Tras ser detenido, imputado y acusado por tener 164 panes de marihuana, que totalizaron un peso de 174 kilos de la citada droga, un Tribunal de Sentencia condenó a Aldo J. Colmán a 11 años de cárcel al ser encontrado culpable por el delito de tenencia de estupefacientes.
El agente fiscal Enrique Fornerón, titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Itapúa, fue quien arrimó todos los elementos de prueba para que el tribunal juzgador pueda condenar al acusado.
Durante el juicio oral se pudo demostrar mediante los elementos probatorios que en fecha 8 de marzo de 2016, en el barrio las Mercedes de Cambyretá, departamento de Itapúa, el procesado tenía en su poder 164 panes de marihuana, con un peso de 174 kilos.
Los jueces de sentencia Diana Arana, Gustavo Arzamendia y Raquel García fueron quienes evaluaron las pruebas y llegaron a la conclusión que el acusado Colmán es el responsable del delito de tenencia de estupefaciente.
De acuerdo a la resolución judicial, la flagrancia del caso fue importante para poder aplicar la condena de 11 años de pena privativa de libertad.
Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un Tribunal de Apelación el que tendrá que definir si confirma el fallo de primera instancia o dispone que se vuelva a realizar un nuevo juicio oral y público.
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Freddy Krueger, Peaky Blinders, El Cuartel de la Feas: las mafias narco en Ecuador
- Guayaquil, Ecuador. AFP.
Disputas a muerte y frágiles alianzas. Una explosión de bandas de curiosos nombres componen el nuevo mapa del crimen en Ecuador, un país acorralado por las mafias y ante el desafío de elegir a un presidente capaz de doblegarlas. Los Freddy Krueger provocan pesadillas en las calles, los sofisticados Peaky Blinders se disputan el dominio del golfo de Guayaquil y El Cuartel de la Feas controla las prisiones. Estos se suman a los ya famosos Choneros, Lobos y Tiguerones.
La misma violencia cambia de nombre cada tanto debido a una atomización de los grupos armados y a un cóctel perfecto que allanó el terreno de la guerra: puertos estratégicos para la salida de droga, vecindad con Colombia y Perú -los mayores productores de cocaína-, una economía dolarizada y entidades corruptas.
Y en el medio, la gente. Una comerciante extorsionada recuerda el día en que explotó una bomba en su restaurante en Guayaquil, capital económica y del crimen del país. “Decían que eran de la mafia, pedían 15.000 dólares para no matarnos”, cuenta a la AFP la mujer que mantiene su identidad bajo reserva.
Los tentáculos de las organizaciones no conocen fronteras. Se engendran en la costa del Pacífico con apoyo de carteles de México y Colombia, así como de la mafia albanesa. Luego cruzan la cordillera andina hasta ciudades como Quito, Ambato o la minera Ponce Enríquez (sur ecuatoriano), según expertos. La seguridad está en el centro de las campañas presidenciales de cara al balotaje del domingo que enfrenta al mandatario Daniel Noboa y la candidata izquierdista Luisa González.
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Sin grandes capos
En enero y febrero Ecuador registró un muerto cada hora, según cifras del ministerio del Interior. Es el inicio de año más sangriento desde que se tiene registros. “La guerra es por territorio. Ya no hay cabezas conocidas como antes, cada quien quiere su independencia”, señala bajo reserva el cabecilla de una agrupación.
Esta fragmentación dificulta el control de las bandas por parte de las autoridades. “Vemos una asociación de pequeños grupos y menos rígidos. Esto ya pasó en la Colombia de los 1990 tras la muerte de Pablo Escobar”, sostiene la experta en seguridad Carla Álvarez.
Las jerarquías empezaron a romperse en 2018, cuando se dividió una de las mayores organizaciones. La muerte en 2020 del líder de los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, ahondó las pugnas. En Quito, Marianela recibe amenazas e intentos de extorsión por WhatsApp. “Los bloqueo”, dice bajo reserva esta empleada de un restaurante.
La angustia se instaló en el convulso barrio Martha Bucaram de la capital, donde policías y militares suelen realizar operativos en busca de armas y droga. “Acá a la vuelta hubo como dos muertos” durante una balacera, recuerda. Apenas suenan los disparos, los negocios cierran.
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Bandas especializadas
De los 1.300 barrios de Quito, unos 100 son considerados conflictivos. Para las mafias, la ciudad es “un mercado de consumo de drogas, como sucede en diferentes capitales latinoamericanas”, explica Carolina Andrade, secretaria de Seguridad municipal. Quito, enclavada en los Andes, también se percibe “como un espacio seguro para venir a esconderse”, pues no tiene el mismo control policial o militar de la costa.
Renato Rivera, del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, explica que los grupos tienen ciertas especialidades. El Cuartel de las Feas, por ejemplo, opera en las prisiones con extorsiones y microtráfico. Esta banda desató enfrentamientos entre los reos por la alimentación. El preso que no pagaba la “vacuna” (extorsión), no comía, comenta. Y en el puerto de Guayaquil, los Peaky Blinders, Choneros y Tiguerones chocan por las rutas de la droga, a veces camuflada en contenedores de banano o camarón.
Fusiones
En Quito pequeñas pandillas buscan entrar a “organizaciones más grandes para tener mayor presencia, mayor legitimidad y mayor control” territorial, señala Andrade. En la cima de la pirámide criminal de la capital están los Lobos y Latin Kings. Las mafias “han ido ganando espacio, es complejo combatirlas”, admite el comandante policial de Guayaquil, Pablo Dávila.
“Los ruidos de las balas no nos dejan dormir”, dice una líder de un empobrecido barrio guayaquileño, donde solo en una tarde mataron a 22 personas. El presidente Daniel Noboa aplicó una política de mano dura contra las bandas que logró bajar el índice de homicidios de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 38 en 2024.
Pese a la caída, el centro de estudios Insight Crime sostiene que esta última tasa es la más alta de América Latina y “enmascaró” un año de violencia persistente. “La intervención militar obligó a los grupos criminales a transformarse en lugar de desaparecer”, señaló.
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Docente acosador: fiscal deslinda responsabilidad en jueces y apelará sentencia
El fiscal Rodrigo Vázquez confirmó que apelará el fallo del tribunal de sentencia que otorgó el sobreseimiento al docente de Villarrica acusado de abuso por medios tecnológicos a una alumna de 11 años. Defendió su actuación señalando que presentó todas las evidencias sobre el caso que aparentemente no fueron consideradas por los integrantes del máximo tribunal.
“Fue un caso muy sonado a nivel nacional y estuve leyendo la sentencia hace dos días me habían notificado. Estoy analizando bien, pero sí voy a estar recurriendo”, señaló este jueves el agente fiscal al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El agente del Ministerio Público rebatió las afirmaciones del presidente de la tribunal de sentencia, el magistrado Julio Alfonso, quien alegó la falta de pruebas fehacientes para sostener la acusación contra el docente investigado.
Tribunal no puede alegar que no vio
“La prueba se produjo en el juicio. O sea que ellos tuvieron la inmediatez, vieron la captura de pantalla. Declaró la nena, cámara Gesell, la mamá. O sea sí se produjo la prueba, todas las capturas, audios, fotos se produjeron en juicio, la cual asentó en sentencia”, manifestó.
El abogado explicó que en la acusación se incorporaron algunos mensajes que se configuraban dentro del tipo penal. “Ellos vieron por la inmediatez, o sea tuvieron conocimiento. El presidente no puede decir que no vio. O sea que ninguno de los miembros puede decir que no se exhibió los mensajes”, ratificó.
El fiscal afirmó que no quiere debatir la interpretación, al mismo tiempo de insistir que se colectaron todas las pruebas y presentadas para su consideración por los magistrados. “Con esas pruebas creemos que sí se configuraba el tipo penal. Que sí se probó el hecho punible. Que el Tribunal haya interpretado de otra manera, por esa razón vamos a estar apelando”, remarcó.
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Condenan a 21 años de cárcel a un abusador serial
Un tribunal de sentencia integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Cristian González condenó a 21 años de cárcel a un hombre luego de ser encontrado culpable del delito de abuso sexual en niños. Las víctimas son tres sobrinos del hoy sentenciado. El condenado ya fue sentenciado a 14 años de pena privativa de libertad por otro caso de abuso sexual en niños.
Tras la sentencia, la fiscala Claide Acosta señaló que “terminamos el juicio oral y público por el caso de abuso sexual en niños, donde el Ministerio Público solicitó la pena de 21 años de cárcel en un caso sumamente grave donde las víctimas fueron tres niños”, explicó.
“El tribunal colegiado encontró culpable al acusado y condenó a 21 años de cárcel, conforme a los testigos y las pruebas documentales ofrecidas durante el juicio oral”, manifestó.
Acotó igualmente que “las víctimas de este grave caso son tres niños entre 6 y 12 años, sobrinos del hoy condenado. Este hecho se registró en una convivencia de familia ampliada porque vivían todos en un inmueble y penosamente surge esta situación que fue denunciada en el año 2022″.
“Se realizó un amplio trabajo con profesionales psicólogos médicos forenses y se abarcó todos los campos y se pudo probar el hecho que es lo importante”, indicó la representante del Ministerio Público.
Igualmente Acosta sostuvo que “dado el temor debido a que las víctimas recibían amenazas los niños lograron contar el hecho en el ámbito escolar y luego se comunicó al Ministerio Público donde se inició la investigación que terminó con la alta condena para el acusado”.
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Operativo Berilo: Corte destraba caso y juez puede fijar audiencia preliminar
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó una vez más la causa contra el presunto líder narco Reinaldo “Cucho” Cabaña y otros acusados por supuesto narcotráfico, tras rechazar el recurso que presentó la acusada Yisela Noemí Ramírez contra la resolución que confirmó la intervención del juez Miguel Palacios en el caso.
Una vez que se fije la audiencia preliminar en la misma se tendrá que analizar si corresponde que el proceso penal se eleve a un juicio oral y público, así como lo ha solicitado el Ministerio Público en su acusación. Actualmente Cabaña guarda arresto domiciliario en una casa ubicada en la ciudad de Lambaré, a la espera de la realización de la audiencia preliminar.
Cabaña está acusado en el marco del operativo Berilo, realizado en setiembre del 2018 en varios puntos del departamento de Alto Paraná. En esa ocasión, fiscales del Ministerio público junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) llevaron adelante más de 20 allanamientos en los que decomisaron 23 vehículos de alta gama, 21 kilogramos de cocaína y unos USD 800.000.
Cabaña está acusado por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. Hay que señalar que en la causa están investigadas otras 20 personas.