El fiscal Silvio Corbeta explicó sobre los procedimientos realizados en el marco de la causa de la investigación por cohecho pasivo agravado, soborno y lavado de dinero al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, quien ya fue imputado por el Ministerio Público y con un pedido de prisión preventiva.
“Además de las determinaciones ya conocidas, consistentes en la imputación fiscal y una orden de detención y pedido de prisión preventiva, el día de ayer en horas de la tarde me constituí a los efectos de hacer efectiva esta orden de secuestro que fue emanada por el Juzgado Penal de Garantías a cargo del doctor José Delmás, a fin de secuestrar la embarcación que justamente sería el objeto principal de lavado en esta investigación”, indicó el fiscal en entrevista al programa “Así son las cosas” de radio Universo 970 AM/Nación Media.
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El fiscal Cabrera detalló que la embarcación ya se encontraba bajo custodia de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), solo con una medida cautelar. Agregó que habiendo una imputación para la Fiscalía ameritaba solicitar el secuestro de dicho objeto.
“De hecho ya estaba bajo custodia de Senabico, desde el momento de su incautación, lo que hicimos fue básicamente comunicar a la Senabico de que la embarcación ya posee una medida cautelar, anteriormente carecía de dicha medida cautelar, nada más tenía una especie de inmovilización que había sido decretado por el juez de Garantías en su momento”, mencionó.
En este contexto, el agente fiscal apuntó que la embarcación sería lo principal de esta investigación. “Esta embarcación fue producto del cohecho pasivo agravado y sería el beneficio económico que habría sido obtenido por el exministro, y en ese sentido, para nosotros es importante porque al demostrarse la conducta que se les atribuye se realizaría un comiso del bien, la propiedad pasaría al Estado paraguayo”, aseguró.
También sostuvo que la Fiscalía cuenta con indicios suficientes que el exministro Roa incurrió en un hecho punible. “Tenemos indicios suficientes y razonables para sostener que existiría una conducta, un hecho punible que tuvo consecuencias, y tuvo a la vista un beneficio económico que se traduce en un bien determinado”, sentenció.
La imputación
Joaquín Roa, en agosto del 2018, habría recibido de Alberto Koube Ayala, representante legal del Grupo Tapyracuai SA, una embarcación de la marca Azimut AZ 42 importada, cuyo valor en el mercado ascendería a US$ 450.000 a cambio de licitaciones públicas convocadas por la secretaría a su cargo y, desde entonces, habría adjudicado únicamente a Alberto Koube con más licitaciones, que además presentarían sobrefacturaciones, de acuerdo al acta de imputación publicada el pasado miércoles.