El fiscal Andrés Arriola recurrió a la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia vía acción de inconstitucionalidad donde pide que se deje sin efecto la resolución judicial de entrega de vehículos incautados a la firma Alfacom S.R.L y Alfredo Galvalisis.
El representante del Ministerio Público presentó la acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución del Tribunal de Apelación que dispuso que la mencionada empresa y el procesado recuperen la administración de los rodados incautados que están en poder de la Senabico.
Los ministros César Diesel, Víctor Ríos y Gustavo Santander deberán estudiar si corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público para evitar que se pueda devolver los bienes incautados.
Ramírez fue sobreseído provisionalmente en la causa penal por lavado de dinero y asociación criminal, donde según la investigación del Ministerio Público, la empresa Alfacom SRL supuestamente recibía el dinero sucio de casi todos los patrones del hampa fronterizo y compraba estos vehículos de alta gama de las principales concesionarias de Asunción.
En el escrito de la acción señala el fiscal Andrés Arriola que el Tribunal de Apelación no ha tenido en cuenta la ley 6431/2019 al momento de resolver el presente caso en vista a que con relación al eventual levantamiento de medidas cautelares vigentes sobre los bienes individualizados en la causa, aún se podría establecer o iniciar una investigación de índole patrimonial.
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Investigación fiscal
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Alfredo Galvalisis Ramírez y Graciela Ester Paniagua de Galvalisis han formado la empresa ALFACOM SRL que, según la investigación, serviría de intermediaria en la compra y venta de bienes, operaciones que presuntamente eran respaldadas con dinero proveniente de grupos criminales dedicados al tráfico de drogas.
Luego, la citada empresa habría comprado varios vehículos ante las grandes concesionarias del país para luego venderlos nuevamente a grupos de personas físicas y jurídicas relacionadas a actividades criminales y de esa forma eludir los controles de los órganos estatales para integrar el dinero ilícito en el flujo del sistema económico nacional.
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