El Ministerio Público abrió una investigación penal contra el extitular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, ante una denuncia en su contra por prevaricato. La causa estará a cargo de la agente fiscal María Estefanía González.
La decisión fue tomada el pasado 8 de marzo, tras la denuncia presentada por un grupo de supuestas víctimas de usura, representadas legalmente por el abogado Raúl Breuer. El documento ingresó el 30 de diciembre del año 2022 ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
El letrado había señalado que el exmagistrado rechazaba in limine acciones que debían ser tramitadas por la Sala Constitucional de la CSJ.
Esta es la segunda causa abierta contra el exministro, teniendo en cuenta que el pasado mes de noviembre el Ministerio Público designó a un equipo de agentes para indagar los hechos relacionados al contrato firmado por su hijo, Amílcar Fretes, y el ciudadano brasileño de origen libanés, Kassem Mohamad Hijazi, vinculado con el Hezbolá.
Supuestamente, el acuerdo entre ambos consistió en trabar la extradición del libanés a los Estados Unidos por la suma de 368.000 dólares. Allá era requerido bajo cargos de presunto lavado de dinero.
Fretes dejó la máxima instancia judicial el pasado 10 de marzo, tras cumplir 75 años de edad, límite establecido en la Constitución Nacional para ocupar el cargo.
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Imedic: fiscalía apeló leve condena de Patricia Ferreira y Nidia Godoy
Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.
Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.
Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.
Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.
Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.
Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.
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Muestra regional de APS destacó avances en el impacto de unidades de salud
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Se realizó hoy en Ciudad del Este la IV Muestra Departamental de Atención Primaria a la Salud, donde se destacó el impacto positivo del programa en la comunidad, según las autoridades sanitarias. Además del personal de salud, también participaron profesionales de otras áreas de salud pública y estudiantes universitarios.
Fueron destacados trabajos en investigación, casos clínicos y actividad de prevención en exposición fotográfica. “Atención Primaria de la Salud, transformando vidas, fortaleciendo comunidades”, es el lema que expuso la gestión de las 111 Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná.
Las presentaciones reflejaron el compromiso profesional con la prevención de enfermedades y la promoción de una vida más saludable, al estar cerca de cada comunidad, según expusieron el doctor Arturo Ramos, director de APS Alto Paraná y la directora regional de Salud, doctora Noelia Torres.
“Visibilizar el trabajo de la atención primaria en los territorios sociales y hacer conocer las investigaciones y el tipo de atención que brindan los profesionales en cada rama, fue el objetivo de la muestra”, según dijo a La Nación/Nación Media, el doctor Arturo Ramos.
“Como su nombre lo dice, la atención primaria es la primera atención de salud pública a la persona y, es importante hacer conocer los avances, que es lo que se compartió hoy, siendo reconocidos los buenos resultados durante la muestra”, agregó el médico.
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Reconocidos
La muestra regional tiene una actividad previa donde las USF ya van presentando los trabajos con los cuales compiten en las categorías citadas. Un jurado analiza y selecciona tres trabajos por cada una de las tres categorías. Los clasificados participaron de la muestra departamental y entre ellos fueron reconocidos los más sobresalientes.
Una de ellas es la USF de Península, Presidente Franco, que fue valorada por la estrategia de trabajo con la comunidad nativa a la que atiende, teniendo en cuenta las dificultades interculturales de abordaje, según el director de la APS.
La USF de Acaraymi quedó en primer lugar en casos clínicos, al exponer sobre el cumplimiento de protocolo, con la atención, tratamiento, derivación al segundo nivel y el seguimiento posterior cuando ya el paciente volvió al territorio de la unidad.
La USF de Santa Fe del Paraná fue destacada por su trabajo de seguimiento, tanto en visita domiciliaria como en consulta a domicilio.
“La visita del promotor de salud para recabar todos los datos, el agendamiento de una consulta médica domiciliaria y la consulta misma en la casa, como algo primordial en la prevención, fue expuesto en fotografías en la muestra”, explicó el doctor Ramos. Remarcó que la prevención es la esencia de la atención primaria.
Los reconocimientos fueron entregados por la directora de la Décima Región Sanitaria, doctora Noelia Torres; el asesor de Responsabilidad Social de la Itaipú, Rogelio Salaberry; el director de APS del Ministerio de Salud, doctor Miqueias Abreu y el doctor Arturo Ramos.
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Tras 18 días de investigación, fue encontrado abandonado un vehículo robado
En el barrio Barcequillo de la ciudad de San Lorenzo, a aproximadamente 800 metros de donde ayer agentes del Departamento de Automotores de la Policía Nacional realizaron un operativo que derivó en la detención de dos personas, fue encontrada abandonada la camioneta de alta gama robada hace exactamente 18 días del estacionamiento de un supermercado en la ciudad de Itá.
Los dos detenidos en el mencionado operativo son Claudio Ortega Vázquez y Francisco Mathias Sena Pereira; este último ya contaba con una orden de búsqueda y localización y antecedentes penales por hurto agravado; los intervinientes los sindicaron como los autores del robo de esta camioneta, ya que los mismos serían parte de una banda que se dedica a este tipo de ilícitos.
Tras la recuperación de la camioneta, el propietario Rodrigo Casco en conversación con el programa “Arriba Hoy” emitido por GEN y Universo 970 AM / Nación Media, relató que desde el día uno del robo le estuvo dando seguimiento al posible paradero del vehículo, ya que no perdían la esperanza de recuperarlo, destacando que es la herramienta de trabajo de la familia.
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“La verdad que estamos muy contentos y agradecidos con todos los intervinientes y con la ciudadanía que nos ayudó con la difusión; esta camioneta es nuestro medio de trabajo, nos ayuda para llevar el pan a nuestra casa y la pérdida de la misma fue un golpe muy grande. El vehículo fue rastreado por varios lugares, primero estuvo en la zona de la Villa Olimpia y después recién fue trasladado hasta San Lorenzo, donde al final abandonaron”, comentó Rodrigo Casco.
Cabe destacar que durante el operativo de ayer martes se incautaron de los equipos utilizados para inhibir el bloqueo de vehículos, un automóvil de la marca Toyota de color blanco en el que aparentemente se manejaban para realizar los robos, aparatos celulares y prendas usadas por el supuesto autor del robo.
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Acusan por mal desempeño en sus funciones ante el JEM a dos camaristas
El abogado Adrián Enríquez Rivas, en representación de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, presentó acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño contra los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, luego de haber -de forma llamativa- anulado la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por prevaricato que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún, quien había entregado presuntamente de forma irregular 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay.
De acuerdo al escrito presentado ante el JEM, los dos camaristas acusados actuaron de manera arbitraria y fuera de la ley violando el principio constitucional del debido proceso ya que juzgaron el fondo de la cuestión, situación que está prohibida.
Con la presentación hecha por el citado profesional del derecho, los integrantes del JEM deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra los camaristas Sánchez y Lovera Cañete y en caso de que los mismos sean enjuiciado podrían ser suspendidos en sus funciones.
El JEM está integrado por Alicia Pucheta, Enrique Bernis, Derlis Maidana, Orlando Arevalos, César Garay, Mario Varela, Manuel Ramírez Candia, y Alejandro Aguilera.
Acusación fiscal
En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay.
También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.
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