Este lunes 20 de marzo el Instituto de Previsión Social (IPS) debe informar a la jueza en lo civil y comercial de Asunción Lizza Reyes si digitalizó todos los documentos solicitados por la Contraloría General de la República en el pedido de medida cautelar que presentó el ente contralor para acceder a los documentos.
La citada magistrada había otorgado 20 días hábiles al IPS para que pueda realizar toda la digitalización e informar a la jueza Reyes, pero en caso de que las autoridades del ente previsional no cumplan con la resolución adoptada por la mencionada magistrada se exponen a un proceso penal por el delito de desacato a una orden judicial.
En el fallo de la jueza Reyes se menciona claramente que además que se digitalicen dichos documentos, sean remitidos al correo electrónico institucional de la Contraloría General de la República, los archivos resultantes de la digitalización. La resolución judicial aclara que la medida es dictada “bajo apercibimiento de la Ley N° 4.711/2012 ‘que sanciona el desacato de una orden judicial’, sin perjuicio del artículo 10 de la Ley N° 276/94″.
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El pasado 9 de febrero, el juez José Guillermo Trovato Fleitas resolvió intimar a la previsional a entregar toda la documentación requerida por la Contraloría. Fue ante la negativa del consejo de administración de proveer los informes requeridos por el ente contralor, en un emplazamiento que feneció el martes 7 de febrero sin respuesta, referente al pago a empresas proveedoras de medicamentos e insumos.
Tras la intimación, el IPS optó por enviar “camionadas de documentos” a la Contraloría y responsabilizó al ente de eventuales atrasos en el pago a proveedores de insumos y medicamentos. Sin embargo, desde la Contraloría se aseguró que nuevamente no se enviaron las documentaciones requeridas.
Desde el 15 de noviembre del año pasado, la Contraloría envió sendas notas al IPS, solicitando informes sobre la deuda de los US$ 250 millones que el instituto tiene con las farmacéuticas. Así también, se requirió información sobre los desembolsos hechos desde el ente previsional, aunque en ambos casos las consultas no fueron eficazmente respondidas por el IPS, conforme aseguraron desde la Contraloría.
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