El abogado Álvaro Arias, defensor del exgerente periodístico de canal 9 Carlos Granada, imputado por coacción sexual, acoso sexual y acoso, desistió de la audiencia de revisión fijada para este viernes a las 9:30 de la mañana y, por ende, la diligencia judicial no se realizó. En la misma se iba a definir si Granada seguía preso o era beneficiado con arresto domiciliario.
Al suspender la audiencia de revisión por pedido de la defensa de Granada, el mismo pasará la Navidad recluido en la cárcel de Emboscada. La diligencia se iba a llevar a cabo ante el juez Mirko Valinotti, quien interina a su colega Julián López.
El exgerente de canal 9 Carlos Granada está preso en la cárcel de Emboscada desde el 11 de noviembre pasado, cuando el juez penal de Garantías Julián López decretó la prisión preventiva del imputado, quien se presentó ante la justicia luego de haber interpuesto varias chicanas tratando de dilatar la diligencia.
Antecedentes
Las fiscales Claudia Aguilera, Luz Guerrero y Natalia Silva, imputaron a Carlos Granada, gerente de prensa del canal 9, tras la denuncia que se presentó en sede del Ministerio Público por los delitos de acoso y coacción sexual. El acta de imputación tiene fecha 26 de agosto y desde ese momento se solicitó la orden de detención de Granada, quien eludió presentarse ante el Ministerio Público a pesar de tener una orden de detención. Recién se presentó ante el Juzgado de Garantías el 11 de noviembre, donde se ordenó su prisión preventiva.
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A Utranza Py: el 5 de diciembre se define si el pastor José Insfrán irá a juicio oral y público
La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fijó para el 5 de diciembre, a las 09:00, la audiencia preliminar para el pastor José Insfrán, acusado por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de la investigación del operativo A Ultranza Py.
En la diligencia judicial se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo. El fiscal Deny Pak fue quien presentó la acusación, solicitando que el caso se discuta en un juicio oral y público.
De acuerdo a una parte de la extensa acusación, Insfrán Galeano creó varias empresas con dinero producto del narcotráfico, que fue ganancia obtenida por su hermano Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, para abrir varias cuentas bancarias y así acceder a créditos para blanquear la ganancia que deja el narcotráfico.
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Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.
También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.
Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que Insfrán Galeano cumplía un papel importante dentro de la organización liderada por su hermano Miguel Ángel Insfrán y del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera.
Otro punto que se detalla en la acusación es que el pastor Insfrán usó una asociación religiosa como fachada para insertar las ganancias ilícitas en el sistema económico de Paraguay. Esta organización, llamada Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), se transformó en una herramienta clave bajo la dirección de José Insfrán, quien asumió su presidencia en 2020. Bajo su liderazgo se realizaron inversiones millonarias en propiedades y proyectos vinculados al CCA.
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Con los Súper Tucanos y radares brindarán mayor defensa aérea, sin ley de derribo
El especialista e historiador aeronáutico, Antonio Sapienza, se refirió a la compra de los aviones Súper Tucano, que adquiere el gobierno de Paraguay y comenzarán a operar desde mediado del 2025. Sostuvo que la compra de las aeronaves, junto con los radares, ayudará mucho a la defensa de la frontera aérea, permitiendo que sea menos permeable por el crimen organizado. Indicó que con las leyes vigentes no es necesaria contar con una ley de derribo específico.
El experto mantuvo una charla con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970/Nación Media, donde señaló las capacidades de defensas de estas aeronaves. En primer lugar, destacó que aumentará la capacidad del Grupo Aerotáctico, que en la actualidad cuenta solamente con 6 aviones tucanos, que datan del año 1987, que están en buenas condiciones, ya que tres de ellos incluso participaron de los ejercicios tácticos en el Brasil hace unos días.
“Con la adquisición de estos nuevos 6 Súper Tucanos se va a reforzar. Contaremos con 12 aeronaves que obviamente se van a desplegar en varias pistas, con el objetivo de cubrir mejor todo el territorio. También el hecho de que se va a adquirir, porque ya está aprobado por el Congreso, y se promulgó el decreto, la compra de radares primarios. El uso de esos radares, con los aviones Súper Tucanos, va a ayudar para que nuestras fronteras aéreas sean menos permeables para los vuelos ilícitos”, indicó.
Derribo de aviones
Por otra parte, fue consultado sobre la necesidad de contar con una ley de derribo, al respecto indicó que en lo personal considera que es necesario contar con esta legislación. No obstante, explicó que ya en conversación con el ministro de Defensa, Oscar González, le explicó que realmente no es necesario contar con la legislación específica.
Mencionó que existe una legislación general vigente en el país, que le faculta a las Fuerzas Armadas la defensa territorial del Paraguay, sea cual fuese la amenaza; sea este un país extranjero, o sea incluso el crimen organizado, narcotráfico y otros.
“De acuerdo a esa ley le faculta a las fuerzas militares, sean estas Aérea, Ejército o Marina, a atacar cuando esas fuerzas irregulares atacan al país de alguna manera. Por ejemplo, no creo que pase mucho tiempo, en que los narcotraficantes, sabiendo que en poco tiempo estaremos mejor equipados para enfrentar los vuelos ilegales, comiencen a utilizar armas en sus aviones cessnas, podrían utilizar alguna ametralladora punto 50, por ejemplo, y comenzarán a efectuar disparos contra aeronaves que lo intercepten”, indicó.
Agregó que si esto llega a ocurrir en algún momento, no existe ningún marco legal que impida a las fuerzas aéreas a proceder al derribo del avión que lo ataque. Por tanto, concluyó que no es necesaria una ley de derribo específico, porque ya existen leyes vigentes que facultan a las fuerzas armadas para ese efecto, para defender la soberanía, sea cual fuese la amenaza interna o externa.
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El 9 de diciembre se sabrá si religiosas van a juicio por servidumbre de adolescente
El juez Osmar Legal fijó para el 9 de diciembre, a las 8:30, la realización de la audiencia preliminar para Olga Bogado Cubas y Rufina Salinas Acuña, acusadas por trata de personas. En la diligencia judicial se definirá si las acusadas estarán sentadas en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos probatorios para que el proceso penal se pueda elevar a un juicio oral y público, por lo que se ratificará en la audiencia en la acusación fiscal.
La fiscal Vivian Coronel fue quien presentó la acusación contra Olga Bogado Cubas, religiosa que presuntamente mantuvo durante varios meses a una adolescente de 16 años en régimen de servidumbre y trabajo forzado, además de maltratarla física y psicológicamente. Igualmente, el Ministerio Público analiza presentar el requerimiento conclusivo en relación con la procesada Rufina Salinas Acuña.
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La acusación fiscal señala que Olga Bogado Cubas acogió a la adolescente el 27 de marzo de 2023 en un lugar denominado “Casa de la Reina de la Paz”, ubicado en el barrio Molino de Luque. Esto ocurrió después de que la menor fuera captada, bajo engaño, por Rufina Salinas Acuña, para una supuesta formación como novicia religiosa en un local conocido como “Nuestra Señora de Caacupé”, en el Km 14 de Minga Guazú.
Desde su llegada a Luque, la víctima fue presumiblemente sometida a un régimen de servidumbre y trabajo forzado durante siete meses. Según los investigadores, Bogado la habría sometido a todo tipo de malos tratos, llegando a abofetearla y golpearla en la nuca constantemente. Además, la obligaba a besar el suelo hasta cien veces cuando no le gustaba su trabajo, según la acusación.
Posteriormente, el 20 de septiembre, Olga Bogado trasladó nuevamente a la víctima a la zona de Minga Guazú y la dejó a cargo de Rufina Salinas. Esta última finalmente abandonó a la menor frente a su vivienda y le dio instrucciones, amenazándola para que mintiera a su madre sobre las condiciones en las que había vivido en Luque.
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Venta de energía al Brasil expone una buena sintonía para la revisión del tratado de Itaipú
El experto energético Victorio Oxilia manifestó que la reciente decisión del Brasil en habilitar la importación de energía eléctrica paraguaya para su venta al mercado libre expone una buena sintonía entre los gobiernos de Santiago Peña y Luiz Inácio Lula da Silva para poder avanzar en la búsqueda de un acuerdo auspicioso en torno a la próxima renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú.
“Creo que se está avanzando en las negociaciones y, lo que es muy importante, hay buena sintonía. Se trata de un avance, un paso. Un paso no resuelve el futuro, pero indica que hay un progreso. Esto representa un paso hacia la integración entre sistemas eléctricos; un paso relevante pero hay todavía un camino a recorrer. Algo semejante se había dado en su momento entre Colombia y Ecuador hace unos 15 años”, sostuvo Oxilia al diario La Nación/Nación Media.
“Debemos recordar que, en mayo pasado, en el marco de lo acordado sobre el costo de la tarifa de Itaipú, para el periodo 2024-2026, gran logro financiero del gobierno paraguayo, esta modalidad de comercialización de energía eléctrica se había colocado como lineamiento para las negociaciones del futuro Anexo C”, acotó el especialista.
“Un laboratorio”
El pasado 31 de octubre, el Ministerio de Minas y Energía del Brasil público oficialmente su normativa que establece las directrices para la importación de nuestra energía. La decisión es considerada como un hito significativo para el Paraguay.
“Esto es como una prueba para ambos países. Para Paraguay es un laboratorio para chequear cuánto está dispuesto a pagar el mercado brasileño, de manera real, por su energía. Con esto posiblemente se acabará la leyenda urbana de que nuestra energía debe venderse a precio de oro. El mercado finalmente sabrá evaluar cuánto vale, considerando todos los encargos propios del sistema eléctrico brasileño de transmisión, impuestos y otros”, comentó a LN.
Oxilia siguió sosteniendo que “Mientras que Brasil probará cómo resultará este tipo de transacción, que es inédita para las operaciones con otro país. En este sentido, Paraguay ha obtenido un logro que ningún otro país vecino de Brasil ha conseguido: venta directa en régimen permanente”.
El tratado de la Itaipú fue el instrumento jurídico-diplomático que formalizó la alianza entre el Brasil y Paraguay para la explotación del potencial hidroeléctrico del río Paraná por ambas naciones. Fue suscrito el 26 de abril de 1973 y entró en vigencia el 13 de agosto de ese año y se conforma por los anexos A, B y C.
El Anexo A guarda relación con el estatuto de la entidad, mientras que en el Anexo B se encuentran definidas la descripción general de las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica y obras auxiliares y en el Anexo C se fijaron las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la represa.