Los fiscales Natalia Fúster y Néstor Coronel apelaron la absolución de culpa y pena del ex titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) Dany Durand y solicitaron la nulidad de la sentencia de primera instancia, que absolvió de culpa y pena al exsecretario de Estado.
Igualmente, los fiscales del caso pidieron al Tribunal de Apelación reenviar el caso para que se lleve a cabo otro juicio oral y público con otro Tribunal de Sentencia. Ahora los jueces de segunda instancia tendrán que estudiar si corresponde el pedido de los fiscales o si confirman la determinación adoptada en primera instancia.
Absolución
Los jueces de sentencia Elio Rubén Ovelar y Darío Báez en mayoría resolvieron absolver a Durand, argumentando la no tipicidad de los hechos atribuidos al exministro del Poder Ejecutivo. Mientras que la jueza María Luz Martínez votó por la condena.
En sus alegatos finales la fiscal Natalia Fúster pidió la pena de tres años de cárcel para Durand. Mientras que la defensa del exsecretario de Estado solicitó la absolución de culpa y pena, pedido al que se hizo lugar.
Antecedentes
El Ministerio Público concluyó que el señor Dany Durad Espínola, en el cargo como ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, presentó sus declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos ante esa entidad, sobre bienes y pasivos que no corresponden con los documentos respaldatorios.
Dany Durand fue designado como ministro por el presidente Mario Abdo Benítez y ocupó el cargo hasta el 2 de noviembre de 2020, fecha en que fue sustituido por el actual titular del MUVH, Carlos Pereira, tras la renuncia del exdiputado.
Durand se vio obligado a presentar su dimisión tras no resistir a la presión política, luego de la crispación que generó entre los parlamentarios, tras amenazar con escraches a los diputados en un grupo de WhatsApp por un proyecto de ley que estaba pendiente de tratamiento en la Cámara Baja.
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Conforman equipo especial para investigar derrumbe de edificio en Encarnación
El Ministerio Público conformó un equipo especial para investigar el derrumbe del edificio en construcción en el barrio San Roque de Encarnación (Itapúa), ocurrido el miércoles por la noche, donde murieron una abuela y su nieta. Se están llevando a cabo diligencias para determinar las implicancias penales de los responsables de la obra y las responsabilidades administrativas de las autoridades municipales.
El grupo de trabajo está integrado por los fiscales Ever Regalado Williams Villasanti, titular de la Unidad Penal Número 1, de la Fiscalía Regional de Encarnación, Francisco Javier Martínez Paiva, de la Unidad Penal Número 10 y Rocío Carolina Valdez Florentín de la Unidad Fiscal Número 1, especializada en la Lucha contra el narcotráfico de Itapúa.
“Es importante determinar primero de que todas estas cuestiones que estamos nosotros recabando son cuestiones muy técnicas. Hablamos de situaciones de conocimiento de ingeniería, de arquitectura, calculistas, de otras modalidades que también van de la mano de una obra de esta envergadura”, señaló el fiscal Francisco Martínez al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Aclaró que igualmente se indagará sobre la responsabilidad del intendente de Encarnación, Luis Yd. “También hay una cuestión administrativa ahí en el municipio, de las autorizaciones, del expediente. Nosotros ahora no podemos todavía determinar alguna responsabilidad directa porque necesitamos que los ingenieros y arquitectos del Ministerio Público intervengan para poder tener una idea de lo que podría ser alguna causal y que podría ser una conducta penal”, remarcó.
El agente fiscal mencionó que los ingenieros y arquitectos del equipo de la Fiscalía harán una investigación documental in situ en la zona de obras, como parte de las pericias. Dijo que se debe diferenciar las conductas penales de las administrativas, asegurando que “sea quien sea” el responsable se actuará conforme a la ley.
Señaló que ya se retiró del municipio el expediente administrativo para verificar el proceso de habilitación de la obra, si se realizaron las verificaciones pertinentes de la construcción, tras la aprobación de los planos y todo lo que conlleva un proyecto urbanístico de esta envergadura.
A resultas de informe de peritos de obras
“Lo primero que hicimos es retirar todos los documentos del municipio y verificar con los ingenieros que ya están por Encarnación. Vamos a realizar una primera diligencia el día de hoy y posteriormente vamos a tener un dictamen que nos determinará si existe responsabilidad personal”, manifestó.
El abogado Martínez no quiso arriesgar una opinión sobre una eventual imputación del intendente de Encarnación, al sostener que las resoluciones se tomarán a resultas de las verificaciones de los profesionales técnicos en construcción.
“Hay una cadena de personas que firman documentos, que emiten autorizaciones, encargados de verificación del local que se va a construir. Aparte tienen otras personas que son calculistas que son determinantes para poder también autorizar. Entonces, cada uno de ellos una vez verificado toda esa cadena de responsabilidades vamos a ver quiénes efectivamente dieron su firma”, subrayó.
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Fiscalía paraguaya investigará espionaje informático de Brasil
El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, tomó la decisión de abrir una investigación penal ante el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del Gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú. El espionaje informático se habría iniciado en la gestión de Jair Bolsonaro y ejecutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.
Para el efecto, fue asignada como responsable la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano. Según publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
En la resolución n.° 27 el Ministerio Público refiere que la citada agencia “habría tratado de ingresar o habría ingresado a dispositivos electrónicos ajenos del presidente de la República del Paraguay, así como de senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático, de la Administración Nacional de Electricidad, entre otros”.
El espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones que fueron proveídas por el gobierno de Lula da Silva mediante un comunicado. El dirigente político del Partido de los Trabajadores responsabilizó exclusivamente de la acción ilegal a Bolsonaro.
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La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal, realizadas en noviembre del año pasado, y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utilizado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.
Por su parte, el gobierno del presidente Santiago Peña tomó la decisión de requerir explicaciones detalladas al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes.
A su vez, decidió suspender de manera indefinida el proceso de renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú. Mientras que desde el Congreso Nacional se anunció la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para dar seguimiento a la denuncia de espionaje.
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Farsa de Abdo: sus aliados frenan desafuero que él pidió
Hace un año, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, requiere que el Senado despoje de sus fueros al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, con la finalidad de que enfrente a la justicia en el caso de filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El pedido fue remitido por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera el 14 de marzo del 2024 tras la admisión de la imputación fiscal por la revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Desde entonces, los aliados de Abdo Benítez impidieron que sea sometido a la justicia mediante diversas maniobras en el Legislativo. El pasado 12 de marzo, con bombos y platillos, el expresidente anunció mediante sus redes sociales oficiales que solicitaría su desafuero como senador vitalicio, al tiempo de arremeter contra el Ministerio Público y calificarla como una institución “sometida a un grupo de poder”.
Este anuncio al parecer fue parte de un show montado por Abdo Benítez y su entorno, ya que el requerimiento del órgano extrapoder continua pendiente de estudio en el pleno a raíz de las trabas impulsadas por los abdistas y aliados opositores que obstruyen la labor de la justicia.
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La artimaña dilatoria en busca de impunidad quedó totalmente evidenciada luego de su incomparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, instancia que por solicitud de sus leales, los legisladores Lilian Samaniego y Rafael Filizzola, optó por convocarlo el día de ayer, martes 1 de abril, para dar su versión de los hechos que se le atribuyen.
Sin embargo, terminaron acudiendo solo sus abogados Enrique Kronawetter y César Trapani, pese a que con anterioridad Mario Abdo había expresado su predisposición de aclarar su situación, colocando incluso su “cabeza a disposición”.
En medio de un show mediático, también había solicitado el cese de una supuesta persecución contra sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, con la intención de evitar que perciban la orfandad política de parte de su líder.
En la ocasión, los abogados no lograron refutar las pruebas en contra ni presentar argumentos sólidos que demuestren la inocencia de Marito y derriben las acusaciones de que en su gobierno se montó un esquema de persecución política y terrorismo de Estado contra sus adversarios.
No obstante, el bloque asesor por mayoría de sus miembros terminó aconsejando dar vía libre al desafuero del colorado disidente. La bancada del movimiento Honor Colorado acompaña el pedido de desafuero realizado por el propio Abdo Benítez y la Fiscalía.
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Cámara anuló absolución de acusados por supuestos delitos ambientales
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, anuló la absolución de dos acusados por delitos ambientales, que fue dictada en noviembre del 2024. También ordenó la realización de un nuevo juicio oral en un proceso encausado por la fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente.
Los acusados son, João Emanoel de Almeida, productor agrícola de nacionalidad brasileña y Griselda Martínez Benítez, consultora ambiental y abogada, de nacionalidad paraguaya. Los mismos deberán someterse a un nuevo juicio oral por delitos relacionados con perjuicios a reservas naturales, la desecación de humedales y declaración falsa.
La acusación es también por eludir obligaciones legales relacionadas con medidas de mitigación del impacto ambiental, según la fiscal.
El antecedente del caso indica que, el 14 de junio del 2022, la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente, detectó que Joao de Almeida permitió y autorizó actividades que afectan el Medio Ambiente como canalizaciones, desecamiento, profundización y ensanchamiento del canal de flujo de recursos hídricos provenientes de una naciente.
Asimismo, la eliminación completa de vegetación, parte de un bosque protector del cauce en el interior de su propiedad, ubicada en el distrito de Los Cedrales, al sur de Alto Paraná, de acuerdo al requerimiento fiscal. Agregó que la acusación sustenta que, con su proceder, el acusado atentó contra los mecanismos de control de agua, afectando nacientes dentro del inmueble.
Para obtener la licencia ambiental, Almeida habría empleado datos falsos en el proyecto presentado ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y de esa forma consiguió la aprobación de la evaluación de impacto ambiental y la licencia ambiental, con la finalidad de habilitar suelo y realizar cultivos agrícolas mecanizados, transgrediendo las leyes ambientales, según la acusación de la Fiscalía.
Por su parte, Myrian Griselda Martínez Benítez habría participado en los hechos relacionados con la obtención de la licencia ambiental del Mades, por lo que igualmente fue imputada y acusada en su momento.
Posteriormente, la causa se elevó a juicio oral y el Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Herminio Montiel, Zunilda Martínez Noguera y Marino Méndez, absolvió a los procesados, a pesar de las pruebas que sustentaban la acusación, según lamentó en ese momento la fiscal Zunilda Ocampos.
La citada representante del Ministerio Público, apeló el fallo y la Cámara de Apelaciones, conformada por los jueces Miryan Meza de López, Efrén Giménez Vázquez y Lilian Lorena Benítez, declaró admisible el recurso de apelación especial interpuesto. Como consecuencia, anuló la Sentencia Definitiva Nº 184 de fecha 21 de noviembre de 2024, y dispuso su reenvío para la realización de un nuevo juicio oral con otro tribunal.