El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Víctor Ríos aseguró que nunca ordenó la suspensión de la ejecución de alguna condena en la sala constitucional. Esta declaración la realizó ante una acusación realizada por el ministro e integrante de la sala penal Manuel Ramírez Candia, quien manifestó que no se pueden ejecutar las condenas porque los sentenciados recurren a la sala constitucional a través de la acción de inconstitucionalidad a fin de evitar el cumplimiento de la condena.
Ríos enfatizó que no se registró ninguna prescripción ni extinción a raíz de algún fallo que estaba pendiente en la sala constitucional.
Igualmente, el alto magistrado dio a conocer cifras de expedientes que ingresaron a la sala constitucional: desde el 2019 hasta el 2023 hubo un total de 12.593 expedientes. De esa manera, los detalles por año indican que en el 2019 entraron 3.076 expedientes; en el 2020, 3.022 documentos; en el año 2021, 3.301 expedientes; en el 2022, 3.204 documentos y hasta la fecha en el 2023, 539 expedientes judiciales.
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El ministro Ríos indicó que en el año 2022 hubo 419 resoluciones de expedientes penales, de los cuales 17 son acuerdos y sentencias y 6 documentos de lugar a la acción y 11 de rechazo. Sobre las excepciones de inconstitucionalidad tuvieron 125 acuerdos de sentencias, todos fueron rechazados en el 2022.
Además, hubo 277 rechazos in límine. Finalmente, dijo que del año 2021 al 2022 se registró un aumento del 31% con respecto a los autos interlocutorios y 27% con respecto a los acuerdos y sentencia. Con relación a los acuerdos y sentencias del pleno se observó un incremento del 167%.
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Mario Abdo y su entorno siguen evadiendo a la Justicia
Unidad de Investigación Nación Media
El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varias personas de su entorno cercano siguen evitando someterse a la Justicia por las diversas irregularidades cometidas durante su gobierno. Esta semana, por ejemplo, debía arrancar el juicio al exministro Arnaldo Giuzzio, quien fue beneficiado con una nueva suspensión.
Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública. Varios de ellos siguen evitando sus procesos judiciales gracias a artimañas varias. El mismo Abdo Benítez, procesado, lleva varios meses paralizando el proceso que pesa en su contra por filtraciones de secretos a punta de chicanas.
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Giuzzio, el último beneficiado
El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tuvo tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Marqués. Las audiencias del juicio oral y público debían iniciarse el pasado 1 de julio, sin embargo, fueron postergadas y debían iniciar este martes 22 de octubre.
Pese a los tres meses de gracia que recibió, este lunes saltó a la luz que el Tribunal de Sentencia que debe entender en la causa de Giuzzio, postergó por tercera vez el inicio de las audiencias de juicio.
El exministro todopoderoso de Abdo fue acusado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado en carácter de autor. El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domicilio particular, según documentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afrontará juicio.
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Lo que dice la carpeta fiscal
Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Ministerio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
De acuerdo con los documentos que constan en la acusación presentada contra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicaciones con el narco brasileño en julio de 2021.
Según las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.
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La única condenada… hasta ahora
Como ya señalamos líneas más arriba, Giuzzio no es el único del entorno cercano del expresidente Abdo con cuentas pendientes en la justicia. Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del período anterior están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.
Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió en abril pasado en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión.
De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.
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Otro amigo de narcos
Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante. Fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY.
En noviembre pasado, la Fiscalía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.
Abdo, Arregui, Fernández, Giuzzio y Espínola
La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.
La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.
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Brasil: X debe pagar USD 1,8 millones de multa
Un juez de la corte suprema de Brasil negó ayer viernes un levantamiento inmediato de la suspensión a la red social X en el país y condicionó la reactivación de la plataforma al pago de una multa por 1,8 millones de dólares. En la decisión, el magistrado Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal, señaló que “para que X Brasil vuelva inmediatamente a sus actividades” en el país debe pagar una multa de 10 millones de reales (1,8 millones de dólares).
Según el juez, la plataforma propiedad del magnate Elon Musk será penada por incumplir durante dos días sus órdenes de suspender el uso de un servidor que le permitió eludir temporalmente la semana pasada el bloqueo. Moraes también condicionó el regreso de X a que su representante legal en Brasil, Rachel de Oliveira Villa Nova, pague una multa por 300.000 reales (unos 55.000 dólares).
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El antiguo Twitter está suspendido en el país más poblado de América Latina desde el 31 de agosto por orden de Moraes, que lo acusó de incumplir órdenes judiciales que le exigían retirar cuentas acusadas de desinformar y nombrar un representante legal en Brasil.
Pero el miércoles pasado la red social volvió a estar ampliamente accesible en Brasil gracias a una maniobra técnica que le permitió eludir el bloqueo, antes de dejar de funcionar de nuevo al día siguiente, tras acatar una orden de la justicia. Desde entonces, la empresa comenzó a cumplir los pedidos de la justicia brasileña para volver a funcionar, como nombrar una representante legal en Brasil.
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El jueves, afirmando ya haber cumplido con todas las exigencias judiciales, pidió su restablecimiento en Brasil, donde hasta su suspensión tenía 22 millones de usuarios. En un tuit publicado en su cuenta de Asuntos Gubernamentales Globales, X dijo estar “dedicado a proteger la libertad de expresión dentro de los límites de la ley” y que respeta “la soberanía de los países” donde opera.
Alexandre de Moraes y Elon Musk sostienen una pulseada en torno a los límites de la libertad de expresión. Tras la suspensión de X, Musk tildó al juez de “dictador malvado”. Moraes, por su parte, acusa a la plataforma de permitir la propagación de información que atenta contra la democracia.
Fuente: AFP.
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Superintendencia de Salud aplica nuevas medidas a empresas por deudas impagas
La Superintendencia de Salud tomó nuevas acciones en contra de empresas de medicina prepaga por incumplimiento de las normas establecidas por este organismo rector. Corresponden a medidas por deudas impagas que hacen que las prestadoras no puedan seguir operando con solvencia en el mercado y por ende se ordenó suspender la incorporación de nuevos asegurados.
“Veníamos haciendo un relevamiento y auditorías contables a todas las empresas de medicina prepaga que la Ley así nos obliga. En ese control constatamos algunas irregularidades entre ellas la declaración de unas deudas de más de 90 días con una cantidad importante”, señaló el superintendente Roberto Melgarejo al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Se trata de cuentas impagas que las propias entidades declararon que están teniendo con proveedores de bienes y servicios con los cuales tienen contratos. “La ley 2319 de la Superintendencia es muy clara en el sentido de que puntualmente dice que toda empresa que tenga deudas con proveedores y demás por más de 90 días debemos tomar un acto preventivo”, fundamentó.
Morosidad de tres meses con proveedores
El superintendente de Salud y exembajador en Italia manifestó que se tomó la decisión de “suspender la inscripción de nuevos adherentes, afiliados o asegurados de ahí en más”.
La mora de tres meses en el pago a ciertos proveedores obligó a la Superintendencia hacer uso de sus atribuciones y actuar en consecuencia. Sin embargo, el doctor Melgarejo aclaró que las entidades prestadoras de salud seguirán funcionando aunque ya sin posibilidades de ingresar nuevos socios, hasta que subsanen el problema financiero que afrontan. Una de las firmas afectadas es Docto S. R. L.
“Por el momento la única decisión tomada el día de ayer fue el de la suspensión de nuevos adherentes. Eso no significa de que ellos sigan cumpliendo sus obligaciones con los contratos que ya tienen en vigencia. O sea con sus asegurados ellos no tendrían que tener ningún inconveniente”, puntualizó.
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Víctor Ríos es el liberal más fuerte para la presidencia de la República, según Ovelar
El senador Silvio “Beto” Ovelar se adentró en el debate prematuro que surge apenas a un año del nuevo gobierno dentro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y otros sectores opositores sobre posibles candidatos para las elecciones presidenciales del 2028.
Según la mirada política del dirigente del departamento de Caaguazú, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Víctor Ríos, es el liberal con más fuerza para enfrentar a la Asociación Nacional Republicana (ANR) en unos comicios en busca de la silla presidencial.
“El más fuerte de los candidatos liberales para la presidencia de la República no es el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, ni el senador Eduardo Nakayama. Se encuentra en la Corte Suprema de Justicia y es Víctor Ríos, quien es un zoon politikón por la manera en que actúa. El político de raza busca el poder, no me extrañaría que si se da un escenario de consenso en la oposición Ríos aceptara, pero él no se tirará en una pileta sin agua”, sostuvo al canal TV Aire Coronel Oviedo.
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El parlamentario acotó: “Si el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, la exsenadora Kattya González y todos ellos, le garantizan a Ríos la posibilidad de que él va a encabezar la chapa presidencial en una Concertación, yo aseguro que va a renunciar a su cargo como ministro de la Corte Suprema de Justicia”.
En el sector de los liberales ya se inició la danza de nombres de potenciales candidatos a ocupar el Palacio de López. Se cita por ejemplo al senador Éver Villalba, Estigarribia y al empresario Norman Harrison. Mientras que otros opositores ya hicieron pública sus pretensiones de pujar por el máximo cargo del Poder Ejecutivo, entre ellos se encuentra Prieto y Nakayama.
También ya se produjeron renunciamientos como el caso del exsenador y presidente del Partido Cruzada Nacional, Paraguayo “Payo” Cubas, quien anunció días atrás que respaldará el proyecto político de Prieto.