El juez de Delitos Económicos José Delmás ordenó el secuestro del yate perteneciente a Joaquín Roa, extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), imputado por lavado de dinero y cohecho pasivo agravado. Ya el fiscal Silvio Corbeta se constituyó en Náutica Remanso de Mariano Roque Alonso para materializar la resolución del juez Delmás.
El yate habría sido importado por el grupo Tapyracuai SA y de acuerdo a la resolución del referido magistrado, la embarcación quedará bajo custodia de la Senabico.
Asimismo el citado magistrado fijó para el próximo 8 de mayo la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el procesado será remitido a la cárcel o será beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
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El Ministerio Público imputó y pidió prisión preventiva para el exministro de la SEN Joaquín Roa por cohecho pasivo agravado, soborno y lavado de dinero. Así también, se imputó por este mismo hecho punible a Alberto Koube, quien habría entregado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución.
“Joaquín Roa, en el mes de agosto del 2018, habría recibido de Alberto Koube Ayala, representante legal del grupo Tapyracuai SA, una embarcación de la marca Azimut AZ 42 importada, cuyo valor en el mercado ascendería a USD 450.000 a cambio de licitaciones públicas convocadas por la Secretaría a su cargo y, desde entonces, habría adjudicado únicamente a Alberto Koube con más licitaciones, que además presentarían sobrefacturaciones”, dice el acta de imputación del Ministerio Público.
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Detienen a una de las personas que habría secuestrado a un niño en Canindeyú
Desde la Policía Nacional reportaron que lograron detener este viernes a una de las personas que habrían secuestrado a un niño de 5 años, hace unas semanas en el departamento de Canindeyú. El hombre será trasladado hasta Asunción y será puesto a disposición del Ministerio Público.
Según el comisario Nimio Cardozo, del Departamento de Antisecuestro, pasado este mediodía lograron detener a esta personas que ya era buscada por la justicia en el caso del secuestro de un menor en la localidad de Villa Ygatimí. El procedimiento se realizó en la vía pública, donde se incautaron varias evidencias.
“Se procedió a la aprehensión de una persona que estaba siendo buscada por la vinculación directa al hecho de un menor de 5 años. Sería uno de los autores, lo tenemos identificado porque el número de teléfono que usó para las negociaciones es el mismo que utilizó después”, indicó el comisario en entrevista con C9N.
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Resaltó que esta persona fue identificada como Jorge Blas Marmolejo López, quien se deshizo del aparato celular con el que negoció con familiares del niño, pero luego siguió usando el mismo número. “El día que se habilitó el simcard las personas estaban a bordo de un automóvil y Marmolejo estaba conduciendo el mismo vehículo a la hora de su detención”, puntualizó.
Al momento de su detención el sospechoso se encontraba acompañado de su esposa, pero aparentemente no estaría relacionada al secuestro. “El hombre fue detenido en la misma zona donde fue secuestrado el niño. Presumimos que esta personas estaría vinculada al cultivo ilegal de cannabis”, concluyó.
El secuestro se habría reportado el pasado 20 de agosto en el departamento de Canindeyú. La víctima fue un niño de 5 años, quien fue llevado de los brazos de su madre por dos personas que estaban a bordo de una motocicleta y le exigieron que lo entregue, pero fue liberado dos horas después.
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Justicia ordena que médicos cirujanos de Pediatría presten servicio en IPS
La Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social promovió una acción de amparo judicial, en el que obtuvo una medida cautelar para que los médicos cirujanos del área de Pediatría no interrumpan los servicios de cirugía de urgencia en el citado centro asistencia. La resolución fue firmada por la jueza penal de Garantía de Turno de Asunción, Clara Ruiz Díaz.
Los profesionales de la salud, en cumplimiento de un comunicado de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, tomaron una medida de fuerza para reivindicar sus derechos relacionados con la carga horaria, de 12 horas, conforme a la Ley 3137 “Que establece la significación salarial y la carga horaria de los profesionales médicos que prestan servicios dentro del Sistema Nacional de Salud”.
Esta ley dispone con claridad que la implementación será gradual, sin embargo, los médicos pretenden, a través de una medida de fuerza de “brazos caídos”, acceder inmediatamente a este derecho.
El pedido de IPS resalta que la disposición del Círculo de Médicos y la negativa misma de los profesionales de la salud de cubrir los turnos en horario extraordinario atenta contra el derecho a la salud y la vida de niños y adolescentes, en violación de la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes vigentes, sobre todo contra el principio fundamental de “interés superior del niño y el adolescente”.
Asimismo fueron denunciados casos concretos de niños que, por patologías diversas, tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente con anestesistas y cirujanos para adultos.
La resolución judicial ordena como medida de urgencia que los médicos Juan José Escauriza Ortiz, Carlos Esteban del Puerto Flores, Néstor Waldemar Argüello Duarte, Carla Fabiola Espínola Gómez, Claudia Patricia Díaz Lugo, Matsumura Kiichiro, Enrique Domingo Taboada Benítez, Mónica Beatriz Martínez Saldívar y Liliana Machuca Vargas, médicos cirujanos del servicio de Pediatría del Hospital Central del IPS de y de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, presten atención médica en los horarios y turnos establecidos por la Dirección Médica del Hospital Central y la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica a los asegurados, niños y adolescentes, que requieran cirugías pediátricas en horario extraordinario y garanticen el libre ejercicio profesional a los médicos que deseen cubrir esos turnos, para salvaguardar la salud y la vida de los niños que requieran atención medica quirúrgica de urgencia.
En caso de que los mismos no quieran acatar la presente resolución judicial, se podría remitir los antecedentes al Ministerio Público por desacato a una orden judicial y los médicos podrían ser imputados.
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Seprelad sugiere avanzar con ley de transparencia de las oenegés
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad) remitió una nota al Senado en la que fundamenta la necesidad de avanzar con la aprobación del proyecto de ley que busca establecer mecanismos de transparencia a las organizaciones sin fines de lucro que actúan o trabajan influyendo en políticas públicas o través de alianzas con instituciones estatales. El ente recalcó el riesgo de que las oenegés sean utilizadas para hechos de corrupción, delitos financieros, financiamiento político, etc.
- Unidad de Investigación
- Nación Media
Lavado de dinero, hechos de corrupción y otros delitos financieros. Estos apenas son algunos de los puntos por los que la Seprelad considera necesaria la aprobación del proyecto de ley que busca transparentar los fondos que reciben oenegés que operan en Paraguay.
Según el documento firmado por Liliana Alcaraz, titular de la Seprelad, esta normativa es crucial para prevenir que dichas organizaciones sean utilizadas para fines ilícitos, como el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros.
En la nota dirigida al senador Derlis Maidana, Seprelad resalta el riesgo potencial que representan las oenegés en Paraguay si no se implementan regulaciones adecuadas. La institución advierte que estas entidades, al no estar debidamente controladas, podrían ser vulnerables a ser utilizadas como vehículos para el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros, especialmente aquellas que operan en áreas sensibles como la caridad, la asistencia social, la educación, y el desarrollo económico y religioso.
De hecho, sobradas evidencias muestran que algunas oenegés financiadas desde el exterior se convirtieron en guaridas de políticos que se dedican a una real campaña de persecución contra sus adversarios, con lo que se puede deducir que se volvieron un elemento de financiamiento encubierto de ciertos sectores políticos.
La Seprelad sostiene que una regulación prudencial del sector es imperativa, basándose en una Evaluación Sectorial de Riesgo (ESR) realizada en 2019. Esta evaluación concluyó que las oenegés que operan en Paraguay, especialmente en sectores como la asistencia social y la educación, presentan un mayor factor de vulnerabilidad. La razón principal es que muchas de estas organizaciones no están bancarizadas ni cuentan con políticas de transparencia adecuadas. Además, podrían estar vinculadas con socios o redes en jurisdicciones que han sido blanco de ataques terroristas o que tienen altos niveles de riesgo.
El informe de 2019 también señaló la ausencia de políticas de debida diligencia para identificar a los donantes y beneficiarios de las oenegés, así como la falta de procedimientos de control interno y registro de donaciones y fondos utilizados. Estos vacíos, según Seprelad, facilitan el uso indebido de estas organizaciones para actividades ilícitas o el lavado de activos ligados al financiamiento político, tráfico de armas vía bancos y financieras, que pasan a constituirse en ejes de investigación de la Comisión Bicameral recientemente conformada en el Congreso.
VARIOS SECTORES EXPUESTOS AL RIESGO
El informe de la ENR también destacó que, aunque hasta la fecha no se han identificado casos concretos de oenegés utilizadas por entidades terroristas en Paraguay, las organizaciones que se dedican a la caridad, la educación y los servicios sociales siguen siendo las más expuestas a estos riesgos. Esta vulnerabilidad fue reiterada en la Evaluación Sectorial de Riesgos de 2019, lo que refuerza la necesidad de contar con un marco regulatorio adecuado.
Con base en estos análisis, la Seprelad considera fundamental la adopción de una ley que regule de manera prudencial el sector de las oenegés en Paraguay. Esta legislación no solo mitigaría los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sino que también alinearía al país con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Durante una evaluación realizada por el GAFILAT, la observancia de estos estándares por parte de Paraguay fue calificada de forma regular, destacándose la ausencia de una normativa adecuada para el sector de las oenegés.
En conclusión, la Seprelad insta al Senado a considerar seriamente la aprobación de este proyecto de ley. La falta de una regulación adecuada pone en riesgo no solo la transparencia y la legalidad de las oenegés que operan en Paraguay, sino también la seguridad financiera del país en general.
USADAS PARA ESCONDER A POLÍTICOS
El proyecto de ley exige que las OSFL registren en sus estatutos sociales las identidades de sus constituyentes, su objeto, y sus fuentes de financiamiento. También deberán llevar un libro de registro del financiamiento, ya sea nacional o extranjero, público o privado, y detallar el uso y destino de los fondos recibidos con la correspondiente documentación de respaldo.
El caso de Soledad Núñez y Bruno Defelippe ilustra cómo algunas OSFL han logrado manejar fondos millonarios. La pareja, que comenzó como voluntarios, ha tejido una extensa red de negocios operando bajo el disfraz de organizaciones sin fines de lucro, todas articuladas a través de la empresa de Defelippe, utilizando la apariencia de “alianzas” y contando con la participación de un selecto grupo de amigos. Esta red moviliza miles de dólares provenientes de organismos multilaterales, con la correspondiente contrapartida estatal, financiando proyectos que generan lucrativos contratos de consultoría y emprendimientos dirigidos a su círculo cercano.
Días atrás, Nación Media reveló la manera en la que algunas oenegés recibieron fondos extranjeros y nacionales que terminaron en manos de supuestos representantes de la sociedad civil, pero que en realidad hacían política proselitista.
Un convenio firmado el 10 de setiembre de 2020 (tiempos duros de la pandemia) daba inicio a lo que fue la gran alianza del gobierno de Mario Abdo Benítez y políticos de la oposición que fungían y fungen de representantes de la sociedad civil organizada. La figura para activar, financiar estos grupos de políticos aliados contra un sector bien definido del Partido Colorado es el acuerdo de Asistencia para el Desarrollo de USD 50 millones entre la administración de Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El compromiso estimado de Usaid en 5 años de vigencia del convenio es de USD 44,4 millones y la contrapartida local establecida es de USD 5 millones.
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Extraditan al Brasil a un hombre buscado por drogas y otros
Desde las 12:10 de hoy se lleva a cabo el proceso para la extradición del ciudadano paraguayo Rodrigo Alvarenga a la República Federativa del Brasil. El citado es requerido por el juzgado Federal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, del vecino país, por la supuesta comisión de los hechos punibles de Ley de drogas, Organización Criminal y Lavado de Dinero.
Una vez resuelta la extradición de Alvarenga Paredes, el juzgado penal de Garantías N.º 2 de la capital a cargo de Alicia Pedrozo comunicó al fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Dolán, que el extraditable se encontraba apto para ser entregado en el territorio nacional, de conformidad a las previsiones del Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del Mercosur (Ley 2753/2005).
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Fue así que las autoridades competentes del Brasil remitieron el itinerario de búsqueda para la efectiva extradición y se pactó la entrega en el Aeropuerto Internacional “Silvio Pettirossi”, para su inmediato traslado al Brasil.
Colaboró en el acto procesal y diligencias para el cumplimiento de dicha extradición el agente fiscal, Giovanni Grisetti, quien en su momento actuó de interino de Doldan en este proceso. Cumpliendo de esa manera con los parámetros legales nacionales e internacionales asumidos como País.
Una vez que llegue al Brasil el extraditable deberá comparecer ante un juez para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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