El Pleno de la Corte Suprema de Justicia dispuso que funcionarios de la Asesoría Jurídica y la Dirección de Auditoría se trasladen hasta el Ministerio Público para poder interiorizarse sobre la investigación acerca de la desaparición de 900 cheques de Contaduría de los tribunales. La determinación se adoptó tras escuchar el informe del licenciado Miguel Basualdo, director general de Auditoría Interna.
Una vez que se tengan los datos de cómo está la presente investigación en sede del Ministerio Público, dicho informe deberá ser elevado a cada ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Días atrás los integrantes de la máxima instancia judicial resolvieron remitir el informe de auditoría realizada por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia a la Contaduría General de los Tribunales, al Ministerio Público, para que esta institución inicie una investigación en el caso de una denuncia de desaparición de 900 cheques judiciales.
A raíz del resultado de la auditoría varios funcionarios fueron separados del cargo. Los que ya no están en la referida dependencia son la entonces directora de Contaduría General de los Tribunales, Marta Sosa Heisele y los funcionarios Gustavo Daniel Peña, Nilda Vega y Sandra Carolina Fleitas Vera.
La fiscal del presente caso es Alma Zayas, quien de acuerdo a informes preliminares ya recibió un informe en el que podría existir más de G. 7.000 millones en cobros de cheques adulterados.
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Latorre insta al Gobierno a invertir en ciberseguridad para proteger al Estado
El presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Raúl Latorre, fue contundente al expresar su postura sobre el futuro del ciberespacio de Paraguay. En ese sentido, instó al Gobierno a invertir y fortalecer la infraestructura en ciberseguridad, a fin de proteger la información de las instituciones del Estado y la imagen país.
El legislador se refirió a las publicaciones de un esquema de acciones de inteligencia del gobierno de Brasil, contra el Estado paraguayo, respecto a las negociaciones en torno al Anexo C del Tratado de Itaipú. Al respecto, remarcó que la ciberseguridad ya no es una necesidad del futuro, sino que es una necesidad del presente.
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“Cuestiones muy sensibles de seguridad nacional, información sensible, inherente a la subsistencia de un Estado, se manejan en el ciberespacio. Veo una reacción firme por parte del Gobierno, la suspensión de las negociaciones con Brasil sobre el Anexo C, hasta que esto sea esclarecido, es el paso correcto”, remarcó.
Latorre reiteró que Paraguay es vulnerable en términos de ciberseguridad, por lo que es urgente corregir esa vulnerabilidad estructural y recordó que nuestro país cuenta con aliados estratégicos que podrían brindar una mano en cuestiones de tecnología.
“Tenemos que ocuparnos de eso, es una cuestión costosa y compleja, sí, pero tenemos aliados estratégicos que tienen claras condiciones de ayudarnos a que esto deje de ser una debilidad y se convierta en una fortaleza. Tenemos aliados con condiciones que pueden darnos soporte en términos de tecnologías, términos informáticos y de inteligencia”, refirió.
Recuperar la confianza
Asimismo, agregó que debe haber una respuesta formal y seria por parte de los canales diplomáticos pertinentes. No obstante, aclaró que eso no significa que no se tomen medidas inmediatas, y una investigación.
“El gobierno brasileño está obligado a dar las explicaciones pertinentes, para recuperar la confianza. Esta cuestión que planteó Brasil, de que fue el Gobierno pasado, francamente me parece que no es la respuesta que un Estado debe dar a otro Estado”, expresó.
Agregó que Brasil es el principal socio comercial de nuestro país “compartimos Itaipú Binacional y hay demasiados intereses geopolíticos. Pero, la construcción de esta amistad debe estar cimentada en la confianza”, puntualizó. También mencionó que es fundamental mantener una relación de confianza y solidez con todos los países de la región, que debe trascender el modelo de los 5 años, independientemente a quién esté en el poder.
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Conforman equipo especial para investigar derrumbe de edificio en Encarnación
El Ministerio Público conformó un equipo especial para investigar el derrumbe del edificio en construcción en el barrio San Roque de Encarnación (Itapúa), ocurrido el miércoles por la noche, donde murieron una abuela y su nieta. Se están llevando a cabo diligencias para determinar las implicancias penales de los responsables de la obra y las responsabilidades administrativas de las autoridades municipales.
El grupo de trabajo está integrado por los fiscales Ever Regalado Williams Villasanti, titular de la Unidad Penal Número 1, de la Fiscalía Regional de Encarnación, Francisco Javier Martínez Paiva, de la Unidad Penal Número 10 y Rocío Carolina Valdez Florentín de la Unidad Fiscal Número 1, especializada en la Lucha contra el narcotráfico de Itapúa.
“Es importante determinar primero de que todas estas cuestiones que estamos nosotros recabando son cuestiones muy técnicas. Hablamos de situaciones de conocimiento de ingeniería, de arquitectura, calculistas, de otras modalidades que también van de la mano de una obra de esta envergadura”, señaló el fiscal Francisco Martínez al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Aclaró que igualmente se indagará sobre la responsabilidad del intendente de Encarnación, Luis Yd. “También hay una cuestión administrativa ahí en el municipio, de las autorizaciones, del expediente. Nosotros ahora no podemos todavía determinar alguna responsabilidad directa porque necesitamos que los ingenieros y arquitectos del Ministerio Público intervengan para poder tener una idea de lo que podría ser alguna causal y que podría ser una conducta penal”, remarcó.
El agente fiscal mencionó que los ingenieros y arquitectos del equipo de la Fiscalía harán una investigación documental in situ en la zona de obras, como parte de las pericias. Dijo que se debe diferenciar las conductas penales de las administrativas, asegurando que “sea quien sea” el responsable se actuará conforme a la ley.
Señaló que ya se retiró del municipio el expediente administrativo para verificar el proceso de habilitación de la obra, si se realizaron las verificaciones pertinentes de la construcción, tras la aprobación de los planos y todo lo que conlleva un proyecto urbanístico de esta envergadura.
A resultas de informe de peritos de obras
“Lo primero que hicimos es retirar todos los documentos del municipio y verificar con los ingenieros que ya están por Encarnación. Vamos a realizar una primera diligencia el día de hoy y posteriormente vamos a tener un dictamen que nos determinará si existe responsabilidad personal”, manifestó.
El abogado Martínez no quiso arriesgar una opinión sobre una eventual imputación del intendente de Encarnación, al sostener que las resoluciones se tomarán a resultas de las verificaciones de los profesionales técnicos en construcción.
“Hay una cadena de personas que firman documentos, que emiten autorizaciones, encargados de verificación del local que se va a construir. Aparte tienen otras personas que son calculistas que son determinantes para poder también autorizar. Entonces, cada uno de ellos una vez verificado toda esa cadena de responsabilidades vamos a ver quiénes efectivamente dieron su firma”, subrayó.
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Parque Guasu Metropolitano: jueza elevó a juicio oral proceso penal de acusado por coacción sexual
La jueza penal de Garantía, Diana Rossana Carvallo, elevó a juicio oral y público el proceso penal por coacción sexual y violación que enfrenta Aldo Styven Pereira, quien habría sometido sexualmente a una joven que estaba realizando actividad deportiva en el Parque Guasu Metropolitano, en el mes de agosto de 2024. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
La Fiscalía se ratificó en su acusación, detallando la extrema violencia aplicada por el acusado contra la víctima, a quien habría sorprendido cuando realizaba ejercicios en dicho espacio dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
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De acuerdo a la acusación, Pereira Saucedo, a través de la fuerza habría agarrado del cuello a la víctima, la despojó inmediatamente de su aparato celular y de la llave de su vehículo, luego la introdujo en una zona boscosa para cometer el abuso e incluso intentó ahorcarla, menciona la acusación fiscal.
También la jueza Carvallo decretó el arresto domiciliario del acusado debido a que el mismo ya cumplió la pena mínima. La Fiscalía y la querella no se opusieron a la prisión domiciliaria. Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá que fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público donde se tendrá que debatir la responsabilidad del procesado en el presente caso.
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Abuelo pide que se investigue caso de quemadura de su nieto y la custodia del menor
Un menor de un año ingresó como internado en el Hospital Regional de Encarnación, luego de sufrir quemaduras a la altura del pecho, aparentemente, con productos químicos utilizados para el diseño de uñas. Los padres indican que fue con un secante utilizado para el diseño de uñas, pero los familiares que serían los abuelos del menor, indican que pudo haber sido por un vapeador, por lo que piden una investigación, al tiempo de solicitar la custodia de su nieto.
Según el doctor Jorge Ayala, director centro asistencial del departamento de Itapúa, el paciente llegó hace una semana con lesiones por quemaduras a la altura del tórax y que actualmente ya se encuentra fuera de peligro. Los padres que lo llevaron hasta urgencias indicaron que este tomó uno de los productos que es usado por la madre para la realización de uñas a sus clientes.
“El paciente llegó el jueves pasado y presentaba quemaduras en el pecho o tórax, que fueron tratadas dentro del hospital y se realizaron los procedimientos de rigor correspondientes para este tipo de casos (para iniciar la investigación). Hoy jueves, recibió el alta médica para continuar el tratamiento en su casa”, detalló Ayala, en entrevista con Rocío Gómez, corresponsal de Nación Media.
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Confirmó que el niño fue llevado rápidamente al hospital y que por eso las heridas cicatrizaron rápidamente. “Se trata de una quemadura de segundo grado, lo que acá preocupa es la zona donde se provocó esta lesión así como el grado de severidad. En este caso no afectó la cara. Los familiares no descartaron que se podría tratar de quemadura por un vapeador, porque existe antecedentes por lesiones similares”, puntualizó.
Afirmó que el menor es oriundo de la localidad de Cambyretá y recibirá las curaciones como tratamientos en el centro asistencial de la zona, que estuvo acompañando todos los procedimientos aplicados en este periodo. “Lo que le provocó las quemaduras sería un secante para uñas esculpidas. Las lesiones eran similares a las que provoca el agua caliente u otro tipo de líquido caliente”, ratificó.
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