El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, tomó la decisión de abrir una investigación penal ante el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del Gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú. El espionaje informático se habría iniciado en la ges­tión de Jair Bolsonaro y eje­cutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.

Para el efecto, fue asignada como responsable la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano. Según publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue eje­cutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin).

En la resolución n.° 27 el Ministerio Público refiere que la citada agencia “habría tratado de ingresar o habría ingresado a dispositivos electrónicos ajenos del presidente de la República del Paraguay, así como de senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático, de la Administración Nacional de Electricidad, entre otros”.

El espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones que fueron proveídas por el gobierno de Lula da Silva mediante un comunicado. El dirigente político del Partido de los Trabajadores responsabilizó exclusivamente de la acción ilegal a Bolsonaro.

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La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal, realizadas en noviembre del año pasado, y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

Por su parte, el gobierno del presidente Santiago Peña tomó la decisión de requerir explicaciones detalladas al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes.

A su vez, decidió suspender de manera indefinida el proceso de renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú. Mientras que desde el Congreso Nacional se anunció la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para dar seguimiento a la denuncia de espionaje.

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El senador Natalicio Chase fue designado este jueves por su colega como presidente de la Comisión Unicameral del Senado sobre Itaipú. Esta comisión fue instalada oficialmente por el titular de la Cámara Alta, el senador Basilio Núñez, en una sesión extraordinaria en que también se designó al senador Dionisio Amarilla como vicepresidente, así como a las senadoras Lizarella Valiente y Noelia Cabrera como relatoras.

Los legisladores aprobaron que esta comisión se reúna los lunes a las 14:00, de forma presencial, en la sala de reuniones de la Presidencia del Senado. Inicialmente, debía ser una Comisión Especial Bicameral que fue creada el año pasado y desde entonces no se logró instalar para la elección de las autoridades debido a la falta de acuerdo entre senadores y diputados, por lo que, se procedió a conformar una comisión unicameral.

De acuerdo a la ley 6401/2019, la Comisión Bicameral debía estar conformada por ocho representantes titulares y ocho suplentes de la Honorable Cámara de Senadores, y en igual cantidad de representantes de la Honorable Cámara de Diputados. Además, debería estar integrada por tres representantes titulares y tres suplentes del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

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La designación de los miembros para la bicameral se realizó en setiembre de 2024. Por el Senado se designó a los representantes titulares Arnaldo Samaniego, Javier Zacarías, Natalicio Chase, Hernán Rivas, Óscar Salomón, Colym Soroka, Dionisio Amarilla y Celeste Amarilla, así como a las senadoras Lourdes Cabrera y Yolanda Paredes en representación del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

La Cámara de Diputados designó en octubre pasado como miembros titulares a los diputados Christian Brunaga, Avelino Dávalos, Mauricio Espínola, Hugo Meza, Carlos Pereira, Rocío Abed, Jorge Ávalos Mariño y Raúl Benítez. Mientras que los parlasurianos designados son Rodrigo Gamarra, Virina Villa­nueva y Pastor Vera Bejarano, ya para los integrantes suplentes fueron designados Miguel del Puerto, Betina Aguilera, Esteban Samaniego, Luis Federico Franco y Walter García.

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Luego de que el Brasil haya confirmado que hubo acciones de inteligencia contra Paraguay entre el 2022 y 2023, una de las medidas asumidas por el Gobierno paraguayo fue la suspensión de la renegociación del Anexo C de la Itaipú Binacional. El Gobierno está a la espera de las explicaciones del vecino país y los informes respecto a qué datos se accedió en dicho período.

“Esperamos que podamos retomar la conversación en la brevedad, tenemos que restituir la confianza para poder sentarnos a la mesa. Se confirmaron acciones de inteligencia, pero no sabemos todavía el alcance de esas actuaciones”, expresó Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio.

El titular de cartera de Industria manifestó que aguardan los reportes del Brasil en cuanto a este espionaje que se extendió por alrededor de 9 meses. El vecino país deberá informar mediante qué canales se dio este espionaje, a qué autoridades instituciones, por cuánto tiempo y con qué fin, dado que entre Paraguay y Brasil existe una amplia agenda bilateral y muchos intereses compartidos, entre ellos Itaipú Binacional.

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“Lo que corresponde es lo que estamos haciendo ahora, pedir explicaciones al gobierno de Brasil con detalles de qué ocurrió en este período porque es un tema muy grave, viola los principios internacionales. Queremos saber el cómo y de qué forma se realizaron, si fueron escuchas telefónicas contra las autoridades del gobierno de Paraguay en ese entonces, si se intercedieron correos, fueron escuchas en oficinas de gobierno, seguían a funcionarios físicamente, qué pasó en esos 9 meses”, mencionó a la 1020 AM.

El espionaje de Brasil se habría iniciado en junio del 2022, es decir, aún bajo la presidencia de Jair Bolsonaro y se extendió hasta marzo del 2023, cuando el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó la suspensión de estas acciones. Hay que mencionar que el gobierno de Mario Abdo no dejó ningún tipo de información o alerta sobre esta acción por parte del vecino país.

“Por suerte la tarifa de Itaipú ya fue convenida con el Brasil por los próximos 3 años, eso está firme. A pesar de que tardamos unos meses más de lo previsto, lo hicimos en aquel momento pensando en el mediano plazo, esa fue la posición paraguaya, para no tener ningún tipo de desgaste por la negociación del Anexo C y acertamos en ese sentido, porque le dimos previsibilidad a un tema que es siempre espinoso”, resaltó Giménez.

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Tras la confirmación de que hubo una acción de inteligencia de parte del Brasil contra el Paraguay, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) indicó que encabezará verificaciones del periodo entre junio de 2022 y marzo de 2023, en que se habría efectuado el espionaje informático, para determinar si el gobierno de Mario Abdo ignoró posibles alertas sobre el hecho.

“En este caso lo que vamos a hacer es una verificación documental en ese periodo de tiempo para identificar si pudo haber existido algún tipo de información que haya generado alguna alerta o alarma, a priori, ellos no tuvieron ningún evento identificado, entonces vamos a validar eso con la documentación y si eso ocurrió, vamos a plasmar con información que pueda entregar el gobierno de Brasil”, explicó el ministro Gustavo Villate.

En contacto con “Arriba hoy”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el titular del Mitic indicó que el anterior ministro de esta cartera, Fernando Saguier, ya adelantó a través de medios de prensa que su administración no detectó señales del espionaje del Brasil, no obstante, será revisada toda la información, especialmente entre el 2022 y 2023 para confirmar esta versión.

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Por otro lado, Villate señaló que la prensa brasileña hace alusión de que el espionaje podría estar relacionado con la tarifa de Itaipú y hay que recordar que, durante el gobierno de Mario Abdo, la tarifa energética se redujo considerablemente, afectando los intereses nacionales y beneficiando al Brasil.

No obstante, aún se debe corroborar si el espionaje tuvo lugar antes o después del acuerdo en torno a la tarifa. “Entiendo que fue en el 2022, o sea fue anterior a la fecha que hace alusión el comunicado, pero debemos que mirar las documentaciones y validar la información que tenemos y lo que pudiéramos recibir”, comentó a Nación Media.

El ministro fue enfático en que, si bien el gobierno de Lula da Silva atribuye el suceso a la administración de Jair Bolsonaro, este hecho no puede quedar inconcluso. “No pueden usarnos a nosotros como parte esa guerra interna”, aseveró y añadió que están a la espera del arribo del embajador paraguayo en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, a quien solicitaron información respecto a este hecho.

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