El derrumbe del edificio en construcción, que debía convertirse en un hotel, ubicado sobre la calle Capitán Molas y avenida Japón, en el barrio San Roque de Encarnación, a tres cuadras de la Costanera, no solo impactó a los vecinos de la zona, sino que golpeó directamente a una familia que perdió en una sola noche a dos de sus integrantes.

Las fallecidas fueron identificadas como Hermelinda Báez, de 55 años, y su nieta, Montserrat Brítez, una adolescente de 15 años, ambas oriundas de la zona de Capitán Miranda. Elllas se dedicaban a la venta de remedios yuyos y minutas en un improvisado puesto ubicado sobre la avenida Japón, a escasos metros de donde se encontraba la edificación.

Ambas, en varias ocasiones, debido a la lejanía de su hogar y el gasto que implica el traslado, se quedaban en los alrededores de su puesto de trabajo a pasar la noche para continuar su habitual rutina laboral al día siguiente. En la noche del miércoles, las malas condiciones del clima llevaron a que decidieran pedirle al cuidador del edificio en construcción, Roberto Montiel, un espacio para pasar la noche.

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Según la declaración del hombre, tanto la abuela como la nieta eran sus conocidas, ya que siempre compraba alimentos y remedios del puesto, por lo que, le preparó una de las habitaciones utilizadas como depósito y salió a realizar su ronda de control, sin saber que sería la última vez que las vería con vida.

Los familiares de las fallecidas aseguraron que hasta minutos antes del derrumbe se encontraban en comunicación, porque doña Hermelinda les comentó que lograron conseguir donde pasar la noche y resguardarse del mal clima, por lo que, al conocerse la noticia del derrumbe, supieron casi inmediatamente que ambas fueron víctimas del infortunio.

“Doña Hermelinda era mi amiga, una persona alegre y trabajadora, al igual que su nieta; siempre estaban juntas y se ayudaban para la venta de sus productos. Siempre hablábamos sobre el hecho de que vivían muy lejos y que a veces les costaba regresar a su casa; por eso no puedo creer lo que les pasó. Ellas se quedaban cerca de acá solo para seguir trabajando”, comentó doña Dominga, compañera de puesto de la fallecida, en conversación con la 1020 AM.

La mujer, en medio de lágrimas, recordó que casi todos los días conversaban con la mujer fallecida, al punto que se volvieron muy buenas amigas y se hacían favores de manera regular, ya que en algunas ocasiones doña Dominga le entregaba productos para realizar sus minutas a Hermelinda y le extendía los pagos para que pudiera trabajar.

“A veces me pedía que le venda mi maíz, pero me decía bien que no tenía aún para pagarme; igual le traía porque era mi amiga y todo el tiempo hablábamos. Después de un rato, ya preparaba sus comidas y luego ya me pagaba. Yo le admiraba demasiado porque era muy trabajadora y le cuidaba mucho a su nieta, que era una chica muy alegre como ella”, remarcó doña Dominga.

La muerte de la abuela y la nieta abrió en la sociedad en general interrogantes respecto a la seguridad de los edificios en construcción y el terrible desenlace que se puede dar cuando no se cumplen con las especificaciones pautadas para los trabajos, ya que, como el mismo cuidador del edificio admitió, fue un milagro que él también no resultara víctima del derrumbe.

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La jueza penal de garantías Cynthia Lovera resolvió rechazar los recursos de reposición planteados por los exministros de Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios, acusados por asocia­ción criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secre­tos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Los abogados de los exministros de Abdo habían presentado una nueva reposición y apelación en subsidio contra la providencia de la jueza Cyn­thia Lovera, que fijó la realización de una audien­cia donde se tenía que decidir si la magistrada se ratificaba en su resolución inicial de marzo del 2024 donde admi­tió la imputación contra los excolaboradores del expresidente de la República, incidentes que ahora fueron rechazados por Lovera.

En la conferencia de prensa ofrecida ayer jueves, la Municipalidad de Encarnación adujo que las fiscalizaciones se realizan al inicio y al final de una obra, sin embargo, la ordenanza número 39 establece que los controles pueden realizarse también durante el desarrollo.

Los funcionarios municipales que acrediten ser encargados de las inspecciones, tendrán libre acceso a las obras y podrán revisarlas en cualquier etapa de su ejecución, adoptando las medidas que estimen necesarias al constatar vicios de construcción, incumplimiento del proyecto aprobado o riesgos para sus obreros, vecinos o transeúntes. Esto lo establece el artículo 39 de la ordenanza municipal encarnacena, cuyo contenido desmiente la posición asumida por el la Intendencia.

Seis paraguayos clasificaron para el Mundial Ironman 70.3 2025, que se llevará a cabo en Marbella, España. La delegación paraguaya que participó de la competencia de clasificación realizada en Panamá estuvo compuesta por 30 atletas. Carmen Castillo de Ortiz y Cecilia Cabello, compartieron su experiencia y hablaron de este éxito para el deporte nacional.

El director legal de la empresa itti Saeca, Miguel Almada, manifestó que la violación del contrato por parte del Banco Atlas, perteneciente al grupo empresarial de la familia Zuccolillo, se registró en los últimos 4 años. Tras denunciar la irregularidad de la entidad bancaria en el uso del software de itti para sus operaciones, la firma de tecnología financiera empezó a recibir ataques mediáticos de dicho grupo, pese a que la postura en el conflicto judicial apuesta por una conciliación.

“Tenemos una controversia con el Banco Atlas, respecto al uso que se está dando a nuestro software, consideramos que el uso se está dando de manera inapropiada y ellos consideran que no. En la resulta de esta controversia, hoy estamos en un proceso de mediación, el cual está en pleno curso”, dijo Almada, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El gobernador de Boquerón, Harold Bergen, confirmó que los caminos continúan cortados en varias comunidades del Chaco paraguayo. Con el apoyo del Gobierno central, se recurre al uso de helicópteros para asistir a las familias afectadas.

Según estimaciones de la Gobernación, más de 3.000 familias se encuentran aisladas, muchas sin acceso a víveres, agua potable ni atención médica. “Ya estamos organizando desde ayer nuevas misiones aéreas junto con la Secretaría de Emergencia Nacional y las Fuerzas Armadas”, explicó el jefe departamental.

El presidente de la República, Santiago Peña, se refirió este viernes por primera vez al caso de espionaje de Brasil en las negociaciones de Itaipú y defendió la “posición de país” a través de las cuatro medidas asumidas ante este impasse, en un contacto con Radio Mitre de Argentina, expresando su preocupación y lamentando la situación ante la intención de abogar por la integración regional.

“Es una noticia bastante desagradable. Vemos eso con tremenda preocupación porque no se condice con el tipo de relación que queremos proponer, una de amistad, socios, amigos que nos permita construir un Mercosur más fuerte. Lastimosamente estamos en este impasse” , comentó Peña al programa que conduce Eduardo Feinmann.

La población de Encarnación vive con miedo por el auge de construcciones de edificios, principalmente en la zona costanera de la ciudad. Preocupa la falta de fiscalización municipal sobre las obras y que solo se cobren multas, permitiendo que continúen los trabajos, como aparentemente ocurrió con el edificio siniestrado donde murieron dos personas el miércoles por la noche.

“Estamos consternados, preocupados y muy tristes con lo que ocurrió con estas dos mujeres que perdieron la vida”, dijo la abogada Perla Riveros, presidenta de la Coordinadora Ciudadana de Encarnación al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Según la representante de los ciudadanos encarnacenos, “hay surgido como hongos” los nuevos edificios, hecho que preocupa a la comunidad. “Más asustados estamos ante un audio que está circulando que se hizo viral acá en la ciudad donde se le escucha supuestamente la voz del intendente diciendo de que hubieron varias construcciones y que él no pidió nada a cambio”, expresó.

Afirmó que evidentemente las construcciones “no tienen un control exhaustivo”. “Y se estima que se estén manejando favor con favor para que se puedan habilitar estas construcciones”, subrayó.

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Desde la Contraloría Ciudadana buscarán conversar con los parlamentarios de ambas cámaras para se pueda actualizar la regularización de las normas mediante una nueva legislación que beneficie por igual a todos los municipios del país. Así también, se dará apoyo a la investigación fiscal.

“Vamos a exigirle al intendente que dé las explicaciones pertinentes, convenientemente convencido de lo que dicen. Porque evidentemente hasta indolente es la actitud del municipio, desentendiéndose en su responsabilidad en este tema”, expresó.

La abogada Riveros responsabilizó al intendente Luis Yd sobre el siniestro ocurrido, al acceder a una modificación del proyecto inicialmente presentado por la firma constructora. “Acá pasó algo demasiado grave porque hablan los mismos concejales de que tenían permiso para hacer cinco pisos. Que esta gente haya venido y encontrado dos pisos más y hayan habilitado eso previo pago de multa, sin haberse cerciorado que las estructuras estaban capaces para aguantar ese nuevo peso, es un acto criminal. Y hoy estamos pagando ese acto criminal de desidia con dos vidas humanas”, remarcó.

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El Ministerio Público conformó un equipo especial para investigar el derrumbe del edificio en construcción en el barrio San Roque de Encarnación (Itapúa), ocurrido el miércoles por la noche, donde murieron una abuela y su nieta. Se están llevando a cabo diligencias para determinar las implicancias penales de los responsables de la obra y las responsabilidades administrativas de las autoridades municipales.

El grupo de trabajo está integrado por los fiscales Ever Regalado Williams Villasanti, titular de la Unidad Penal Número 1, de la Fiscalía Regional de Encarnación, Francisco Javier Martínez Paiva, de la Unidad Penal Número 10 y Rocío Carolina Valdez Florentín de la Unidad Fiscal Número 1, especializada en la Lucha contra el narcotráfico de Itapúa.

“Es importante determinar primero de que todas estas cuestiones que estamos nosotros recabando son cuestiones muy técnicas. Hablamos de situaciones de conocimiento de ingeniería, de arquitectura, calculistas, de otras modalidades que también van de la mano de una obra de esta envergadura”, señaló el fiscal Francisco Martínez al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Aclaró que igualmente se indagará sobre la responsabilidad del intendente de Encarnación, Luis Yd. “También hay una cuestión administrativa ahí en el municipio, de las autorizaciones, del expediente. Nosotros ahora no podemos todavía determinar alguna responsabilidad directa porque necesitamos que los ingenieros y arquitectos del Ministerio Público intervengan para poder tener una idea de lo que podría ser alguna causal y que podría ser una conducta penal”, remarcó.

El agente fiscal mencionó que los ingenieros y arquitectos del equipo de la Fiscalía harán una investigación documental in situ en la zona de obras, como parte de las pericias. Dijo que se debe diferenciar las conductas penales de las administrativas, asegurando que “sea quien sea” el responsable se actuará conforme a la ley.

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Señaló que ya se retiró del municipio el expediente administrativo para verificar el proceso de habilitación de la obra, si se realizaron las verificaciones pertinentes de la construcción, tras la aprobación de los planos y todo lo que conlleva un proyecto urbanístico de esta envergadura.

“Lo primero que hicimos es retirar todos los documentos del municipio y verificar con los ingenieros que ya están por Encarnación. Vamos a realizar una primera diligencia el día de hoy y posteriormente vamos a tener un dictamen que nos determinará si existe responsabilidad personal”, manifestó.

El abogado Martínez no quiso arriesgar una opinión sobre una eventual imputación del intendente de Encarnación, al sostener que las resoluciones se tomarán a resultas de las verificaciones de los profesionales técnicos en construcción.

“Hay una cadena de personas que firman documentos, que emiten autorizaciones, encargados de verificación del local que se va a construir. Aparte tienen otras personas que son calculistas que son determinantes para poder también autorizar. Entonces, cada uno de ellos una vez verificado toda esa cadena de responsabilidades vamos a ver quiénes efectivamente dieron su firma”, subrayó.

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