Las agentes fiscales Natalia Silva y Luz Guerrero imputaron a Miguel Ángel Servín Palacios y a Hugo Antonio Meza (testaferro) por producción de documentos no auténticos y solicitaron prisión preventiva. Ambos igualmente están procesados por lavado de dinero y narcotráfico en el marco del operativo Belia donde fueron detenidos los imputados y otras personas más.
Según la investigación, en diciembre del 2017 Miguel Ángel Servín y Hugo Meza habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia dos títulos de contenido falso de abogados, supuestamente expedidos por la Universidad de San Lorenzo y la Universidad Católica, respectivamente, pero los mismos eran falsos, puestos que los mismos ni siquiera fueron alumnos de las casas de estudio, ni tampoco egresados. Sin embargo, los mismos obtuvieron su matriculación como abogados.
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Tras la investigación por hechos de narcotráfico se obtuvo información de esta porción de hechos por lo que desde la Fiscalía General del Estado se dispuso la investigación a cargo de las agentes fiscales intervinientes, que tras la investigación e informes recabados concluyen que los mismos han incurrido en la conducta imputada a los procesados.
Ahora los dos imputados deberán comparecer ante e Juzgado Penal de Garantías para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si los procesados seguirán privados de su libertad en el segundo proceso penal.
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Conforman equipo especial para investigar derrumbe de edificio en Encarnación
El Ministerio Público conformó un equipo especial para investigar el derrumbe del edificio en construcción en el barrio San Roque de Encarnación (Itapúa), ocurrido el miércoles por la noche, donde murieron una abuela y su nieta. Se están llevando a cabo diligencias para determinar las implicancias penales de los responsables de la obra y las responsabilidades administrativas de las autoridades municipales.
El grupo de trabajo está integrado por los fiscales Ever Regalado Williams Villasanti, titular de la Unidad Penal Número 1, de la Fiscalía Regional de Encarnación, Francisco Javier Martínez Paiva, de la Unidad Penal Número 10 y Rocío Carolina Valdez Florentín de la Unidad Fiscal Número 1, especializada en la Lucha contra el narcotráfico de Itapúa.
“Es importante determinar primero de que todas estas cuestiones que estamos nosotros recabando son cuestiones muy técnicas. Hablamos de situaciones de conocimiento de ingeniería, de arquitectura, calculistas, de otras modalidades que también van de la mano de una obra de esta envergadura”, señaló el fiscal Francisco Martínez al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Aclaró que igualmente se indagará sobre la responsabilidad del intendente de Encarnación, Luis Yd. “También hay una cuestión administrativa ahí en el municipio, de las autorizaciones, del expediente. Nosotros ahora no podemos todavía determinar alguna responsabilidad directa porque necesitamos que los ingenieros y arquitectos del Ministerio Público intervengan para poder tener una idea de lo que podría ser alguna causal y que podría ser una conducta penal”, remarcó.
El agente fiscal mencionó que los ingenieros y arquitectos del equipo de la Fiscalía harán una investigación documental in situ en la zona de obras, como parte de las pericias. Dijo que se debe diferenciar las conductas penales de las administrativas, asegurando que “sea quien sea” el responsable se actuará conforme a la ley.
Señaló que ya se retiró del municipio el expediente administrativo para verificar el proceso de habilitación de la obra, si se realizaron las verificaciones pertinentes de la construcción, tras la aprobación de los planos y todo lo que conlleva un proyecto urbanístico de esta envergadura.
A resultas de informe de peritos de obras
“Lo primero que hicimos es retirar todos los documentos del municipio y verificar con los ingenieros que ya están por Encarnación. Vamos a realizar una primera diligencia el día de hoy y posteriormente vamos a tener un dictamen que nos determinará si existe responsabilidad personal”, manifestó.
El abogado Martínez no quiso arriesgar una opinión sobre una eventual imputación del intendente de Encarnación, al sostener que las resoluciones se tomarán a resultas de las verificaciones de los profesionales técnicos en construcción.
“Hay una cadena de personas que firman documentos, que emiten autorizaciones, encargados de verificación del local que se va a construir. Aparte tienen otras personas que son calculistas que son determinantes para poder también autorizar. Entonces, cada uno de ellos una vez verificado toda esa cadena de responsabilidades vamos a ver quiénes efectivamente dieron su firma”, subrayó.
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Para cumplir condena por narcotráfico, herido en Ja´umina Fest fue extraditado a Brasil
Ciudad del Este. Agencia Regional.
José Luis Bogado Quevedo (31), de nacionalidad paraguaya, fue extraditado este jueves al mediodía al Brasil, siendo entregado a la Policía Federal, en la cabecera del Puente de la Amistad. El hombre tiene condena por narcotráfico y había quedado herido en el evento Ja´umina Fest, del año 2022, donde mataron a un presunto narcotraficante y a la influencer Cristina “Vita” Aranda.
Un fuerte contingente policial cumplió con el procedimiento a las 12:00, después de haber sido trasladado desde Asunción, de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional donde estaba recluido, hasta Ciudad del Este, según dijo a La Nación/Nación Media, el comisario Jorge Núñez, jefe de Interpol en Alto Paraná.
De acuerdo al informe de Interpol, se dio cumplimiento al Oficio Judicial N° 160 del 3 de abril del 2025, dictado por el Juez Penal de Garantías N° 7 de Asunción, Miguel Ángel Palacios y firmado por el actuario judicial David Rojas.
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Bogado Quevedo, no tiene causas en Paraguay, pero la Policía Nacional lo tiene vinculado a poderosos grupos criminales. Fue ordenada su detención preventiva después de resultar herido en un festival desarrollado en el anfiteatro “José Asunción Flores, de San Bernardino, debido a la orden de captura internacional que pesaba sobre él desde Brasil, donde tiene condena de 17 años por narcotráfico y más de 30 procesos abiertos por varios otros casos.
Su defensa intentó evitar la extradición desde ese tiempo, mediante recursos judiciales, hasta que finalmente, quedó ratificada la orden. En el atentado ocurrido en el festival de enero de 2022, había muerto también el supuesto narcotraficante Marcos Rojas Mora.
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Fiscalía paraguaya investigará espionaje informático de Brasil
El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, tomó la decisión de abrir una investigación penal ante el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del Gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú. El espionaje informático se habría iniciado en la gestión de Jair Bolsonaro y ejecutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.
Para el efecto, fue asignada como responsable la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano. Según publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
En la resolución n.° 27 el Ministerio Público refiere que la citada agencia “habría tratado de ingresar o habría ingresado a dispositivos electrónicos ajenos del presidente de la República del Paraguay, así como de senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático, de la Administración Nacional de Electricidad, entre otros”.
El espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones que fueron proveídas por el gobierno de Lula da Silva mediante un comunicado. El dirigente político del Partido de los Trabajadores responsabilizó exclusivamente de la acción ilegal a Bolsonaro.
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La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal, realizadas en noviembre del año pasado, y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utilizado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.
Por su parte, el gobierno del presidente Santiago Peña tomó la decisión de requerir explicaciones detalladas al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes.
A su vez, decidió suspender de manera indefinida el proceso de renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú. Mientras que desde el Congreso Nacional se anunció la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para dar seguimiento a la denuncia de espionaje.
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Tres allanamientos en Capitán Bado permiten anular estructura de producción de droga
Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron tres allanamientos en diferentes propiedades que formaban parte de una estructura de producción y acopio de drogas. Las mismas estaban ubicadas en una zona rural en Paso Historia y Aguara Vevé, distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay.
Las intervenciones derivaron en la incautación de 6.900 kilos de marihuana distribuidos en prensada, picada y ramas dispuestas al secado. Los intervinientes también procedieron al desmantelamiento de 3 campamentos precarios utilizados para procesar drogas.
En los lugares allanados se encontraron herramientas varias para el cultivo y procesamiento de la droga, así como evidencia de que desde estos puntos eran enviados importantes cargamentos de la droga a otros puntos del país.
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La fiscal interviniente Rossana Coronel, quien autorizó el despliegue de los agentes libró una orden de captura contra dos personas, las cuales fueron identificadas como Elvio Fernández Verón, alias Jaka, y Jorge Manuel Sosa Sánchez, alias Nene, quienes serían los responsables del negocio criminal intervenido.
Tras el procesamiento de las evidencias y la inspección de las propiedades, la fiscal dispuso la incineración en el sitio de todas las evidencias halladas, anulando así un importante foco de producción y distribución de la zona.
Este tipo de incursiones se viene realizando de manera constante en la zona, atendiendo a que existen varias propiedades privadas de difícil acceso que son utilizadas para mantener activos campamentos de producción y acopio de droga, la cual posteriormente es enviada en la mayoría de los casos a países vecinos de la región.
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