A tempranas horas de este lunes se desarrolló la audiencia de juramento de los peritos que estarán a cargo de la extracción de datos de los 44 dispositivos electrónicos pertenecientes al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, en el marco de la investigación por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, hecho que le costó la destitución de su cargo en febrero de 2022.
La diligencia judicial fue realizada ante el juez José Delmás y la agente fiscal Alma Zayas fue designada a cargo de este procedimiento por parte del Ministerio Público. Tras la toma de juramento, los peritos realizaron la copia espejo de los 44 aparatos electrónicos habilitados para la extracción de datos correspondientes.
Entre los dispositivos que serán sujetos de análisis en esta causa, en la que Giuzzio está siendo investigado por cohecho pasivo agravado, se encuentran varias tarjetas de memoria, pendrives, grabadoras y notebooks. El pedido de extracción de datos fue aprobado el pasado 15 de febrero y fue un pedido realizado por el fiscal Osmar Legal.
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Además de la extracción de datos, los peritos deberán realizar una revisión técnica de todo lo incautado en los allanamientos llevados a cabo por la Fiscalía, de modo de recuperar los datos que están contenidos en los mismos.
“Esto es con la finalidad de obtener el acceso legal al cúmulo de informaciones que conlleva a la búsqueda de la verdad y en consecuencia lograr la individualización de los posibles participantes de los hechos denunciados y en la forma en que posiblemente fueron cometidos”, señaló la Fiscalía a través de su pedido.
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Arnaldo Giuzzio fue destituido del Ministerio del Interior en febrero del 2022 luego de que se hiciera público sus nexos con el sindicado narcotraficante de nacionalidad brasileña Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, quien incluso le prestó su camioneta para que el exministro fuera de vacaciones junto con su familia a Brasil en diciembre del 2021.
Además de este hecho, Giuzzio también mantuvo reuniones con Vinicius, quien pretendía cerrar un contrato con el exministro y así proveer al Estado sistemas de seguridad a través de su empresa Black Eagle. La investigación también reveló conversaciones privadas entre ambos en la noche anterior del operativo Turf, oportunidad en la que pudo darse a la fuga de Lindomar Reges Furtado, amigo y socio de Espíndola.