La agente fiscal Fátima Girala se constituyó en el Ministerio de Justicia a fin de ingresar al sistema informático penitenciario, llamado SIPP en el marco de la investigación por la liberación del condenado Luis Héctor Morínigo Cantero, quien fue sentenciado hasta el 2040 por delitos relacionados a violación.
La fiscal contó con el acompañamiento de un perito del Ministerio Público a fin de corroborar cuáles son las condenas que se encuentran cargadas en el sistema. “Nos informó la directora de Informática que el sistema central está establecido allí, en red con todas las penitenciarías del país; cada cárcel se encarga de hacer la carga de acuerdo a las notificaciones de las condenas que van llegando. Vamos a proceder a hacer las verificaciones y también ver cuándo fue la carga y si hubo algún tipo de modificación respecto a Morínigo Cantero”, explicó la fiscal Girala.
“Cada cárcel se encarga de hacer la carga de acuerdo a las notificaciones de las condenas que van llegando, esto es así desde el año 2019, ya que en el 2018 se hizo una carga masiva con funcionarios del Ministerio de Justicia” señaló.
Refieren los antecedentes del caso que Morínigo Cantero fue condenado hasta el 2040 y debía permanecer 30 años en Tacumbú. Sin embargo, fue liberado y expulsado del país en abril, de acuerdo a las informaciones proveídas desde la Dirección Nacional de Migraciones. El mismo fue condenado por una serie de violaciones a mujeres ocurridas en la ciudad de Itá.
Hasta el momento no se tiene imputación, pero todos los indicios apuntan que el extranjero tuvo la complicidad de guardiacárceles y tampoco se descarta que sea imputado el ministro de Justicia Alberto Daniel Benítez.
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Violador serial ya suma tres condenas, esta vez son 12 años más de prisión
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Antolín Vega Florentín, violador serial, recibió su tercera condena y son otros 12 años de prisión, por coacción sexual, violación y robo agravado. El fiscal Osvaldo Zaracho defendió la acusación en el juicio oral que culminó ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este.
El Tribunal de Sentencia, presidido por Flavia Lorena Recalde e integrado por Emilia Santos y Milciades Ovelar, dictó otros cuatro años como medida de seguridad, además del fallo de 12 años. La fiscalía había solicitado 20 años de condena y 5 años de seguridad. Las dos condenas anteriores fueron de 10 y 20 años, por otras causas.
La causa juzgada tiene que ver con el modo de operación del violador citado. Utilizaba un perfil falso en redes sociales para captar a mujeres con interés de trabajar y luego someterlas. Antolín se hacía pasar por una mujer que supuestamente ofrecía trabajo a las jóvenes.
De esa manera, engañaba a las víctimas y una vez que concertaban los encuentros, llegaba al sitio en moto para luego trasladarlas supuestamente al lugar de trabajo. Pero, desviaba el camino para robar y violar a sus víctimas.
En esta ocasión, otra vez utilizando un perfil falso en Facebook, Vega Florentín se puso en contacto con su nueva víctima haciéndose pasar por “Luana” y buscando contratar supuestamente a tres mozos para un evento social. Como la afectada buscaba trabajo, decidió acordar un encuentro con esta persona, sin saber lo que le esperaba.
Luego, el 24 de septiembre de 2022, aproximadamente a las 19:10, Antolín acudió al lugar pactado para el encuentro, en la terminal interurbana de Ciudad del Este, a bordo de una motocicleta marca Kenton, tipo enduro, color negro, con chapa 420 CBO.
Un sometimiento terrible
Al llegar al sitio acordado, Antolín le dijo a la joven que venía de parte de “Luana” y le pidió que subiera a su motocicleta, para trasladarla supuestamente al lugar del evento. En el trayecto, Vega ingresó a la Fracción Carmelita del Este, del km 9 ½ Acaray, a 800 metros de la Ruta PY02. Allí detuvo la moto frente a un patio baldío, debajo de un árbol de mango.
Luego, sujetó a su víctima desde atrás con un cuchillo grande, utilizado para pesca, y le advirtió que se mantuviera en silencio y no hiciera nada, despojándola de su teléfono celular. Acto seguido la golpeó con el mango del cuchillo, le cortó la ropa interior, la pateó en la pierna izquierda y la tiró al suelo, obligándola a arrodillarse.
La presionó varias veces su espalda con el pie mientras le decía: “Una mujer como vos nunca le va a hacer caso a alguien como yo”, y “una mujer con tu cutis no va a hacer caso a gente como yo, pero cuando están en el suelo ya no son nada especial”. Le advirtió que no hiciera ningún ruido, porque si no, le cortaría la lengua con el arma que sostenía.
La sometió sexualmente a la joven y después le dijo que contaría hasta diez para que desapareciera del lugar, amenazándola con matarla si volvía a encontrarla. Ante esta situación, la víctima salió corriendo, pidió auxilio a un vecino antes de radicar su denuncia en la sede policial.
Posteriormente, en el marco de otros hechos similares, Antolín Vega Florentín fue detenido y juzgado en dos juicios orales previos, que resultaron en condenas de 10 y 20 años de prisión. Ahora recibió su tercera condena.
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Internos de alta peligrosidad son trasladados a penal de máxima seguridad
El Ministerio de Justicia informó en la mañana de este martes que varios operativos se desarrollan en penitenciarías del país para el traslado de personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad. Las mismas son llevadas al penal de máxima seguridad de Minga Guazú.
Los trasladados se dan de las penitenciarías de Ciudad de Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero. Así lo confirmó el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, quien señaló que un total de trece personas son llevadas a la penitenciaría ubicada en Alto Paraná.
“Estos perfiles son altos perfiles, considerados de alta peligrosidad pertenecientes a organizaciones criminales internacionales, entonces con base en la inteligencia recabada se tomó la decisión a nivel superior de realizar el traslado”, explicó el secretario de Estado en conversación con el programa “Arriba hoy” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
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En la misma tesitura, mencionó que el operativo se dio de manera exitosa y sin incidentes. Destacó que este tipo de trabajos requiere de una importante planificación y por sobre todo la colaboración de fuerzas del orden como la Policía Nacional y el Ejército que son los que acompañan el traslado desde la extracción de las personas privadas de libertad de sus celdas originales hasta que sean ubicadas en sus nuevos módulos.
Respecto a la reacción de los demás reos ante estos cambios, teniendo en cuenta que muchos de los trasladados son líderes o cabezas de grupos internos de las penitenciarias, Nicora manifestó que en muchas ocasiones se quieren dar disturbios y los mismos también son contenidos y disipados con ayuda del equipo interdisciplinario que trabaja en el traslado.
Respecto a la ocupación del penal de máxima seguridad de Minga Guazú, el secretario de Estado señaló que hasta el momento se encuentra en un 72 %, contando aún con espacio en especial en los módulos de alta seguridad, los cuales cumplen a su vez con indicaciones y características diferentes al resto de la estructura edilicia.
“Minga Guazú tiene un nivel de equipamiento importante y una infraestructura también acorde a lo que buscamos y denominamos como nueva gestión penitenciaria que nos permite justamente separar y clasificar los perfiles de las personas privadas de libertad, y tenemos nuestros módulos de alta peligrosidad”, explicó el titular de la cartera de Justicia.
Trasladados
La lista de las personas privadas de su libertad que fueron trasladas desde los diferentes centros penitenciarios está compuesta por Óscar Quiñónez Insfrán, Sergio Darío Arzamendia González, Richard Dario Benítez Pereira, Alberto Rafael Aquino Sanabria y Fernando José Aquino Salinas, todos de la penitenciaría de Ciudad del Este.
Desde la penitenciaria de Encarnación fueron trasladados Jesús Ariel Romero Bolivar, Ariel Benítez, Edelberto Ramón González Lena y Andrés Núñez Silva, mientras que desde el penal de Pedro Juan fueron trasladados Mauricio Gayoso, Denis Daniel Olmedo Lomardi y Marco Antonio Flores Esquivel.
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Exagentes penitenciarios siguen en huelga de hambre para exigir recontratación
Este lunes, un grupo de exagentes penitenciarios sigue apostado frente a la sede del Ministerio de Justicia en Asunción y suma siete días de huelga de hambre. Los trabajadores de distintos centros de reclusión exigen ser recontratados, alegan que tienen antigüedad y afirman que fueron despedidos injustificadamente.
Se trata de unas cinco personas que están apostados frente al edificio de la cartera estatal e iniciaron una huelga de hambre el pasado 4 de noviembre, para exigir el cumplimiento de la promesa hecha por las autoridades. Desde hace tres meses, estos trabajadores esperan ser contratados nuevamente, algunos incluso se encadenaron como medida de fuerza.
“Cada 15 días estábamos viniendo con la promesa de que nos volverían a contratarnos, pero hasta la fecha no cumplieron con nosotros. Sin embargo, siguen contratando personal que no tiene experiencia”, manifestó Víctor Colmán, exfuncionario penitenciario, en entrevista con C9N.
Explicó que incluso participaron de un curso de capacitación, en el que sumaron puntajes a su experiencia y que es injusto que personal que no tiene la misma preparación sea contratado. “Nosotros queremos volver a trabajar, que nos devuelvan nuestros trabajos como prometieron”, aseguró Colmán.
Por su parte, Rodrigo Domínguez, que prestaba servicio en el penal de Coronel Oviedo, resaltó que desde hace siete días están haciendo huelga de hambre. “No despidieron injustificadamente, hubo un concurso y no dejaron de lado. Supuestamente no alcanzamos puntaje, yo tengo cuatro años de antigüedad y no puede que otros sin experiencia entren”, refirió.
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No hay vuelta atrás en el nuevo modelo de gestión penitenciaria, afirma Nicora
Durante el lanzamiento del programa de reinserción, “Libre tras las rejas”, el cual es llevado adelante en conjunto con la asociación Vuelve a Soñar, que nuclea a las iglesias cristianas, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, reafirmó su compromiso con el cambio del modelo sistema penitenciario apuntando a la reinserción y el control de los reclusos de alto perfil.
“Desde el operativo Veneratio, que se realizó el 18 de diciembre de 2023, nunca más retrocedimos en lo que concebimos como nuevo modelo de gestión penitenciaria”, expresó Nicora, quien hizo énfasis en la necesidad de otorgar oportunidades a las personas privadas de libertad de modo a lograr su reinserción a la sociedad y así evitar que cometan nuevos actos delictivos.
Asimismo, aclaró que si bien el objetivo principal es la reinserción, también está contemplado ser “firmes y duros” con aquellas personas que no quieren “reencausar” sus vidas. Para estos casos, están destinados los penales de máxima seguridad que fueron habilitados durante este periodo, donde guardan reclusión miembros del crimen organizado y otros reclusos con alto perfil de peligrosidad.
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“Ese fue un mensaje muy fuerte al interior de la población penitenciaria. Hoy día aquellas personas que están en el crimen organizado saben que nosotros no vamos a claudicar y seremos firmes a la hora de disponer la reclusión en estos lugares si es que siguen buscando hacer lo que hicieron durante décadas, afectando a la seguridad ciudadana”, manifestó.
El titular de cartera señaló que lo que buscan es un nuevo modelo organizado, transparente, que asegure el bienestar de las personas privadas de libertad. “El viejo modelo está perimido, está comprobado que no trajo resultado positivo alguno en las últimas cuatro décadas”, refirió y añadió que se están reforzando los programas de reinserción, mediante los cuales se brinda trabajo y capacitación y de la que forman parte al menos 10 empresas del sector privado.
Cabe señalar que el programa “Libre tras las rejas” tiene como misión ofrecer una transformación a personas privadas de libertad, a través de iniciativas que incluyen atención médica, actividades recreativas, apoyo espiritual y donaciones. No solo se enfoque en la entrega de alimentos, sino también transmitir un mensaje de esperanza y transformación”, según explicaron durante el lanzamiento.
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