Ratifican arresto domiciliario del exfiscal general Javier Díaz Verón, acusado por enriquecimiento ilícito
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El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Cándida Fleitas, Víctor Alfieri y Alba González ratificó el arresto domiciliario del exfiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón, acusado por enriquecimiento ilícito. La resolución del colegiado se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
El Ministerio Público solicitó que se le otorgue la libertad debido a que el mismo está con arresto domiciliario hace varios años y en caso de que llegue a ser condenado ya estará cumpliendo su pena con dicho arresto. Este pedido se rechazó y el colegiado ratificó que Díaz Verón siga recluido en su casa.
Los fiscales Osmar Legal y Natalia Silva tienen la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un Tribunal de Apelación el que deberá decidir si confirma la resolución del tribunal colegiado o revoca la misma y dispone la libertad de Díaz Verón.
El fiscal Osmar Legal, en fecha 13 de agosto del 2019, presentó acusación contra Díaz Verón por enriquecimiento ilícito. Mismo pedido también se solicitó para Morínigo, esposa del extitular del Ministerio Público, por lavado de dinero. La Fiscalía señala que cuenta con suficientes elementos para que el caso se pueda discutir en un juicio oral.
Díaz Verón guarda reclusión domiciliaria. Estuvo varios meses con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué y en Tacumbú. Mientras que su esposa María Selva Morínigo está procesada por lavado de dinero.
De acuerdo a la carpeta fiscal, entre el 2014 y el 2016 Díaz Verón acumuló una fortuna de G. 1.147.058.591 que no se justificaban con sus ingresos económicos. El exfiscal se expone hasta a 10 años de cárcel por el delito mencionado.
Ratifican condena de 30 años de cárcel por tortura para excomisario
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Un tribunal de apelación en mayoría integrado por Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y Arnulfo Arias, ratificó la condena de 30 años de cárcel para el excomisario Eusebio Torres, quien fue sentenciado tras ser encontrado culpable del hecho de tortura. Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de poder recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
Actualmente el condenado está cumpliendo su condena bajo el régimen de arresto domiciliario debido a que tiene 88 años de edad. Durante el juicio, quedó demostrado que Eusebio Torres Romero sometió a torturas físicas y psicológicas a los hermanos Carlos y Luis Alberto Casco, y a Teresa de Jesús Aguilera.
Torres Romero era el jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional durante el gobierno de Alfredo Stroessner. Los hechos ocurrieron en abril de 1976. Los relatos durante el juicio indican que Carlos Casco recibió diversas agresiones físicas y sociológicas tras su detención y posterior traslado en una embarcación hasta el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, donde permaneció privado de libertad.
El tribunal que dictó este histórico fallo estuvo integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre y al inicio de la lectura de la sentencia hablaron de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
El colegiado aplicó la pena máxima tras analizar las pruebas y testificales que hallaron culpable a Torres Romero de los crímenes de lesa humanidad. Debido a la avanzada edad del condenado, este no irá a prisión y gozará de arresto domiciliario, especialmente mientras quede firme la condena, con posibilidad de salir de su casa en caso que tenga problemas de salud.
En persecución detuvieron a presunto abigeo, pero lo beneficiaron con arresto domiciliario
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Este miércoles, la Policía Nacional logró detener a un hombre que habría robado una vaca en la localidad de Natalicio Talavera, en el departamento de Guairá. El detenido ya estaba investigado por casos de abigeato.
Según el reporte policial, el hecho se registró durante la madrugada de hoy miércoles, cuando el hombre fue interceptado en un control que se realizaba en el distrito de Mbocayaty. El detenido iba a bordo de una camioneta acompañado de otros hombres que lograron darse a la fuga.
Esta persona fue identificada como Óscar Manuel Fonseca Candia, de 28 años, que tendría varias acusaciones en su contra por abigeato. Cuando vio el control, decidió darse a la fuga porque llevaba una vaca que acababa de robar y los agentes de la comisaría novena iniciaron una persecución.
El comisario Osmar Fleitas indicó que tras unos kilómetros, los hombres decidieron arrojar al animal de la camioneta, pero finalmente el conductor fue detenido. Sin embargo, por el camino sus cómplices huyeron y no se pudo precisar cuántos eran en total. La camioneta fue incautada y en su poder se encontraron cuchillos, cuerdas, celulares, todo fue puesto a disposición del Ministerio Público.
“Ingreso a la compañía denominada Tercera Línea, cuya zona es de difícil acceso y con ayuda de otras patrulleras lograron detener a la persona que iba en esa camioneta como conductor. La vaca fue arrojada en una zona boscosa y hasta el momento no pudo ser hallada”, indicó el comisario en entrevista con Unicanal. El hombre fue beneficiado con arresto domiciliario por el fiscal de turno.
El tribunal de apelación integrado por Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández ratificó que el agente policial Oliver Lezcano enfrentará un juicio oral y público por homicidio doloso. Foto: Archivo
Ratifican juicio oral para el policía Oliver Lezcano por crimen de militar Líder Ríos
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El agente policial Oliver Lezcano, acusado por el homicidio del militar Líder Javier Ríos, quien en sus días libres se dedicaba a conductor de plataforma, enfrentará un juicio oral público por el delito de homicidio doloso. Así resolvió el tribunal de alzada integrado por los magistrados Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández.
Ahora el expediente deberá bajar nuevamente al juzgado penal de Garantía para que se pueda realizar el sorteo correspondiente donde se conocerá quiénes serán los jueces de sentencia que deberán juzgar al acusado Lezcano por el grave suceso registrado.
Lezcano fue acusado por la muerte del militar Líder Javier Ríos Cañete, quien además trabajaba como chofer de plataforma. El caso se publicó y luego de una investigación policial - fiscal se pudo llegar hasta el presunto responsable del suceso que enlutó a una familia.
Hasta la fecha los familiares del agente militar exigen justicia por el terrible hecho registrado y a su vez acompañarán el trabajo del Ministerio Público y esperan que el juicio oral e realice lo más pronto posible.
Se fugó de Tacumbú
El agente policial se fugó de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú el 28 de setiembre del año pasado, donde cumplía prisión preventiva desde el 26 de enero de 2023. Su fuga fue motivo de polémica debido a que el propio ministro de Justicia, Ángel Barchini, había asegurado a pesar de no contar con pruebas que el mismo fue asesinado y desmembrado dentro de la cárcel, versión que posteriormente fue desmentida con un video de parte del procesado agente policial.
Ratifican prisión de tarotista Diego Parra, imputado por estafa y otros delitos
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El juez Rodrigo Estigarribia ratificó la prisión preventiva del tarotista Diego Parra, imputado por estafa mediante sistemas informáticos y lavado de dinero. El magistrado decidió mantener la prisión teniendo en cuenta la gravedad de los tipos penales por los que está procesado el imputado.
Parra Arboleda está siendo investigados por hechos punibles graves, que son estafa mediante sistema informático y el lavados de activos en la modalidad de transacciones de tarjetas de créditos fraudulentas, y que posiblemente se habría causado un daño patrimonial al ente financiero emisor de la tarjeta de crédito por un valor en guaraníes que superan presuntamente los mil millones.
La resolución judicial puede ser apelada por la defensa del imputado y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que deba estudiar si corresponde confirmar el fallo judicial firmado por el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.
El tarotista y parapsicólogo Diego Parra, su esposa Karina de Parra y Milka López González fueron imputados por la fiscal Ruth Benítez por estafa, lavado de dinero y otros delitos en el marco de una investigación por el perjuicio de G. 1.800 millones a una entidad financiera.