El juez de Delitos Económicos, José Delmás, admitió la imputación por cohecho pasivo agravado y asociación criminal contra la fiscala Ana Girala, investigada por pedido de coima de G. 25 millones para beneficiar a un procesado cuya causa penal está tramitada en la unidad a cargo de la agente fiscal imputada.
Asimismo, el citado magistrado comunicó la imputación al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo al acta de imputación, gracias a la extracción del teléfono móvil de una de las funcionarias detenidas e imputadas se pudieron obtener elementos de sospecha suficientes para tomar la determinación de imputar a la fiscala Ana Girala, de la Unidad de San Lorenzo; su asistente Christi Magalí Ortega, la secretaria fiscal Griselda Beatriz Acha y el abogado Marcos Aurelio Velazco por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, soborno agravado y asociación criminal.
En el presente caso, el fiscal Legal había formulado imputación contra Liz Elena Martínez Robles, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín y Griselda Beatriz Acha Alcaraz por tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado con relación a la denuncia formulada ante la mencionada unidad penal por un hombre a quien habrían solicitado una suma de dinero a cambio de una salida para su hijo procesado por homicidio doloso. De acuerdo a la imputación, se trata de un pedido de G. 25.000.000 y posteriormente G. 7.000.000 que debía cumplir una vez realizada la audiencia preliminar.
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Acusan ante JEM a la fiscala Valdez
El abogado Adriano Enríquez, representante legal de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, presentó acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones contra la fiscala María Verónica Valdez Rivas.
La recusación es porque en tiempo récord pidió el blanqueamiento definitivo de la exjueza Tania Irún, procesada por prevaricato por entregar 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín.
De acuerdo al documento que deberá ser analizado por los integrantes del JEM, que señala que “el 3 de abril la imputada exjueza Tania Irún recusó a la fiscala Natalia Fuster, quien llevaba cuatro años recolectando los elementos probatorios contra la exmagistrada”.
Agrega que en la misma fecha que fue recusada la fiscala Fuster se le designó a la agente del Ministerio Público Valdez, quien estaba en un juicio oral cuando fue comunicada que entendería en la causa Irún por lo que se supone que no tuvo tiempo de mirar unas páginas de los 27 tomos de la carpeta fiscal que tiene el presente caso, por lo que su actuación llamaba poderosamente la atención”.
También se agrega que “del voluminoso cúmulo de actuaciones obrantes en el cuaderno de investigación elaborada por la fiscala Fuster es inédito que la fiscala Valdez en menos de doce horas y a través de un plumazo pretendió blanquear de forma alevosa a la exjueza Irún pidiendo su sobreseimiento definitivo cuando que no tuvo tiempo de revisar objetivamente la carpeta de investigación”, señala la acusación del abogado Enríquez.
VOTOS DE MINISTROS DE LA CORTE
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, integrantes del JEM, habían votado por la destitución de la entonces jueza civil Tania Irún por considerar que la misma ha violado abiertamente la Ley n.° 2532/05 de Seguridad Fronteriza. Ante la duda que genera la actuación de la fiscala Verónica Valdez el presente pedido de sobreseimiento definitivo deberá ser estudiado por el juez penal de Garantías Yoan Paúl López, quien podrá resolver dar trámite de oposición ante el pedido realizado por la mencionada representante del Ministerio Público. En caso de que sea así, será el fiscal general de Estado quien evaluará si se tienen los elementos de prueba para poder rectificar el requerimiento inferior y presentar la acusación correspondiente contra Irún.
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Acusan ante el JEM a fiscala por intentar blanquear a exjueza Tania Irún
El abogado Adriano Enríquez, representante legal de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, presentó acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones contra la fiscala María Verónica Valdez Rivas.
La recusación es porque en tiempo récord pidió el blanqueamiento definitivo de la exjueza Tania Irún, procesada por prevaricato por entregar 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín.
De acuerdo al documento que deberá ser analizado por los integrantes del JEM, que señala que “el 3 de abril la imputada exjueza Tania Irún recusó a la fiscala Natalia Fuster, quien llevaba cuatro años recolectando los elementos probatorios contra la exmagistrada”.
Agrega que en la misma fecha que fue recusada la fiscala Fuster se le designó a la agente del Ministerio Público Valdez, quien estaba en un juicio oral cuando fue comunicada que entendería en la causa Irún por lo que se supone que no tuvo tiempo de mirar unas páginas de los 27 tomos de la carpeta fiscal que tiene el presente caso, por lo que su actuación llamaba poderosamente la atención”.
También se agrega que “del voluminoso cúmulo de actuaciones obrantes en el cuaderno de investigación elaborada por la fiscala Fuster es inédito que la fiscala Valdez en menos de doce horas y a través de un plumazo pretendió blanquear de forma alevosa a la exjueza Irún pidiendo su sobreseimiento definitivo cuando que no tuvo tiempo de revisar objetivamente la carpeta de investigación”, señala la acusación del abogado Enríquez.
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Ante todos los elementos de prueba que se agregaron a la presente acusación, corresponde que se haga lugar a la misma y por ende se inicie el enjuiciamiento con la suspensión en sus funciones de la fiscala María Verónica Valdez.
Votos de ministros de Corte
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, integrantes del JEM, habían votado por la destitución de la entonces jueza civil Tanía Irún por considerar que la misma ha violado abiertamente la Ley N° 2532/05 de Seguridad Fronteriza.
Trámite de oposición
Ante la duda que genera la actuación de la fiscala Verónica Valdez el presente pedido de sobreseimiento definitivo deberá ser estudiado por el juez penal de Garantías Yoan Paúl López, quien podrá resolver dar trámite de oposición ante el pedido realizado por la mencionada representante del Ministerio Público.
En caso de que sea así, será el fiscal general de Estado quien evaluará si se tienen los elementos de prueba para poder rectificar el requerimiento inferior y presentar la acusación correspondiente contra Irún.
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Preocupa que imputaciones se den solo a intendentes colorados
El Comando de Honor Colorado se reunió este lunes 6 de mayo y abordó diversos puntos, entre ellos, las imputaciones que se están dado únicamente a intendentes colorados por déficit en infraestructura en sus respectivas ciudades. Genera preocupación que jefes comunales de otros partidos políticos no sean sometidos a la justicia por este mismo tipo de hechos, según manifestaron.
“Un tema preocupante es la imputación a intendentes por casos de infraestructura, nos preocupa un poco porque una cuestión que estamos viendo es que parece monocromática porque solamente a los intendentes colorados le están imputando con respecto a estos hechos, es un tema para debate”, expresó Eduardo González, secretario general de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y miembro del Comando.
González mencionó que desenlaces fatales a causa de sucesos meteorológicos, no se dan únicamente en Paraguay y señaló que incluso Brasil en este momento está sufriendo de inundaciones, por lo cual se debe analizar minuciosamente si realmente amerita la intervención de la justicia en todos los casos.
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“Estoy de acuerdo de que en lugares críticos se tienen que hacer trabajos y es lo que corresponde, pero en este caso de Luque ese lugar nunca fue crítico sino que por la cantidad de lluvia se dio esa situación. Al margen de eso, lo único que pedimos es que a todos se les mida con la misma vara porque sino es una cuestión de colores nada más”, sostuvo.
Desde el Comando advierten que estas imputaciones propician connotaciones políticas en algunos sectores, por lo que se debe tener cuidado y cuestionaron que jefes comunales de otros partidos políticos, no fueron imputados pese a que en sus distritos, también se produjeron hechos de grave magnitud debido a la falta de infraestructura adecuada para soportar las intensas lluvias.
“Yo vi situaciones que se dieron en Limpio y no pasó absolutamente nada. Días antes de la imputación al intendente de Lambaré, los jefes comunales colorados pidieron una reunión con el presidente del partido, advirtiendo de esta situación, que de darse una imputación de esta manera como iba a afectar a los colorados”, dijo González.
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Asimismo, refirió que esto puede significar un peligro para los administradores, dado que puede ir escalando e ir hacia gobernadores, ministros e incluso al presidente de la República. “Por eso hay que tener cuidado”, afirmó a la 1080 AM. Por otro lado, el Comando también abordó la posibilidad de plantear algunas cuestiones para la reforma del Código Electoral y sobre una reunión en la Junta de Gobierno para analizar proyectos que lleva adelante el gobierno nacional.
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Abogados de Abdo y gavilla no refutan imputación y buscan sabotear causa
- Por Cinthia Mora
- Periodista
Los abogados defensores de Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete, ante la imposibilidad de negar los hechos que se describen en el acta de imputación y refutar con argumentos, se dedican a paralizar el proceso penal y sabotear el trabajo de la Fiscalía. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos destrabar la causa y permitir que la investigación
La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.
La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.
Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.
Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.
Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.
En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.
Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.
DILACIÓN EN LA CORTE
Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.
Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.
NUEVO EQUIPO DE FISCALES
Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.
La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).