El fiscal Andrés Arriola presentó acusación contra tres personas por el hecho punible de lavado de dinero y solicitó al juez de Delitos Económicos que el proceso se eleve a un juicio oral y público debido a que tiene suficientes elementos de prueba contra los acusados.
Los acusados que deben enfrentar una audiencia preliminar son Alfredo Galvalisis Ramírez y su esposa, Graciela Ester Paniagua de Galvalisis, socios fundadores de la firma Alfacom, en la que se habrían realizado transacciones comerciales tratando de lavar dinero producto del narcotráfico. Además, fue acusada Priscila Ramona Zárate Velázquez.
Igualmente, el citado agente fiscal solicitó al juzgado la medida cautelar de inhibición de enajenar y grabar bienes sobre más de 20 vehículos lujosos y casi misma cantidad de motocicletas. Este requerimiento deberá ser estudiado por el juez del presente caso.
De acuerdo al escrito de acusación del fiscal Arriola señala que “los citados a través de su firma Alfacom S.R.L. llevaron a cabo transacciones comerciales varias utilizando la sociedad conformada, para así disimular el origen del capital proveniente del narcotráfico, que tenía su origen en organizaciones criminales y de ese modo inyectar importantes sumas de dinero al circuito financiero”.
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Igualmente, señala el documento fiscal que “para dicho fin Alfredo Galvalisis Ramírez y Graciela Esther Paniagua de Galvalisis contaron con el aporte y colaboración de Priscila Ramona Zárate, quien se desempeñaba como gerente general de la empresa, y era la oficial de cumplimiento de las normas de prevención en materia de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, designada ante la Seprelad como responsable”.
También refiere el documento que “como consecuencia del ingreso de dinero de organizaciones criminales a la citada sociedad se dieron aportes materiales que no fueron compatibles con los incrementos observados desde el establecimiento de la firma”.
Mencionan que el crecimiento económico se debe a que tanto Alfredo Galvalisis y su esposa, Graciela Ester Paniagua, realizaron operaciones de alto flujo financiero en conjunto sin tener el correspondiente respaldo, lo cual queda patente ya que el acusado solo cuenta en registros oficiales con una actividad declarada, aparte de esta sociedad, como empleado del señor Raúl Esteban Safuán Jara, para quien trabajó hasta el 2012; y Graciela Ester Paniagua solo se encuentra registrada como licenciada en Obstetricia en el Instituto de Previsión Social, sin otra actividad declarada a título personal, por lo cual las operaciones financieras y comerciales que los citados llevaban a cabo con el visto bueno de Priscila Ramona Zárate era a los efectos de utilizar los beneficios provenientes de las actividades ilícitas para hacerlos circular dentro del sistema financiero del país, señala el escrito del Ministerio Público.
En el presente caso, la modalidad utilizada era la intermediación como compradores de vehículos ante las grandes concesionarias del país y otras más, adquiriendo vehículos de alta gama de estas casas para los prestanombres, accionistas o personas jurídicas de fachada de varias organizaciones criminales, y así evitar que las concesionarias efectúen el análisis del perfil financiero de los adquirentes reales, y de esa manera ocultar el producto del tráfico de drogas e integrar esas sumas de dinero al sistema económico nacional.
De ese modo, con las contrataciones de compra-venta de bienes, Alfredo Galvalisis Ramírez y Graciela Esther Paniagua de Galvalisis disimulaban el origen de los activos que provenían de grupos tales como: el clan García Morínigo, a través de sus prestanombres y sus empresas de fachada; a Cornello Esquivel Maldonado, Alias Mitu; a miembros de la organización liderada por Sergio De Arruda Quintiliano Neto, Alias Minotauro; a miembros de la organización liderada por Elton Leonel Rumich, alias Galán; miembros de la organización liderada por Luiz Carlos da Rocha, y otras organizaciones, todas estas con procesos y condenas por tráfico de drogas, así como hechos punibles conexos, entre otros, indica la acusación del Ministerio Público.
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