La futura sede del juzgado de primera instancia de Capiatá avanza y ya se encuentra en etapa final, por lo que en meses ya podría culminar la obra. El ministro superintendente del departamento Central, Eugenio Jiménez, realizó días atrás una visita para verificar los avances en la construcción en la futura sede judicial de la mencionada ciudad.

Esta nueva sede albergará los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, Civil, Laboral, y Niñez y Adolescencia, con el objetivo de acercar los servicios judiciales a la ciudadanía y mejorar el acceso a la Justicia, en línea con los objetivos de la Corte Suprema de Justicia.

La obra culminada tendrá una superficie de 10.899 m2 y la apertura de dichos juzgados permitirá facilitar aún más el anhelado acceso a la Justicia por parte de la ciudadanía de la Circunscripción Judicial de Central, con lo que se cumplirá el mayor objetivo trazado por el máximo tribunal de la República, en el marco de la política de dotar de mejor infraestructura a todo el sistema judicial.

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La Corte Suprema de Justicia tiene prevista la construcción de la nueva sede del juzgado de primera instancia de la ciudad de Fernando de la Mora. La obra cuenta con una superficie de 15.210 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles que albergarán a los Juzgados de Primera Instancia Penales, Civiles y Comerciales, Laborales, Penales Adolescentes y de Niñez y Adolescencia; cuatro tribunales de sentencias, cuatro salas de juicios orales, órganos de apoyo jurisdiccional, dependencias administrativas de seguridad y servicios.

En otro bloque independiente al principal de dos niveles funcionarán dos Juzgados de Paz y programas de apoyo como un salón múltiple para cien personas y una cafetería. Igualmente, contará con estacionamientos diferenciados. La nueva sede estará ubicada sobre la calle Jerusalén y Humaitá, de la ciudad de Fernando de la Mora.

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El ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de Central, Eugenio Jiménez, realizó una visita verificando los avances en la construcción de la futura sede de los Juzgados de Primera Instancia de Capiatá. También estuvieron presente en la futura sede los miembros del Consejo de Administración, María Teresa González de Daniel y Gustavo Bóveda.

La obra culminada tendrá una superficie de 10.899 m2 y la apertura de dichos juzgados permitirá facilitar aún más el anhelado acceso a la justicia por parte de la ciudadanía de la Circunscripción Judicial de Central, con lo que se cumplirá el mayor objetivo trazado por el máximo tribunal de la República, en el marco de la política de dotar de mejor infraestructura a todo el sistema judicial.

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Se remarcó que el progreso de las obras “es una demostración del gran interés de la Corte Suprema en mejorar la infraestructura en la ciudad de Capiatá”, considerando la cada vez más importante actividad judicial en dicha localidad, por lo que se espera que la obra llegue a culminarse con la mayor rapidez.

También participaron la intendente de Capiatá, abogada Laura Gamarra, y el diputado nacional Néstor Castellano. En representación del gremio de Abogados y Escribanos de Capiatá, estuvieron presentes Fidelino Rojas, presidente de la asociación, y el vicepresidente, Blas Imaz.

La Dirección General de Planificación estuvo representada por el abogado Juan José Martínez y el arquitecto Juan Pablo Chamorro. Los encargados de la empresa constructora explicaron el estado actual en el que se encuentra la obra.

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• Por Aníbal Saucedo Rodas
• Periodista, docente y político

Hubo un tiempo en que los jóvenes saltaban los muros de las universidades para salir a defender y preservar las raíces identitarias de nuestra paraguayidad. Como aquel animoso año de 1973, cuando organizan “El gran festival estudiantil de la música folklórica”, que tenía la pretensión de erigirse en una “verdadera valla al imperialismo cultural”, repitiendo una expresión del maestro Alejandro Cubilla. Fue el miércoles 8 de agosto, hace 51 años, cuando el Probatorio de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción que, por entonces, funcionaba en el local del que fuera Seminario Metropolitano, se abarrotó de fervor patriótico y de público. Ya habían asegurado su participación el propio Cubilla y su Banda Koygua, Eladio Martínez, Vocal Dos, Los Troveros de América, Víctor “Pato” Brítez y Darío Osuna, Maneco Galeano, Amambay Cardozo Ocampo, Santi Medina, Marcos Brizuela, además del Trío Corochiré, de Zeballos Cue, y el dúo Enriquez-Romero, de la ciudad de Luque. Se inscribieron, además, diecisiete grupos de diferentes facultades. La mención a los artistas no tiene sentido de crónica, sino de confirmación de que la cultura es la única capaz de romper con los compartimentos que pretenden enclaustrarnos en islas separadas e intocables entre sí.

El semanario FRENTE Universitario Independiente, que fue el principal referente de la organización del evento, venía por esos días con un subrayado contenido ideológico, expresado en un sugestivo editorial: Música popular y colonialismo.

“Es cierto –decía– que nos hallamos en un mundo de rápida integración y, consecuentemente, con una mayor interdependencia. Pero en nuestro caso, como en la de muchos pueblos de Latinoamérica, no se trata de interdependencia, sino de dependencia de mayor o menor grado de los centros metropolitanos (…) La penetración económica nunca viene sola. Le acompaña, necesariamente, un bagaje ‘cultural’, donde la música, las agencias noticiosas, etcétera, buscan adormecer los deseos de independencia de nuestro pueblo. Por todo eso, la música y los artistas juegan un papel de primera importancia. Nuestra patria perdurará mientras conserve su autonomía cultural en el proceso de integración latinoamericana. Su idioma y su música, su cultura nacional.

De ninguna manera podemos estar en contra del rico intercambio de los folclores, pero sí, y definitivamente, cuando ello signifique la colonización del más débil por el más fuerte. La música popular, con los artistas y los estudiantes, como lo dice don Mauricio Cardozo Ocampo, deben ser los ‘soldados voluntarios’ para defender y crear la patria del espíritu, la cultura nacional”.

Las páginas de FRENTE rescatan, asimismo, la concepción revolucionaria del filósofo francés Frantz Fanon: “La cultura nacional es el conjunto de esfuerzos hechos por un pueblo en el plano del pensamiento para describir, justificar y cantar la acción a través de la cual el pueblo se ha constituido y mantenido. La cultura nacional, en los países subdesarrollados debe situarse, pues, en el centro mismo de la lucha de liberación que realizan esos países (…) No hay, no podría haber cultura nacional, vida cultural nacional, inventos y transformaciones culturales nacionales en el marco de una dominación colonial”.

Es notable cómo esta convocatoria aglutinadora no mengua la marcha de la música popular en otras facultades. Paralelamente, el Frente Independiente de Economía de la Universidad Nacional de Asunción realiza su original “Chipa Piru Concert”, otro festival programa del Centro de Estudiantes de Filosofía de la UNA, mientras se formaba un coro con guitarra bajo la dirección del estudiante de Periodismo, Lorenzo Álvarez. Para los días posteriores, el Centro de Estudiantes de Derecho UNA llevó a cabo el Festival Universitario de la Canción, ganándose el primer premio la composición “San sin Juan no que sí”, de Félix Roberto Galeano, en tanto que el segundo lugar correspondió a “Joicové Jhagua”, de Enrique “Guai” Torales. En interpretación quedó con el primer puesto el Grupo Vocal de Agronomía, integrado por Enrique Torales, Santi Medina y Marcos Brizuela, y el segundo premio para el Grupo Vocal de Ingeniería, conformado por Carlos Pettengill, Fernando Barreiro, Fernando Benítez, Óscar Franco y Luis Vaesken.

La convocatoria tuvo una respuesta formidable y tan competitivo fue el certamen que el tercer lugar fue para el Grupo de Derecho UNA, integrado por Derlis Esteche, Gilda Arias, Chela Villagra, José Antonio y Maneco Galeano. ¿Nostalgia? Claro que sí, y a montones. Ni la guitarra ni el canto les alejaron de los recintos universitarios. Ni de la lucha por la afirmación de nuestra identidad y de nuestra soberanía cultural.

Ya para entonces estaban en marcha (17 de agosto) los IX Juegos Universitarios –ahora de regreso– organizados por la Confederación Universitaria de Deportes del Paraguay (CUDP). Fue el año en que el legendario pilarense Francisco Rojas Soto rompe el récord en 400 metros con vallas y, luego, se convierte en la primera medalla sudamericana de oro para nuestro país en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, durante el 27.° Campeonato Sudamericano Absoluto de Atletismo en ese memorable abril de 1974. El 21 de setiembre, FRENTE anuncia la más icónica de todas sus actividades: “Encuentro de juventudes en homenaje a Emiliano R. Fernández y a la música popular”. Aquel 3 de octubre de 1973, el viejo y desaparecido Estadio Comuneros se preparaba para el desafío de recibir a 10.000 entusiastas espectadores. Pero esa ya es otra historia. Y merece un artículo aparte. Buen provecho.

El Instituto de Previsión Social (IPS) reclama a dos familias dedicadas al rubro de la educación, el pago en concepto de alquiler de sus inmuebles ubicados en Asunción y Limpio, respectivamente, por un monto que asciende a unos G. 14.000 millones, deuda que se remonta a 14 años atrás. En estos inmuebles funcionan dos universidades.

La Educación Universitaria para el Desarrollo Económico y Social que funciona en Limpio, está instalada en un terreno de 18 hectáreas pertenecientes a la previsional; y la Universidad Autónoma del Sur (Unasur), que opera en Asunción, ocupa seis inmuebles localizados sobre Cerro Corá entre Pa´í Pérez y Perú. A la fecha los arrendatarios adeudan al IPS unos 14.000 millones por cobro de alquiler.

En el caso de Asunción, se firmaron dos contratos, en el año 2010 y 2012, respectivamente. Debido a la falta de pago por el arrendamiento, la Dirección Jurídica, a cargo del Dr. José González, promovió un juicio civil para el cobro de alquiler y posterior desalojo. La justicia abrió en el caso de Asunción cuatro juicios civiles.

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En el caso de Limpio, el contrato se firmó en el año 2013, y debido a la morosidad, el IPS promovió una acción judicial para el cobro de alquiler y consecuentemente pedir el desalojo correspondiente. Al parecer, el terreno que fue alquilado por la familia Decoud-Reyes para el funcionamiento de la universidad, está abandonado, es decir sin la existencia de alguna actividad académica en el lugar. En este caso, hay una deuda que asciende los 3.400 millones de guaraníes, según el área jurídica de la entidad previsional. Arnaldo Decoud sería el representante de esta universidad denominada “Educación Universitaria para el Desarrollo Económico y Social”.

En el caso de la Unasur, ya existe una sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo civil y comercial para hacer lugar al desalojo en uno de los juicios, pero los arrendatarios apelaron la decisión al solo efecto de evitar la ejecución de la medida judicial. El caso debe resolverse en este juzgado.

En noviembre del 2015 comenzó la primera demanda por cobro de alquileres, según el expediente N° 531/2015, por la suma de G. 335.601.533, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del décimo quinto turno, sección 30, en contra de la Unasur y Arnaldo Decoud Aranda; en ese juicio recayó la Sentencia Definitiva N° 590 de fecha 28 de diciembre de 2018 que resolvió rechazar las excepciones opuestas por las demandadas y llevar adelante la ejecución promovida por IPS, con costas.

Hasta la fecha, la sentencia definitiva se encuentra firme contra Decoud y en estado de apelación en contra de la Unasur, ante la Cámara de Apelaciones, quinta sala. A la fecha, en este juicio, la deuda actualizada es de G. 12.996.908.965.

La Unasur apeló en setiembre del año pasado de manera errónea y dilatoria, por lo que el expediente está “durmiendo” en Cámara de Apelaciones desde mayo de este año. En la ocasión, representantes de la previsional pidieron que se declaren mal concedidos los recursos de apelación y nulidad, porque el abogado de Unasur, posterior a la sentencia, ya se dio por notificado tácitamente al pedir copia del expediente.

La Dirección Jurídica del IPS ya remitió sendas notas al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), Ministerio del Trabajo, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Ministerio del Ambiente (Mades), y a las municipalidades de Asunción y Limpio, para proceder a la clausura e inhabilitación de las universidades denunciadas. También anunciaron la presentación de una denuncia penal y formal ante los estrados judiciales.

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