Un equipo interinstitucional conformado por el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera, la Coordinación General de Supervisión de Penitenciarías de la CSJ, la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero Penal, y el Viceministerio de Política Criminal, llevó adelante la jornada de seguimiento de procesos judiciales de personas privadas de libertad, recluidas en la Penitenciaría Regional de Emboscada, según dio a conocer la Dirección de Comunicaciones de la Corte.
Asimismo, estuvieron presente en el penal de Emboscada la jueza penal de Ejecución de la Capital, Sandra Krischofer González; y las juezas de Garantías de Cordillera, Cinthya Paola Páez Mancuello y María Teresa Rodríguez Benítez.
El equipo técnico realizó el monitoreo y se interiorizó sobre los expedientes procesales de los internos recluidos en la Penitenciaría Regional de Emboscada, de acuerdo a los datos recabados.
Un total de 44 personas con causas viables justificadamente fueron censadas, previamente seleccionadas para el efecto, con el objeto principal de descomprimir el reclusorio y erradicar la morosidad en el sistema de justicia. Las personas privadas de su libertad tuvieron la oportunidad de manifestar inquietudes para la actualización de la situación procesal y aclarar dudas.
Asimismo, representantes de otros juzgados se constituyeron en el Penal de Emboscada Antiguo, a fin de brindar atención procesal integral a las personas privadas de libertad.
Estuvieron presentes el vicepresidente segundo del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera, Juan Silva; el director de la Penitenciaría Regional de Emboscada, Cristian Ortiz; y la viceministra de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Letizia Sanabria.
Podes leer: Asesinato en Taguató: ordenan detención de 11 testigos para que declaren en juicio oral
Dejanos tu comentario
Condenan a 4 años de cárcel a Miguel Servín, alías “Celular”, por tener título falso de abogado
Un tribunal de sentencia condenó a 4 años de cárcel al supuesto líder narco Miguel Ángel Servín, alías “Celular”, luego de ser responsable de haber falsificado su título de abogado para obtener su matrícula en la Corte Suprema de Justicia. El tribunal de sentencia integrado por Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y Yolanda Portillo dictó la sentencia condenatoria contra el procesado.
Los jueces de sentencia concluyeron que sí se probó el hecho con documentos y por sobre todo los testigos que declararon durante el desarrollo de la audiencia oral.
La acusación fiscal fue presentada por el hecho punible de producción de documentos no auténticos. De acuerdo a la investigación, en diciembre del año 2017 Miguel Ángel Servín y su presunto testaferro Hugo Meza habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos títulos de contenido falso.
Te puede interesar: Corte insta a nuevos defensores públicos a ejercer funciones con dedicación
Los títulos fueron expedidos supuestamente por la Universidad de San Lorenzo (UNISAL) y la Universidad Católica (UCA), pero los mismos eran apócrifos, puesto que los acusados ni siquiera fueron alumnos de las instituciones.
La fiscal Nathalia Silva refirió que el día de la fecha se presentó la directora de la UNISAL y también los firmantes del título, quienes desconocieron totalmente que ellos hayan emitido un título a favor del señor Miguel Servín, así como que el mismo ni siquiera se matriculó en dicha institución. Afirmó estar conforme con la decisión, teniendo en cuenta que la pena máxima es de cinco años.
Proceso por narcotráfico
Miguel Ángel Servín, alias Celular, está procesado igualmente por liderar un esquema de tráfico de drogas y lavado de dinero, en el cual sería pieza clave Hugo Meza Huespe, alias MH, quien manejaba los negocios de la banda a través de diversas actividades.
Dejanos tu comentario
Filizzola marcha contra impunidad, pero lleva una década de chicanas
- Por Juan Carlos Lezcano
El senador opositor Rafael Filizzola fue uno de los rostros de la supuesta marcha contra la impunidad y las injusticias que se inició el fin de semana en Caacupé. El legislador lleva más de una década sin responder ante la justicia por los hechos de corrupción por los que fue acusado.
Rafael Filizzola, exsenador y exministro del Interior de Paraguay, fue una de las figuras públicas que participó el lunes en una marcha contra la impunidad y la injusticia que se prevé continuar en distintos puntos del país. Las movilizaciones se iniciaron el fin de semana en Caacupé con un confuso objetivo si es por el acceso a la justicia o una medida de presión para el retorno de la expulsada Kattya González al Senado.
A simple vista, esta acción podría parecer un compromiso genuino con la causa ciudadana de exigir transparencia y rendición de cuentas en un país donde la corrupción y la falta de justicia son problemas estructurales. Sin embargo, la participación de Filizzola en este evento resulta, cuando menos, irónica, considerando las circunstancias que rodean su historial judicial y las estrategias que ha empleado en sus procesos legales.
Filizzola enfrentó varias causas judiciales relacionadas con su gestión como ministro del Interior entre 2008 y 2012. Entre las más destacadas, figura el caso conocido como las “Comisarías de Oro”, donde se lo acusa de lesión de confianza por la adjudicación irregular de un contrato de más de G. 1.100 millones para la construcción y reparación de celdas en comisarías. Según los fiscales, estas obras no fueron concluidas, se realizaron pagos anticipados indebidos y se generó un perjuicio de más de G. 400 millones al Estado.
A esto se suma el caso de la compra de helicópteros, en el que se lo acusa de irregularidades administrativas durante el proceso de adquisición. Aunque los detalles específicos de esta causa no son tan ampliamente conocidos como los del caso de las comisarías, ambos procesos han estado plagados de retrasos, apelaciones y controversias legales.
Las chicanas judiciales: un arma para evitar la Justicia
Lo que más llama la atención en las causas de Filizzola no son solo las acusaciones en su contra, sino las maniobras legales que han prolongado los procesos por más de una década. El uso de chicanas judiciales —estrategias legales destinadas a dilatar el avance de los casos— ha sido una constante. Incluso, en 2022, un juez declaró la prescripción del caso de las comisarías y sobreseyó definitivamente al exsenador. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema revirtió esta decisión en 2023, indicando que la causa no había prescrito y ordenando que se continúe con el proceso penal.
Además, en abril de 2024, la restitución de sus fueros por parte de la Cámara de Senadores generó indignación en amplios sectores de la sociedad. Esto permitió a Filizzola evitar ser llamado a juicio, al menos temporalmente, y provocó que el fiscal general del Estado presentara una acción de inconstitucionalidad contra dicha decisión.
En setiembre de 2024, las causas judiciales contra Filizzola han superado los diez años sin una resolución definitiva, y se encuentran pendientes de decisiones judiciales y posibles acciones legales adicionales
La ironía de la Marcha Contra la Impunidad
La participación de Filizzola en una marcha contra la impunidad no solo resulta contradictoria, sino también un ejemplo del doble discurso que tanto daño hace al sistema político y judicial de Paraguay. Mientras que públicamente se posiciona como un defensor de la justicia, en la práctica ha utilizado todos los recursos a su alcance para evitar enfrentarla plenamente.
La lucha contra la impunidad y la injusticia requiere de un compromiso real y coherente, no solo en palabras o apariciones públicas, sino también en los actos individuales. Resulta cuestionable cómo alguien que ha utilizado chicanas para prolongar procesos judiciales y que ha sido beneficiado por decisiones políticas que obstaculizan la justicia puede erigirse como un referente en una causa tan noble.
La participación de Rafael Filizzola en esta marcha pone en evidencia una desconexión entre el discurso público y la realidad de quienes deberían rendir cuentas ante la justicia. Esto no solo socava la credibilidad de quienes lideran estas causas, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la posibilidad de construir un Paraguay verdaderamente justo.
Si Filizzola realmente desea luchar contra la impunidad, debería comenzar por dar el ejemplo, enfrentando de manera transparente y sin obstrucciones los procesos judiciales en su contra. Solo entonces, su participación en marchas como esta tendría el peso moral y ético que la causa exige.
Te puede interesar: Ley de Transparencia sincerará rol de las oenegés ante la ciudadanía
Dejanos tu comentario
Régimen cerrado es clave para dar estabilidad al sistema penitenciario, afirman
Actualmente son dos los centros penitenciarios en los que está habilitado el régimen cerrado, ellos son el penal Martín Mendoza de Emboscada y el de Minga Guazú, a donde se destinan a las personas privadas de libertad con alto perfil criminológico y guardan reclusión en celdas individuales, sin contacto con los demás.
“El régimen cerrado especial es necesario para mantener o tratar de mantener la calma y demostrar el interés del Estado porque cambien las cosas dentro del sistema penitenciario que tan golpeado estuvo dentro de los últimos tiempos”, expresó Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal a la 650 AM.
Mencionó que a casi un año de la implementación de este régimen, varios representantes legales han accionado apuntando a que sus clientes pasen al régimen ordinario, pero de acuerdo al entendimiento del Poder Judicial, este sistema especial se adecua a las normas vigentes y es necesario para el ordenamiento penitenciario.
Lea también: Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción
“En el régimen cerrado especial hay una capacidad para 82 personas de alto perfil, son celdas individuales, está destinado para aquellos con altas condenas o ligados al crimen organizado, personas que no se adecuan al sistema ordinario o que dentro del mismo son líderes dentro de esa penitenciaría y tienen a un grupo importante alrededor”, detalló.
El viceministro señaló que las personas de alto perfil no demuestran una predisposición a cumplir con los reglamentos de un centro penitenciario, por lo que son destinados a dicho régimen hasta que ellos mismos puedan tener las características para formar parte del régimen ordinario. Benítez indicó que se realizan evaluaciones por el organismo criminológico para determinar si son aptos o no para cambiar de régimen.
“Creo que para cualquier persona sería duro, más todavía para ellos que hacían lo que querían, seguían con sus operaciones desde las penitenciarías, estas personas nunca demostraron interés en dejar de cometer hechos punibles”, recalcó. Cabe destacar que la capacidad de reclusos de los dos centros es para 1.237 personas y cuentan en total con ocho pabellones.
Dejanos tu comentario
Triple choque en Sanber: jueza decretó prisión en la cárcel de Emboscada de Sanabria Vierci
La jueza penal de Garantía, Silvia Carolina Cáceres, decretó la prisión preventiva de Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque- San Bernardino.
Sanabria Vierci pasará a estar recluido en la penitenciaria de Emboscada una vez que tenga el alta médica. Asimismo, los médicos del centro asistencial donde está internado el imputado deberán informar del estado de salud al juzgado cada 24 horas.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, diligencia judicial llevada a cabo en el sanatorio privado.
La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.
En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.
La única que hasta el momento pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. La niña está internada luchando por su vida en el área de terapia intensiva del Hospital de Trauma. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.