En el marco de la continuidad del juicio oral y público del exintendente de Asunción y comunicador Mario Ferreiro, la agente fiscal Stela Mary Cano solicitó al Tribunal de Sentencia, conformado por los magistrados Yolanda Morel, Claudia Criscioni y Elsa García, una pena de un año y seis meses.
Al respecto, Ferreiro se encuentra imputado por coacción y coacción grave, lesión de confianza y tráfico de influencias, en el marco de la causa conocida popularmente como “Asado de fin de semana”, nombre que los acusados colocaron a un grupo de mensajería de Telegram, donde supuestamente montaron un esquema de recaudación paralela en detrimento del municipio.
La misma pena también fue requerida contra Marcelo Mancuello, quien ocupó el cargo de jefe de Gabinete. Dentro del proceso judicial también figuran el exasistente de Ferreiro, Víctor Ocampos, Roberto y Fernando Ferreiro, ambos sobrinos del comunicador, sobre quienes la representante del Ministerio Público requirió una condena de 6 meses.
También fue acusado por el Ministerio Público Aureliano Servín y la exdiputada Rocío Casco. El hecho fue denunciado por el sociólogo. comunicador y exaliado político del acusado Camilo Soares el 27 de noviembre del 2019.
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Defensa solicitó la absolución
La solicitud fue realizada en la presentación de los alegatos finales por parte de la fiscal, así como de la defensa ejercida por el abogado Guillermo Ferreiro, actual aspirante al cargo de diputado por el sector opositor y presidente del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), quien solicitó la absolución y que se impongan las costas al Ministerio Público “por mala fe”, cuestionando junto con su colega Álvaro Arias, la tesis de acusación contra el comunicador y los demás acusados.
Al respecto, es acusado de generar un perjuicio patrimonial que alcanzaría los G. 1.611.710.511, que presuntamente fueron percibidos de forma indebida por parte de la firma denominada Ocho A SA. Las conversaciones del grupo fueron filtradas en lo relacionado con la empresa nombrada por el pago que correspondería a la ejecución del contrato sobre el servicio de señalización de varias calles de Asunción en cuyo marco se habría hecho el desembolso sin haberse prestado el servicio.