La fiscal María Isabel Arnold sostuvo la acusación en el juicio oral por proxenetismo y abuso sexual en niños, obteniendo una alta condena contra tres de los acusados y sentando así un precedente sumamente importante para la justicia paraguaya en casos relacionados con el abuso sexual y explotación contra niños en situación de calle, afectando gravemente la vulnerabilidad de la víctima.

En este caso fueron condenados: Jorge Manuel Simberli por el hecho punible de abuso sexual en niños, a 22 años de pena privativa de libertad, y la señora Ninfa Ramona Servín Valdez por los hechos punibles de abuso sexual en niños y el hecho punible de proxenetismo, a 13 años de pena privativa de libertad.

Por la violación del deber de cuidado o educación, la madre del niño C. A. S. V. fue condenada a 3 años de pena privativa de libertad, según el marco normativo vigente, atendiendo a que sabía de que su hijo se encontraba en situación de riesgo, pero no hizo nada para denunciar, ni para protegerlo.

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Según el informe fiscal, la víctima es un niño de 12 años, que vendía golosinas en la calle, quien manifestó que la ahora condenada Ninfa Servín abusaba sexualmente de él, al tomarle imágenes de contenido pornográfico, y que, además, ofrecía al menor a los choferes de larga distancia para mantener relaciones sexuales. Tanto Ninfa como el menor de edad eran ofrecidos, entre otros hechos registrados.

La fiscalía tomó conocimiento de esta situación de vulnerabilidad, y en el momento de la intervención se constató que realmente el niño estaba en situación de calle y estaba siendo explotado tanto por la mujer de nombre Ninfa, identificada por la Fiscalía como también por Jorge Simberli.

El niño manifestó que Jorge Simberli en una ocasión llevó a la víctima a la plaza Uruguaya, donde abusó sexualmente de él y a la vez cuatro personas adultas observaron el abuso del niño, estos hechos de abuso fueron filmados por el procesado Simberli.

Con la investigación y la inspección física médica del niño se constataron los hechos relatados, y los informes coinciden plenamente en todos los relatos realizados por el menor de edad, también la declaración en cámara Gesell realizada fueron demostradas en el juicio oral.

Debido a las características de la situación y la gravedad de los hechos, las penas máximas en este caso significan en gran medida la única manera de actuar que corresponde, ya que la víctima deberá de afrontar un largo camino para su recuperación tras lo acontecido.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Agentes policiales de la Subcomisaría 46 del barrio San Juan, de Ciudad del Este, aprehendieron anoche a un hombre de 48 años, por el supuesto abuso sexual de su propia hija adolescente. El hecho fue denunciado por un joven (23), hermano de la supuesta víctima, una menor de 13 años.

El hombre habría sido encontrado en flagrancia del hecho, según la denuncia del hermano de la niña. El mismo contó que ayer llegó a la casa y encontró a su padre apretando y manoseando a su hermana menor, quien se resistía al hecho.

Después de evitar que prosiga el acto violento, la adolescente le contó a su hermano que desde hacía bastante tiempo que viene siendo manoseada por su padre de distintas maneras, según lo expuesto en la denuncia en sede policial.

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El joven también mencionó que su hermana no contó lo que su papá le estaba haciendo, porque la amenazaba que mataría a su madre y a sus hermanos, si contaba a alguien lo que pasaba.

Ante este relato, el personal policial fue hasta la casa y realizó la aprehensión del hombre, siendo llevado a la comisaría y luego a la Dirección de Policía. El caso fue comunicado a la fiscal Diana Raquel Gómez, quien está interinando la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños, Niñas y Adolescentes.

La agente informó a La Nación/Nación Media que la joven ya tuvo una contención psicológica con una profesional del Ministerio Público, pero la revisión médica todavía esperará unos días. La adolescente ratificó que su padre la venía tocando y manoseando desde hace tiempo.

El hombre sería imputado por abuso sexual en niños, según la fiscala Diana Gómez, quien aclaró que los manoseos son hechos de abuso.

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El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.

Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.

De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.

El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.

Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.

En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.

Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.

El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.

Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.

En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.

La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.

La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.

Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.

Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos