En la tarde de este lunes se dio a conocer el pedido de imputación planteado por la fiscala Estefanía González al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Ramón Jiménez Gaona y a otros dos exfuncionarios, Martha Regina Benítez y Alcides Alcaraz, todos por lesión de confianza.
La imputación se da en el marco de la investigación por el caso metrobús. La decisión fue asumida por la representante del Ministerio Público luego de tomar declaración indagatoria a los presuntos implicados, que se habría dado en febrero pasado.
El juez Humberto Otazú será el encargado de entender en la causa y quien deberá resolver si acepta o no la imputación planteada por la fiscala González, quien solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión, además pidió la medida cautelar de inhibición general de enajenar y gravar bienes.
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Asimismo, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantía una fianza real o personal suficiente, la prohibición de cambiar de domicilio y salir del país sin previa autorización del juzgado de los imputados, según el acta presentada en la tarde de este lunes.
La fiscala González solicitó un plazo de seis meses para presentar requerimiento conclusivo en contra de cada uno de los implicados, ya sea la acusación o el pedido de sobreseimiento. Queda en manos del juzgado resolver el pedido.
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Fiscalía pidió prisión para camionero detenido con más de 1.800 kilos de marihuana
Ciudad del Este. Agencia Regional
El fiscal Elvio Aguilera Vázquez, de la unidad Antidrogas, procesó y pidió la prisión del camionero detenido que transportó 1.800 kilos de marihuana prensada. Se trata de Roque Daniel Núñez (35), imputado por tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes. La carga estaba en un doble fondo de un tracto-camión.
La intervención de Antinarcóticos de la Policía de Alto Paraná que derivó en el hallazgo de la gran cantidad de drogas y la aprehensión del conductor, se registró ayer 18 de noviembre, alrededor de las 14:30, sobre la Ruta PY07 (antigua supercarretera), en la comunidad de Troncal 3, distrito de Minga Porá, Alto Paraná.
El hoy procesado se encontraba al mando de un Scania, color blanco, con matrícula AADL606, con carreta de color rojo, chapa AAAK 141, que transportaba 1.888 kilos de marihuana prensada, distribuidos en 555 paquetes pequeños y 45 paquetes grandes.
El cargamento provenía de la zona norte del país y tenía como destino Ciudad del Este. Las drogas estaban ocultas en un compartimiento de doble fondo ubicado en la carreta del camión, preparado especialmente para este fin, según el reporte policial y consignado en el acta fiscal.
La detección de la carga fue mediante un trabajo de inteligencia realizado por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, quienes montaron una vigilancia y retuvieron el camión de gran porte, durante un control sobre la carretera.
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El camión parecía estar vacío, pero al ser inspeccionado más detalladamente, los agentes percibieron que la carrocería presentaba modificaciones recientes, según argumentó el fiscal Antidrogas.
Agrega el reporte que la estructura tenía placas de madera terciada sobre el plano de la carrocería, cubiertas con una capa de cal en polvo, lo que hizo suponer la existencia de un compartimiento oculto, diseñado específicamente para el traslado de la droga.
Los intervinientes retiraron las placas de madera y descubrieron una gran estructura de hierro que cubría todo el plano de la carreta, con varios espacios de aproximadamente 15 centímetros de altura, llenos de paquetes de marihuana envueltos en cinta de embalaje.
Cerca de la cabina del camión, el compartimiento tenía una rampa que ascendía hasta unos 30 centímetros, y fue allí donde se encontraron 45 paquetes de mayor tamaño, envueltos en cinta de embalaje verde, azul y algunos con cinta transparente.
El personal policial antinarcótico detuvo al conductor e incautó el camión con el cargamento, siendo comunicado el hecho a la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico. El fiscal Elvio Aguilera, imputó a Roque Daniel Núñez y solicitó al Juzgado de Garantías que decrete su prisión preventiva.
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Imputan a una persona por el hurto de 413 celulares de alta gama
La fiscal Laura Giacummo presentó imputación por hurto contra Pedro Damián González Caballero, por haber presuntamente sustraído 413 aparatos celulares de diversos modelos de la marca Samsung, de una firma de plaza en donde el imputado prestaba servicios. Igualmente se solicitó al juzgado penal de Garantía la prisión preventiva del imputado.
Ahora el juzgado deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se va a definir si se decreta la prisión o se hace lugar a la aplicación de medidas alternativas a la prisión.
Los antecedentes del caso señalan que entre los meses de junio y noviembre de 2024 González Caballero se desempeñaba como ayudante de logística en la firma GAFI S.A., en el depósito ubicado en la calle Tte. Fariña 1052 de Asunción, junto con otras personas.
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Supuestamente el imputado habría quitado 413 celulares que estaban siendo utilizados para exhibición, que se encontraban guardados en el lugar. Los celulares que estaban dentro de seis cajas fueron supuestamente sustraídos luego de que las mismas hayan sido forzadas.
González Caballero fue detenido por la Policía Nacional y se sospecha que el perjuicio total que habría sufrido la empresa en cuestión rondaría los G. 700 millones. Los investigadores lograron recuperar 27 celulares que estaban guardados en la casa de un vecino del imputado.
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Caso Bataglia: IPS aguarda que juez se ratifique y se oponga a blanqueo
El Ministerio Público se ratificó en la posición de desestimar la denuncia contra Vicente Bataglia por el desfalco de G. 1,6 billones al Instituto de Previsión Social (IPS). Desde la previsional confían en que el juez Humberto Otazú sostendrá su postura de oponerse a dar fin a la investigación, puesto que en la misma resolución mencionó que hay indicios de hechos punibles.
“Estamos confiados en que el juez va a dar nuevamente trámite de oposición teniendo en cuenta que en su providencia él considera que hay indicios suficientes de hechos punibles. También nos parece que es muy apresurada la desestimación del Ministerio Público, en menos de 12 horas volvió a ratificar su desestimación, fue un copiar y pegar el escrito inicial”, cuestionó el asesor jurídico del IPS, José González.
En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que desde las perspectivas de la previsional, la Fiscalía no realizó todas las diligencias pertinentes, puesto que el propio IPS solicitó sin éxito la realización de las mismas en más de 20 oportunidades y tampoco se realizaron las pericias contables para determinar si hubo o no perjuicio patrimonial.
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“Consideramos que es contradictoria la desestimación del Ministerio Público, porque en una parte de la propia conclusión dicen que analizados todos los elementos de la carpeta fiscal, concluyen que no hay indicio de hechos punibles, pero en el siguiente párrafo ellos dicen que no contaban con toda la información, quiere decir que no investigaron por completo”, aseveró.
González mencionó que en la carpeta fiscal no se menciona ni se adjuntan pruebas que respalden que no existió el perjuicio patrimonial que se le adjudica a Bataglia y, además de esto, la conclusión parte de premisas falsas, puesto que los informes de Contraloría y de la auditoría externa al IPS arrojan hallazgos importantes, detalló.
“Es mentira que no estaban al tanto”, sentenció el asesor respecto a la versión de la Fiscalía que desconocían que una nueva auditoría al IPS por parte de la Contraloría estaba en curso y afirmó que la previsional informó sobre este procedimiento al Ministerio Público. Igualmente, mencionó que existe un cierto nivel de desconfianza hacia la forma que se lleva adelante esta investigación.
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Caso Bataglia: fiscales tienen 10 días para volver a examinar reportes de hechos punibles
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú indicó que el equipo de fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez cuenta desde este miércoles con 10 días hábiles para volver a examinar los reportes de indicios punibles emitidos por la Contraloría que hacen mención a un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1,6 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente de la entidad, Vicente Bataglia.
“Ayer martes se sugirió la providencia de oposición. Este juzgado entiende que es necesario que el Ministerio Público vuelva a examinar con mayor detenimiento los puntos u observaciones que hizo la Contraloría”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El magistrado acotó que “en esta primera etapa de este trámite los fiscales intervinientes pueden ratificarse de lo que ya han suscrito o pueden rectificar”. Sostuvo que “a partir de hoy disponen de 10 días hábiles para poder hacer ese análisis, lógicamente eso queda al arbitrio de los agentes si se utilizará o no todo esos plazos”.
De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública, por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que puedan proseguir la investigación.
El médico es investigado por lesión de confianza y estafa. También sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina, quienes fueron señalados por ocasionar un daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.
El 31 de octubre pasado los agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría y un grupo de parlamentarios de la oposición bajo el argumento que durante la etapa investigativa se logró colectar todas las documentales e informaciones, incluso testimonios, que permiten sostener que no existen los presupuestos requeridos para la configuración de los supuestos hechos punibles denunciados.