Durante su jornada de Gobierno en la ciudad de Limpio, en el departamento Central, el presidente de la República, Santiago Peña, realizó este viernes la entrega de 24 viviendas construidas a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), a la comisión vecinal Santa Rosa. Estas viviendas forman parte las casi 14.600 viviendas entregadas por esta gestión.

Durante su discurso, el mandatario destacó la importancia para una familia de contar con una casa propia, un objetivo trazado por su Gobierno. “Nosotros somos conscientes que en cada lugar que llegamos para entregar las viviendas, nos encontramos con este escenario, con niños, nos encontramos con padres esperanzados, nos encontramos con abuelas junto con sus hijas. Yo realmente me emociono con estos pasos que se están dando”, expresó.

El mandatario resaltó la importancia del trabajo en equipo de todas las instituciones del Estado, como así también de la administración municipal para cumplir con el sueño de muchas familias, pero indicó que aún queda mucho por hacer por la población más vulnerable.

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“Esa emoción se confunde muchas veces con las ganas de hacer muchísimo más, yo quiero hacer todavía mucho más, porque todavía en Paraguay hay muchos niños, muchas madres, muchas abuelas que están esperando tener su vivienda, aquí en Limpio todavía tenemos un largo camino por delante”, expresó.

Recalcó que Limpio es una ciudad en crecimiento, que requiere de mucha atención de sus autoridades locales y nacionales. “Limpio está creciendo a gran velocidad y esto ha venido como el resultado de inversiones que se han hecho, falta, es cierto, pero recuerdo que, allá por el 2015, cuando a mí me tocaba ser ministro de Hacienda, cuando se construyó la ampliación y la duplicación de la ruta 3, era un gran problema llegar hasta la ciudad de Limpio. Hoy vemos una ciudad moderna, desarrollada, que está trayendo industrias”, apuntó.

Por otra parte, señaló que no solo se trata de otorgar viviendas, sino de dinamizar la economía de la localidad. “Acá no solamente le estamos dando un techo a las familias, le dimos trabajo, le dimos ingresos para las familias que estuvieron construyendo estas viviendas, y así lo seguiremos haciendo, y no descansaremos hasta que al final de nuestro mandato, en el 2028, seremos el Gobierno que más vivienda ha hecho en la historia del Paraguay”, sentenció.

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El Ministerio Público conformó un equipo especial para investigar el derrumbe del edificio en construcción en el barrio San Roque de Encarnación (Itapúa), ocurrido el miércoles por la noche, donde murieron una abuela y su nieta. Se están llevando a cabo diligencias para determinar las implicancias penales de los responsables de la obra y las responsabilidades administrativas de las autoridades municipales.

El grupo de trabajo está integrado por los fiscales Ever Regalado Williams Villasanti, titular de la Unidad Penal Número 1, de la Fiscalía Regional de Encarnación, Francisco Javier Martínez Paiva, de la Unidad Penal Número 10 y Rocío Carolina Valdez Florentín de la Unidad Fiscal Número 1, especializada en la Lucha contra el narcotráfico de Itapúa.

“Es importante determinar primero de que todas estas cuestiones que estamos nosotros recabando son cuestiones muy técnicas. Hablamos de situaciones de conocimiento de ingeniería, de arquitectura, calculistas, de otras modalidades que también van de la mano de una obra de esta envergadura”, señaló el fiscal Francisco Martínez al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Aclaró que igualmente se indagará sobre la responsabilidad del intendente de Encarnación, Luis Yd. “También hay una cuestión administrativa ahí en el municipio, de las autorizaciones, del expediente. Nosotros ahora no podemos todavía determinar alguna responsabilidad directa porque necesitamos que los ingenieros y arquitectos del Ministerio Público intervengan para poder tener una idea de lo que podría ser alguna causal y que podría ser una conducta penal”, remarcó.

El agente fiscal mencionó que los ingenieros y arquitectos del equipo de la Fiscalía harán una investigación documental in situ en la zona de obras, como parte de las pericias. Dijo que se debe diferenciar las conductas penales de las administrativas, asegurando que “sea quien sea” el responsable se actuará conforme a la ley.

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Señaló que ya se retiró del municipio el expediente administrativo para verificar el proceso de habilitación de la obra, si se realizaron las verificaciones pertinentes de la construcción, tras la aprobación de los planos y todo lo que conlleva un proyecto urbanístico de esta envergadura.

“Lo primero que hicimos es retirar todos los documentos del municipio y verificar con los ingenieros que ya están por Encarnación. Vamos a realizar una primera diligencia el día de hoy y posteriormente vamos a tener un dictamen que nos determinará si existe responsabilidad personal”, manifestó.

El abogado Martínez no quiso arriesgar una opinión sobre una eventual imputación del intendente de Encarnación, al sostener que las resoluciones se tomarán a resultas de las verificaciones de los profesionales técnicos en construcción.

“Hay una cadena de personas que firman documentos, que emiten autorizaciones, encargados de verificación del local que se va a construir. Aparte tienen otras personas que son calculistas que son determinantes para poder también autorizar. Entonces, cada uno de ellos una vez verificado toda esa cadena de responsabilidades vamos a ver quiénes efectivamente dieron su firma”, subrayó.

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El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, tomó la decisión de abrir una investigación penal ante el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del Gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú. El espionaje informático se habría iniciado en la ges­tión de Jair Bolsonaro y eje­cutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.

Para el efecto, fue asignada como responsable la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano. Según publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue eje­cutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin).

En la resolución n.° 27 el Ministerio Público refiere que la citada agencia “habría tratado de ingresar o habría ingresado a dispositivos electrónicos ajenos del presidente de la República del Paraguay, así como de senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático, de la Administración Nacional de Electricidad, entre otros”.

El espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones que fueron proveídas por el gobierno de Lula da Silva mediante un comunicado. El dirigente político del Partido de los Trabajadores responsabilizó exclusivamente de la acción ilegal a Bolsonaro.

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La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal, realizadas en noviembre del año pasado, y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

Por su parte, el gobierno del presidente Santiago Peña tomó la decisión de requerir explicaciones detalladas al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes.

A su vez, decidió suspender de manera indefinida el proceso de renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú. Mientras que desde el Congreso Nacional se anunció la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para dar seguimiento a la denuncia de espionaje.

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El presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas del Paraguay, Máximo González, manifestó a GEN/Nación Media que a finales de abril se tendrá una buena cosecha de tomates; incluso afirmó que será una superproducción que abastecerá la demanda local.

“A fines de abril tendremos una superproducción de tomates en Paraguay, y eso significa que se va a cubrir el 40 % de la demanda y vamos a solicitar un documento de importación legal a los sectores empresariales, para que se pueda defender la producción nacional y comercializar a precios justos”, expresó el productor.

Reiteró que se está logrando cubrir la producción y desmintieron que que hay una crisis por la falta de semillas o incluso apoyo por parte del gobierno. Señaló que hay personas “pseudo productoras” que buscan desprestigiar el trabajo que realizan ello como gremio.

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“Hay malas intenciones por parte de personas que son importadoras. Son pseudo productores que buscan desprestigiar nuestro trabajo. Nosotros somos serios y responsables, y trabajamos siempre de forma coordinada. Tenemos trazabilidad. El Seneva controla nuestro trabajo a través de una aplicación”, contó.

También mencionó que quieren seguir enviado su producción al exterior, porque haber iniciado con la exportación de locote y tomate fue un logro obtenido mediante esfuerzos del gremio, el Ministerio de Agricultura y del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave).

“Nosotros somos los que firmamos el proyecto para desarrollar el cultivo de tomate todo el año. Hoy somos 670 productores y el Senave nos dio 1.200.000 semillas híbridas. Hoy se está observando la producción y comercialización”, manifestó. Recordó que en el verano hubo una cosecha histórica entre enero, febrero y marzo. Actualmente el precio del tomate en finca se encuentra a G. 7.500.

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Durante el 2024 las exportaciones de tomate generaron ingresos por G. 5.000 millones. Fue histórico que Paraguay haya vuelto a enviar esta hortaliza a Argentina después de 70 años. En total, se enviaron 55 camiones de tomates paraguayos, y se volvió a conquistar este mercado.