Para la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de esta semana, se incluyó en el orden del día la iniciativa que busca aumentar las exigencias para integrar el Consejo de la Magistratura. El documento ya fue aprobado por Diputa­dos y tuvo modificaciones en el Senado, por lo que se trata de la tercera vuelta en el tra­tamiento legislativo.

Se trata del proyecto de ley “que modifica y amplía los artículos 2.° y 7.° de la Ley n.° 296/94 - Que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura (de los requisitos, de las designacio­nes y de los plazos”.

En la versión inicial, de la Cámara Baja, se modificaba solo el artículo 7 para ampliar los requisitos para la designa­ción de los representantes de ambas Cámaras del Congreso Nacional ante el organismo extrapoder. Esto con el objetivo de aumentar la rigurosidad en la selección de los candidatos para los miembros del Consejo.

Ya en el tratamiento de esta iniciativa, en la Cámara de Senadores se introdujeron modificaciones en el artículo 2, en la cual se establece que para ser miembro del CM se deben reunir los requisitos que se exigen en el artículo 263 de la Constitución Nacional, que establece como requisitos ser de nacionalidad paraguaya; haber cumplido treinta y cinco años; y poseer título universi­tario de abogado.

El abogado Ricardo Sasiain, miembro suplente del Consejo de la Magistratura, invita a la relación de hechos vinculados a los procesos que lo involucran tanto a él como a su esposa María Antonella Galli. La convocatoria está prevista para las 10:00 de este lunes 7 de octubre en salón de eventos Vanité, ubicado en Paseo Carmelitas sobre la calle Teniente Héctor Vera en Asunción.

“Estoy bajo un tipo de amedrentamiento mediático por así decirlo y una acusación totalmente infundada y descabellada, por lo que voy a demostrar con documentos, primero que no correspondía la acusación y segundo voy a anunciar la posible acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para el fiscal Alcides Corvalán”, expresó el abogado Sasiain.

En conversación con La Nación/Nación Media el profesional del derecho indicó que también evalúa presentar una denuncia ante el Ministerio Público por persecución de inocentes. Sasiain aseguró que la denuncia en su contra carece de fundamentos y que este hecho ya data desde hace más de dos años y persiste hasta la fecha.

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El suplente del CM había obtenido el sobreseimiento provisional y el Ministerio Público había establecido la realización de 15 a 18 puntos para la realización de las diligencias respectivas. “Cuando no hay mérito para acusar, pero nuestro sistema es tan perverso que no basta con ser inocente sino tenés que demostrar que sos súper inocente”, relató.

De acuerdo a lo expuesto por el abogado a La Nación, desde el inicio de la causa solicitó que se notifique a las personas que tenían los cheques con su nombre, de modo que quede constancia de que se había devuelto el dinero que se había sustraído supuestamente. “Pude realizar una diligencia en la cual vino un señor que dijo ‘el cheque que tengo yo me lo entregó María Eugenia Acosta’ con esa única diligencia tuvo que haberse extinguido la causa porque se demuestra la devolución del dinero”, indicó.

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Para el abogado, este hecho fue suficiente para demostrar que la denuncia en su contra fue “falsa y temeraria”, sin embargo, de todas formas se procedió a la imputación en su contra. “Este fiscal Alcides Corvalán acusa de algo totalmente descabellado y digno de nuestro sistema judicial de apriete”, refirió.

Este hecho se trata de la denuncia realizada en marzo del 2021 por María Eugenia Acosta Vallejos, gerente general de la firma Bioténica S.R.L. contra Sasiain y su esposa María Antonella Galli, quien se desempañaba como gerente financiera y administrativa de la mencionada empresa. Galli es acusada, entre otras cosas, de haber desviado fondos provenientes de 11 cheques a una cuenta bancaria que pertenecía a su marido.

Este jueves, una mujer denunció que fue cruelmente agredida por su vecina porque esta le requirió dinero. La supuesta agresora sería la administradora de un grupo denominado “Kuña Aty”, quien al parecer se molestó porque su vecina le pidió retirar su aporte. La víctima afirmó que se trató de una emboscada, porque anterior a eso la convocaron para entregarle el dinero. Sucedió en Encarnación.

La mujer agredida, identificada como Belén Cardozo, explicó que Águeda García era la tesorera de un grupo de mujeres que juntaba su dinero de forma semanal o mensual y lo guardaba en un banco, siendo una forma de ahorrar. Sin embargo, algunas de las integrantes decidieron salir del grupo y pidieron que lo guardado les sea devuelto.

“La cuenta estaba a nombre de ella y fue habilitada a pedido de una fundación, que nos ayuda porque somos madres solteras, pero para recibir estas cosas deben tener dinero ahorrado. En total somos 30 mujeres y se tenía guardado unos 11 millones de guaraníes”, comentó Cardozo, en entrevista con la corresponsal de Nación Media.

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Resaltó que tenían sospechas de que la tesorera usó parte del aporte y por esa razón ella le manifestó que necesitaba retirar su ahorro. “Le dije que tenía un familiar enfermo y siempre le decía que por favor me devuelva mi plata. Ella siempre decía que no podía, porque echó su cédula”, confirmó.

Apuntó a que durante cinco meses puso excusas para no entregar el dinero, pero ayer miércoles convocó a las mujeres para hacer la distribución. “Envío la ubicación para que podamos ir a retirar nuestros ahorros. Fuimos entre cuatro personas, pero nos emboscaron, golpearon y derramaron agua caliente”, indicó.

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Agregó que llegaron hasta la vivienda de la mujer que estaba bastante retirada de la zona y que ni bien llegaron fueron golpeadas. “La hermana de Águeda, Celia García me derramó el agua caliente, sin mediar palabras. Estamos seguras que hicieron esto porque pedimos el dinero y ya no tenía en su poder”, señaló.

Belén es trabajadora independiente, vende ropas y presenta quemaduras muy graves en el rostro como en todo el torso. “Ya hice mi denuncia ante el Ministerio Público. Pido justicia, me destruyeron totalmente mi rostro. No voy a poder trabajar ahora y quien va a mantener a mis tres hijos ahora, ellos dependen enteramente de mí”, concluyó.

La jueza penal de garantía Alicia Pedrozo rechazó el pedido de permiso para trabajar y ratificó el arresto domiciliario del empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya, procesado por lesión del derecho a la comunicación y la imagen por presumiblemente filtrarse contenidos sexuales sin consentimiento.

La defensa del procesado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien tendrá que analizar y decidir si corresponde confirmar la resolución firmada por la jueza Alicia Pedrozo.

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Actualmente, Montanaro guarda reclusión domiciliaria en un edificio céntrico de Asunción. Asimismo se dispuso varias reglas de conducta, como la prohibición de salida del país, prohibición de cambiar de domicilio, la obligación de acudir a la audiencia preliminar y una fianza real de G. 990 millones.

De acuerdo a la investigación, en fecha 10 de julio de 2024, Montanaro Bedoya habría compartido sin consentimiento a través de distintas plataformas de mensajería numerosas imágenes y vídeos de carácter sexual, presuntamente de su expareja.

Este hecho motivó que se realice la denuncia que descubrió el ilícito. La defensa del imputado puede apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que analizará si corresponde confirmar la resolución de la magistrada de Garantías.

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