La Junta Municipal de Asunción resolvió declarar ciudadanos ilustres a los doctores Gustavo González Morel y a Víctor Ríos por su “extensa y meritoria carrera profesional en el ámbito jurídico”. La propuesta de declaración fue presentada por el presidente del cuerpo legislativo, el concejal César Escobar.

Dentro de la exposición de motivos presentado por el edil para entregar dicho reconocimiento, manifestó que ambos profesionales recibieron el postdoctorado en Derecho por parte de la Universidad de Bolonia en Italia, “la casa de estudios más importante y antigua del mundo”, expresó.

Asimismo, añadió que esto representa la primera vez que dos compatriotas obtienen este título, por lo que representa un logro para el país. “Pasan a formar parte de la historia como los primeros paraguayos que obtienen un postdoctorado en la universidad donde nacen todos los antecedentes del estudio del derecho civil greco romano”, reza el documento.

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El doctor Gustavo González Morel es vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), es abogado, notario y escribano público, magíster en derecho procesal civil y doctor en derecho, presidió la Academia Literaria de su colegio en 1991. En el 2004 fue designado como tercer árbitro de la República del Paraguay ante los Tribunales Arbitrales del Mercosur, entre otros logros más.

En tanto, Víctor Ríos es ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde el 2021, es doctor en ciencias jurídicas, especialista en derecho penal, ejerció la docencia en diversas casas de estudio, es rector de la Universidad Nacional de Pilar. Además tiene una carrera política y fue electo como diputado para el periodo 2008-2013 y posteriormente fue reelecto, además de ocupar una banca en el Senado para el periodo 2018-2023.

La distinción de ciudadano ilustre se entrega a personalidades nacionales o extranjeras que hayan contribuido relevantemente a la comuna y ostenten algunas de las siguientes condiciones, rectores, decanos o profesores universitarios, intelectuales e investigadores, militares, capellanes y sus equivalencias en las distintas regiones.

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Unidad de Investigación Nación Media

El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varias personas de su entorno cercano siguen evitando someterse a la Justicia por las diversas irregularidades cometidas durante su gobierno. Esta semana, por ejemplo, debía arrancar el juicio al exministro Arnaldo Giuzzio, quien fue beneficiado con una nueva suspensión.

Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública. Varios de ellos siguen evitando sus procesos judiciales gracias a artimañas varias. El mismo Abdo Benítez, procesado, lleva varios meses paralizando el proceso que pesa en su contra por filtraciones de secretos a punta de chicanas.

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El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tuvo tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Marqués. Las audiencias del juicio oral y público debían iniciarse el pasado 1 de julio, sin embargo, fueron postergadas y debían iniciar este martes 22 de octubre.

Pese a los tres meses de gracia que recibió, este lunes saltó a la luz que el Tribunal de Sentencia que debe entender en la causa de Giuzzio, postergó por tercera vez el inicio de las audiencias de juicio.

El exministro todopoderoso de Abdo fue acusado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado en carácter de autor. El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domicilio particular, según documentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afrontará juicio.

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Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Ministerio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

De acuerdo con los documentos que constan en la acusación presentada contra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicaciones con el narco brasileño en julio de 2021.

Según las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camio­neta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.

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Como ya señalamos líneas más arriba, Giuzzio no es el único del entorno cercano del expresidente Abdo con cuentas pendientes en la justicia. Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del período anterior están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.

Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió en abril pasado en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión.

De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.

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Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante. Fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY.

En noviembre pasado, la Fis­calía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudi­cado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de bene­ficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secre­taría de Emergencia Nacional”.

La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secreta­ría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.

La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denun­cia falsa (art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de fun­ciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.

Un juez de la corte suprema de Brasil negó ayer viernes un levantamiento inmediato de la suspensión a la red social X en el país y condicionó la reactivación de la plataforma al pago de una multa por 1,8 millones de dólares. En la decisión, el magistrado Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal, señaló que “para que X Brasil vuelva inmediatamente a sus actividades” en el país debe pagar una multa de 10 millones de reales (1,8 millones de dólares).

Según el juez, la plataforma propiedad del magnate Elon Musk será penada por incumplir durante dos días sus órdenes de suspender el uso de un servidor que le permitió eludir temporalmente la semana pasada el bloqueo. Moraes también condicionó el regreso de X a que su representante legal en Brasil, Rachel de Oliveira Villa Nova, pague una multa por 300.000 reales (unos 55.000 dólares).

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El antiguo Twitter está suspendido en el país más poblado de América Latina desde el 31 de agosto por orden de Moraes, que lo acusó de incumplir órdenes judiciales que le exigían retirar cuentas acusadas de desinformar y nombrar un representante legal en Brasil.

Pero el miércoles pasado la red social volvió a estar ampliamente accesible en Brasil gracias a una maniobra técnica que le permitió eludir el bloqueo, antes de dejar de funcionar de nuevo al día siguiente, tras acatar una orden de la justicia. Desde entonces, la empresa comenzó a cumplir los pedidos de la justicia brasileña para volver a funcionar, como nombrar una representante legal en Brasil.

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El jueves, afirmando ya haber cumplido con todas las exigencias judiciales, pidió su restablecimiento en Brasil, donde hasta su suspensión tenía 22 millones de usuarios. En un tuit publicado en su cuenta de Asuntos Gubernamentales Globales, X dijo estar “dedicado a proteger la libertad de expresión dentro de los límites de la ley” y que respeta “la soberanía de los países” donde opera.

Alexandre de Moraes y Elon Musk sostienen una pulseada en torno a los límites de la libertad de expresión. Tras la suspensión de X, Musk tildó al juez de “dictador malvado”. Moraes, por su parte, acusa a la plataforma de permitir la propagación de información que atenta contra la democracia.

Fuente: AFP.

La Superintendencia de Salud tomó nuevas acciones en contra de empresas de medicina prepaga por incumplimiento de las normas establecidas por este organismo rector. Corresponden a medidas por deudas impagas que hacen que las prestadoras no puedan seguir operando con solvencia en el mercado y por ende se ordenó suspender la incorporación de nuevos asegurados.

“Veníamos haciendo un relevamiento y auditorías contables a todas las empresas de medicina prepaga que la Ley así nos obliga. En ese control constatamos algunas irregularidades entre ellas la declaración de unas deudas de más de 90 días con una cantidad importante”, señaló el superintendente Roberto Melgarejo al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Se trata de cuentas impagas que las propias entidades declararon que están teniendo con proveedores de bienes y servicios con los cuales tienen contratos. “La ley 2319 de la Superintendencia es muy clara en el sentido de que puntualmente dice que toda empresa que tenga deudas con proveedores y demás por más de 90 días debemos tomar un acto preventivo”, fundamentó.

El superintendente de Salud y exembajador en Italia manifestó que se tomó la decisión de “suspender la inscripción de nuevos adherentes, afiliados o asegurados de ahí en más”.

La mora de tres meses en el pago a ciertos proveedores obligó a la Superintendencia hacer uso de sus atribuciones y actuar en consecuencia. Sin embargo, el doctor Melgarejo aclaró que las entidades prestadoras de salud seguirán funcionando aunque ya sin posibilidades de ingresar nuevos socios, hasta que subsanen el problema financiero que afrontan. Una de las firmas afectadas es Docto S. R. L.

“Por el momento la única decisión tomada el día de ayer fue el de la suspensión de nuevos adherentes. Eso no significa de que ellos sigan cumpliendo sus obligaciones con los contratos que ya tienen en vigencia. O sea con sus asegurados ellos no tendrían que tener ningún inconveniente”, puntualizó.

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