca de impunidad quedó totalmente evidenciada luego de su incomparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, instancia que por solicitud de sus leales, los legisladores Lilian Samaniego y Rafael Filizzola, optó por convocarlo el día de ayer, martes 1 de abril, para dar su versión de los hechos que se le atribuyen.
Sin embargo, terminaron acudiendo solo sus abogados Enrique Kronawetter y César Trapani, pese a que con anterioridad Mario Abdo había expresado su predisposición de aclarar su situación, colocando incluso su “cabeza a disposición”.
En medio de un show mediático, también había solicitado el cese de una supuesta persecución contra sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, con la intención de evitar que perciban la orfandad política de parte de su líder.
En la ocasión, los abogados no lograron refutar las pruebas en contra ni presentar argumentos sólidos que demuestren la inocencia de Marito y derriben las acusaciones de que en su gobierno se montó un esquema de persecución política y terrorismo de Estado contra sus adversarios.
No obstante, el bloque asesor por mayoría de sus miembros terminó aconsejando dar vía libre al desafuero del colorado disidente. La bancada del movimiento Honor Colorado acompaña el pedido de desafuero realizado por el propio Abdo Benítez y la Fiscalía.
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Condenan a Mbururu por abuso sexual en niños
Tras un juicio oral y público, un tribunal de sentencia condenó a 15 años de cárcel a Rafael “Mbururu” Esquivel luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños, cuya víctima fue una niña de 12 años de edad. La fiscala del caso fue Vivian Coronel.
El colegiado sostuvo que se pudo probar la responsabilidad del acusado en el grave hecho sucedido. Agregaron que la cámara Gesell resultó de vital importancia para poder llegar a la verdad.
La Fiscalía había solicitado 15 años de prisión para Esquivel debido a la gravedad de los hechos por los que fue acusado. El Ministerio Público durante el juicio presentó un cúmulo de pruebas para demostrar la culpabilidad de Mbururu y el Tribunal de Sentencia no tuvo objeciones por lo que se dictó la pena requerida.
Ahora, la defensa del condenado tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación de Alto Paraná el que deba decidir si confirma la sentencia condenatoria.
ANTECEDENTES
El proceso es por el supuesto hecho de abuso sexual en niños, en carácter de autor. En la misma causa, la madre de la víctima también fue acusada, en calidad de cómplice.
El antecedente indica que el hecho habría ocurrido entre junio y julio de 2019, en el interior del motel Samoa del barrio San Miguel de Ciudad del Este, hasta donde fue llevada la víctima por el presunto agresor, con el consentimiento de la madre.
Supuestamente, la propia madre habría ordenado a su hija para acompañar a Rafael Esquivel hasta el referido lugar, donde se produjo la agresión sexual, pero el hecho se conoció recién el 7 de marzo de 2023 cuando la Defensoría Pública de la Niñez y Adolescencia informó a la Fiscalía sobre un supuesto caso de proxenetismo, del cual había resultado víctima la menor y siendo supuesta responsable su propia madre.
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Mafia de los pagarés: imputan a jueces, actuarios, ujieres y abogados de firmas de cobranzas
Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, en el marco de la investigación conocida como la mafia de los pagarés, presentaron imputación contra 63 personas, entre ellas los directos presuntos responsables del esquema que son jueces, actuarios judiciales, ujieres notificadores y abogados de las firmas de cobranzas.
Los delitos que habrían cometido los hoy imputados son prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Ahora un juzgado penal de Garantía deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Entre los imputados se encuentran los jueces de paz, Analía Cibils, Nathalia Garcete hoy día suspendida en sus funciones, Víctor Rodríguez también suspendido en sus funciones y la exjueza Liliana González de Bristot, quien acorralada por los graves hechos decidió renunciar al cargo.
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Igualmente, la lista de imputados sigue con los actuarios judiciales del juzgado de Paz de la Encarnación, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Ricardo Ramón Cuevas. También están imputados los ujieres Audrey Jazmín Galeano Mora cuyo padre es el abogado Rubén Galeano, extitular del Colegio de Abogados, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, y Arturo Javier Ayala Franco.
Asimismo, la nómina de los imputados por los graves hechos que ocasionaron un perjuicio a la clase más humilde son: Alfredo René Benítez Cabrera, Jorge René Montiel, Ángel Aníbal Cino Isnardi, José Manuel Fuster Castellano, Lourdes Roció Aranda Benítez, Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana y Melissa Analía Talavera Bogado y otros.
También fueron imputadas 19 personas entre ujieres, oficial de Justicia y otros pertenecientes al juzgado de Paz de San Roque e igualmente se tiene 12 imputados que son funcionarios del juzgado de Paz de la Recoleta, totalizando así 63personas imputadas en el caso.
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