Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Gabriel Segovia Villasanti, titular de la Unidad Penal N.º 6, imputó a un agente policial que entregó su arma reglamentaria a otro camarada para ayudarlo, porque estaba siendo procesado por un hecho de homicidio y un arma distinta pasaría la prueba de toda la pericia. En plena persecución, un policía realizó disparos y esas balas habrían matado a un hombre que se encontraba frente a un negocio.
Se trata de Édgar Andrés Escobar Samudio, suboficial inspector, quien quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías. Es en el marco de una investigación por los supuestos hechos punibles de transgresión de la Ley de Armas y frustración de la persecución y ejecución penal.
Según el escrito fiscal, el encausado entregó presumiblemente una pistola 9 mm, con serie N.º 10019/2021 a su camarada Ariel Sanabria, quien está procesado por un hecho de homicidio doloso. Luego, este último proporcionó el arma al Ministerio Público para la realización de una pericia balística, a sabiendas de que el arma no fue la utilizada para la ejecución del crimen.
Se trata de una causa por el supuesto hecho punible contra la vida (homicidio doloso). El homicidio ocurrió el 4 de agosto de 2021, a las 14:40, durante una persecución policial a un automovilista de nombre Noor Mohamad Salan Cardozo.
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En esa ocasión, Ariel Sanabria habría realizado disparos de arma de fuego, impactando uno de los proyectiles en Osvaldo Barrios, quien en ese momento estaba sentado frente al local denominado Amortiguadores Paraná, de Ciudad del Este, esperando la reparación de su automóvil. La víctima fue auxiliada por su esposa, quien lo llevó hasta un hospital, pero luego se confirmó su fallecimiento.
Con el cambio de pistola, el supuesto homicida impidió que sea procesado por un hecho antijurídico. Por lo tanto, tras reunir los elementos de sospecha, el representante del Ministerio Público abrió el proceso penal en contra del suboficial Édgar Andrés Escobar y solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva. El fiscal Segovia Villasanti requirió tres meses de plazo al Juzgado de Garantías para el requerimiento conclusivo.