El Tribunal de Apelaciones integrado por los jueces Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez, ratificó la prisión preventiva Elián López Torres, imputado por el delito de lesión grave, tras arrojar una copa de vidrio a la joven Dahiana Benítez, ocasionándole la pérdida de un ojo, en un local nocturno. De esta manera, se confirma la resolución del juez penal de Garantía Rolando Duarte, quien había decretado la prisión del imputado.

Los camaristas mencionaron que existe aún el peligro de fuga en el presente caso, así como peligro de obstrucción de la investigación del Ministerio Público, por lo que corresponde ratificar la prisión del imputado, refiere la resolución judicial.

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La defensa del procesado había apelado la resolución judicial tratando de que el tribunal de apelación pueda revocar la determinación del juzgado de Garantía y el imputado pueda estar en arresto domiciliario, pero tal situación no se generó y el joven seguirá privado de su libertad.

De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, el joven había arrojado una copa de vidrio a la víctima, quien acabó perdiendo un ojo luego del impacto de dicho objeto contra su rostro.

Por su parte, los familiares de la joven víctima del hecho piden justicia por el grave suceso que se registró y que el presente caso no quede impune.

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Actualmente son dos los centros penitenciarios en los que está habilitado el régimen cerrado, ellos son el penal Martín Mendoza de Emboscada y el de Minga Guazú, a donde se destinan a las personas privadas de libertad con alto perfil criminológico y guardan reclusión en celdas individuales, sin contacto con los demás.

“El régimen cerrado especial es necesario para mantener o tratar de mantener la calma y demostrar el interés del Estado porque cambien las cosas dentro del sistema penitenciario que tan golpeado estuvo dentro de los últimos tiempos”, expresó Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal a la 650 AM.

Mencionó que a casi un año de la implementación de este régimen, varios representantes legales han accionado apuntando a que sus clientes pasen al régimen ordinario, pero de acuerdo al entendimiento del Poder Judicial, este sistema especial se adecua a las normas vigentes y es necesario para el ordenamiento penitenciario.

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“En el régimen cerrado especial hay una capacidad para 82 personas de alto perfil, son celdas individuales, está destinado para aquellos con altas condenas o ligados al crimen organizado, personas que no se adecuan al sistema ordinario o que dentro del mismo son líderes dentro de esa penitenciaría y tienen a un grupo importante alrededor”, detalló.

El viceministro señaló que las personas de alto perfil no demuestran una predisposición a cumplir con los reglamentos de un centro penitenciario, por lo que son destinados a dicho régimen hasta que ellos mismos puedan tener las características para formar parte del régimen ordinario. Benítez indicó que se realizan evaluaciones por el organismo criminológico para determinar si son aptos o no para cambiar de régimen.

“Creo que para cualquier persona sería duro, más todavía para ellos que hacían lo que querían, seguían con sus operaciones desde las penitenciarías, estas personas nunca demostraron interés en dejar de cometer hechos punibles”, recalcó. Cabe destacar que la capacidad de reclusos de los dos centros es para 1.237 personas y cuentan en total con ocho pabellones.

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La Policía Nacional logró la detención de Heriberto Antonio Duarte Martinetti, imputado por el hecho punible de estafa. El mismo contaba con orden de captura firmada por la jueza penal de Garantía de Lambaré, Gladys María Fariña.

El imputado no se presentó al llamado de la Justicia y por ende la referida magistrada declaró la rebeldía y ordenó la captura de Duarte Martinetti, quien tendrá que acudir hasta un juzgado de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si será remitido a la cárcel de Tacumbú o será beneficiado con medidas sustitutivas a la prisión.

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La fiscala Laura Romero formuló imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, el señor Darío Ramón Mongelós realizó una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de US$ 65.000, pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda.

Igualmente, el imputado ofreció otro rodado a la víctima, pero igualmente fue grande la sorpresa cuando tampoco se pudo transferir el vehículo porque tenía orden de embargo de la concesionaría. Según la fiscalía se tiene un perjuicio de US$ 91.000.

El Ministerio Público pidió seis meses para poder presentar el requerimiento conclusivo, es decir poder presentar la acusación correspondiente contra el imputado.

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La jueza penal de Garantía, Silvia Carolina Cáceres, decretó la prisión preventiva de Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque- San Bernardino.

Sanabria Vierci pasará a estar recluido en la penitenciaria de Emboscada una vez que tenga el alta médica. Asimismo, los médicos del centro asistencial donde está internado el imputado deberán informar del estado de salud al juzgado cada 24 horas.

La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, diligencia judicial llevada a cabo en el sanatorio privado.

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La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.

En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.

La única que hasta el momento pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. La niña está internada luchando por su vida en el área de terapia intensiva del Hospital de Trauma. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.

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