En el marco del Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes del Paraguay en memoria de la niña Felicita Estigarribia, recordada como “la vendedora de mandarinas”, desde el 2015 la Justicia se muestra preocupada por la gran cantidad de procesos penales relacionados al hecho punible de abuso sexual en niños.
Por su parte, el juez penal de Garantía de la capital Rolando Duarte sostuvo que “en mi juzgado tenemos trece casos activos sobre abuso sexual en niños, lo cual es una cifra que va aumentado en los últimos tiempos”, indicó.
Agregó que “para nosotros es preocupante el aumento de los procesos de abuso sexual porque para la legislación es un caso considerado grave, incluso se ha incrementado el marco penal en el 2017 aumentando los años de cárcel y de igual manera siguen ingresando imputaciones por abuso sexual en niños”, refirió el magistrado Duarte.
Añadió que “la expectativa de pena del proceso penal de abuso sexual en niños es de 4 años de cárcel como la pena mínima, mientras que el máximo de dicho delito es de 15 años de privación de libertad. También nuestro ordenamiento jurídico establece claramente los casos graves de abuso y en ese sentido el marco penal aumenta a 20 años la pena”, explicó el citado magistrado.
En la mayoría de los casos de abuso sexual en niños los autores del grave hecho son familiares de las víctimas, por lo que muchas veces no se pueden dar o publicar los nombres de los imputados.
De acuerdo a la Dirección de Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia durante el año 2022 ingresaron al sistema judicial un total de 772 procesos penales por abuso sexual en niños. Mientras que en el mismo año se registraron un total de 226 condenas por el mismo hecho punible. Un total de 546 casos siguen activos y en plena etapa investigativa.
Dejanos tu comentario
Logran primera condena por proxenetismo y abuso sexual contra niño en situación de calle
La fiscal María Isabel Arnold sostuvo la acusación en el juicio oral por proxenetismo y abuso sexual en niños, obteniendo una alta condena contra tres de los acusados y sentando así un precedente sumamente importante para la justicia paraguaya en casos relacionados con el abuso sexual y explotación contra niños en situación de calle, afectando gravemente la vulnerabilidad de la víctima.
En este caso fueron condenados: Jorge Manuel Simberli por el hecho punible de abuso sexual en niños, a 22 años de pena privativa de libertad, y la señora Ninfa Ramona Servín Valdez por los hechos punibles de abuso sexual en niños y el hecho punible de proxenetismo, a 13 años de pena privativa de libertad.
Por la violación del deber de cuidado o educación, la madre del niño C. A. S. V. fue condenada a 3 años de pena privativa de libertad, según el marco normativo vigente, atendiendo a que sabía de que su hijo se encontraba en situación de riesgo, pero no hizo nada para denunciar, ni para protegerlo.
Podés Leer: Buscan concientizar a la población con la prevención y detección de la EPOC
Según el informe fiscal, la víctima es un niño de 12 años, que vendía golosinas en la calle, quien manifestó que la ahora condenada Ninfa Servín abusaba sexualmente de él, al tomarle imágenes de contenido pornográfico, y que, además, ofrecía al menor a los choferes de larga distancia para mantener relaciones sexuales. Tanto Ninfa como el menor de edad eran ofrecidos, entre otros hechos registrados.
La fiscalía tomó conocimiento de esta situación de vulnerabilidad, y en el momento de la intervención se constató que realmente el niño estaba en situación de calle y estaba siendo explotado tanto por la mujer de nombre Ninfa, identificada por la Fiscalía como también por Jorge Simberli.
El niño manifestó que Jorge Simberli en una ocasión llevó a la víctima a la plaza Uruguaya, donde abusó sexualmente de él y a la vez cuatro personas adultas observaron el abuso del niño, estos hechos de abuso fueron filmados por el procesado Simberli.
Con la investigación y la inspección física médica del niño se constataron los hechos relatados, y los informes coinciden plenamente en todos los relatos realizados por el menor de edad, también la declaración en cámara Gesell realizada fueron demostradas en el juicio oral.
Debido a las características de la situación y la gravedad de los hechos, las penas máximas en este caso significan en gran medida la única manera de actuar que corresponde, ya que la víctima deberá de afrontar un largo camino para su recuperación tras lo acontecido.
Lea También: Reportan pésimo estado de varios tramos de la ruta PY01
Dejanos tu comentario
Filizzola marcha contra impunidad, pero lleva una década de chicanas
- Por Juan Carlos Lezcano
El senador opositor Rafael Filizzola fue uno de los rostros de la supuesta marcha contra la impunidad y las injusticias que se inició el fin de semana en Caacupé. El legislador lleva más de una década sin responder ante la justicia por los hechos de corrupción por los que fue acusado.
Rafael Filizzola, exsenador y exministro del Interior de Paraguay, fue una de las figuras públicas que participó el lunes en una marcha contra la impunidad y la injusticia que se prevé continuar en distintos puntos del país. Las movilizaciones se iniciaron el fin de semana en Caacupé con un confuso objetivo si es por el acceso a la justicia o una medida de presión para el retorno de la expulsada Kattya González al Senado.
A simple vista, esta acción podría parecer un compromiso genuino con la causa ciudadana de exigir transparencia y rendición de cuentas en un país donde la corrupción y la falta de justicia son problemas estructurales. Sin embargo, la participación de Filizzola en este evento resulta, cuando menos, irónica, considerando las circunstancias que rodean su historial judicial y las estrategias que ha empleado en sus procesos legales.
Filizzola enfrentó varias causas judiciales relacionadas con su gestión como ministro del Interior entre 2008 y 2012. Entre las más destacadas, figura el caso conocido como las “Comisarías de Oro”, donde se lo acusa de lesión de confianza por la adjudicación irregular de un contrato de más de G. 1.100 millones para la construcción y reparación de celdas en comisarías. Según los fiscales, estas obras no fueron concluidas, se realizaron pagos anticipados indebidos y se generó un perjuicio de más de G. 400 millones al Estado.
A esto se suma el caso de la compra de helicópteros, en el que se lo acusa de irregularidades administrativas durante el proceso de adquisición. Aunque los detalles específicos de esta causa no son tan ampliamente conocidos como los del caso de las comisarías, ambos procesos han estado plagados de retrasos, apelaciones y controversias legales.
Las chicanas judiciales: un arma para evitar la Justicia
Lo que más llama la atención en las causas de Filizzola no son solo las acusaciones en su contra, sino las maniobras legales que han prolongado los procesos por más de una década. El uso de chicanas judiciales —estrategias legales destinadas a dilatar el avance de los casos— ha sido una constante. Incluso, en 2022, un juez declaró la prescripción del caso de las comisarías y sobreseyó definitivamente al exsenador. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema revirtió esta decisión en 2023, indicando que la causa no había prescrito y ordenando que se continúe con el proceso penal.
Además, en abril de 2024, la restitución de sus fueros por parte de la Cámara de Senadores generó indignación en amplios sectores de la sociedad. Esto permitió a Filizzola evitar ser llamado a juicio, al menos temporalmente, y provocó que el fiscal general del Estado presentara una acción de inconstitucionalidad contra dicha decisión.
En setiembre de 2024, las causas judiciales contra Filizzola han superado los diez años sin una resolución definitiva, y se encuentran pendientes de decisiones judiciales y posibles acciones legales adicionales
La ironía de la Marcha Contra la Impunidad
La participación de Filizzola en una marcha contra la impunidad no solo resulta contradictoria, sino también un ejemplo del doble discurso que tanto daño hace al sistema político y judicial de Paraguay. Mientras que públicamente se posiciona como un defensor de la justicia, en la práctica ha utilizado todos los recursos a su alcance para evitar enfrentarla plenamente.
La lucha contra la impunidad y la injusticia requiere de un compromiso real y coherente, no solo en palabras o apariciones públicas, sino también en los actos individuales. Resulta cuestionable cómo alguien que ha utilizado chicanas para prolongar procesos judiciales y que ha sido beneficiado por decisiones políticas que obstaculizan la justicia puede erigirse como un referente en una causa tan noble.
La participación de Rafael Filizzola en esta marcha pone en evidencia una desconexión entre el discurso público y la realidad de quienes deberían rendir cuentas ante la justicia. Esto no solo socava la credibilidad de quienes lideran estas causas, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la posibilidad de construir un Paraguay verdaderamente justo.
Si Filizzola realmente desea luchar contra la impunidad, debería comenzar por dar el ejemplo, enfrentando de manera transparente y sin obstrucciones los procesos judiciales en su contra. Solo entonces, su participación en marchas como esta tendría el peso moral y ético que la causa exige.
Te puede interesar: Ley de Transparencia sincerará rol de las oenegés ante la ciudadanía
Dejanos tu comentario
Aprehenden a un hombre por supuesto abuso sexual de su hija de 13 años
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Agentes policiales de la Subcomisaría 46 del barrio San Juan, de Ciudad del Este, aprehendieron anoche a un hombre de 48 años, por el supuesto abuso sexual de su propia hija adolescente. El hecho fue denunciado por un joven (23), hermano de la supuesta víctima, una menor de 13 años.
El hombre habría sido encontrado en flagrancia del hecho, según la denuncia del hermano de la niña. El mismo contó que ayer llegó a la casa y encontró a su padre apretando y manoseando a su hermana menor, quien se resistía al hecho.
Después de evitar que prosiga el acto violento, la adolescente le contó a su hermano que desde hacía bastante tiempo que viene siendo manoseada por su padre de distintas maneras, según lo expuesto en la denuncia en sede policial.
Puede interesarle: Tobilleras electrónicas: realizan pruebas técnicas para elaboración de informe
El joven también mencionó que su hermana no contó lo que su papá le estaba haciendo, porque la amenazaba que mataría a su madre y a sus hermanos, si contaba a alguien lo que pasaba.
Ante este relato, el personal policial fue hasta la casa y realizó la aprehensión del hombre, siendo llevado a la comisaría y luego a la Dirección de Policía. El caso fue comunicado a la fiscal Diana Raquel Gómez, quien está interinando la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños, Niñas y Adolescentes.
La agente informó a La Nación/Nación Media que la joven ya tuvo una contención psicológica con una profesional del Ministerio Público, pero la revisión médica todavía esperará unos días. La adolescente ratificó que su padre la venía tocando y manoseando desde hace tiempo.
El hombre sería imputado por abuso sexual en niños, según la fiscala Diana Gómez, quien aclaró que los manoseos son hechos de abuso.
Puede interesarle: Terrible: rescataron a niña de 7 años infectada de piques, está hospitalizada
Dejanos tu comentario
Comisión Antilavado recurrirá a la Justicia para que ONGs informen sobre uso de fondos
Desde el inicio de su instalación el pasado 26 de agosto, desde la Comisión Antilavado indicaron que algunas organizaciones sin fines de lucro (ONG), se resistieron a informar sobre el uso que le dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o privados nacionales.
Ante esta situación, el senador Gustavo Leite manifestó que aguardan la reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo con el objetivo de recurrir al auxilio de la Justicia para intimar a las mismas que remitan las documentaciones requeridas desde el ámbito legislativo.
“Muchas organizaciones se negaron a darnos datos. Ahora hay un marco legal y estimo que vamos a tener que recurrir lastimosamente a la Justicia. Las comisiones bicamerales de investigación de todos los congresos del mundo tienen poderes constitucionales que les permite requerir informes hasta a particulares, vamos a seguir insistiendo”, sostuvo a la 1020 AM.
Asimismo el parlamentario acotó que no se quiere entrar y secuestrar los documentos. “Esto se hace por las buenas, aquí la ciudadanía tiene que saber en qué se gasta la plata, no es para perseguir a nadie. Yo no creo que los allanamientos sean necesarios porque la Justicia puede denegar o puede ordenar que las organizaciones traigan sus documentos”, aseguró.
Leite detalló que la comisión bicameral de investigación encontró hechos llamativos en las ONGs que recibieron financiamiento de cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Unión Europea (UE).
“El que trabaja con el Estado paraguayo tiene que estar en condiciones de rendir cuentas. Nunca estuvo en nuestro espíritu ni allanar, garrotear ni perseguir. Hay personas, medios de comunicación, periodistas que no desean que sus nombres se revelen y se resistieron hasta ahora, pero vamos a seguir insistiendo por las buenas”, mencionó.
El congresista agregó: “Jamás vamos a pedir que se secuestre o se allanen a las ONGs, esto solo es para los delincuentes, no creemos que las ONGs estén metidos en temas delictivos, pero sí creemos que esconden información”.
Te puede interesar: Estado de salud de Peña: “Se descartó que tenga alguna afección cardiológica”