El Pleno de la Corte Suprema de Justicia dispuso que funcionarios de la Asesoría Jurídica y la Dirección de Auditoría se trasladen hasta el Ministerio Público para poder interiorizarse sobre la investigación acerca de la desaparición de 900 cheques de Contaduría de los tribunales. La determinación se adoptó tras escuchar el informe del licenciado Miguel Basualdo, director general de Auditoría Interna.
Una vez que se tengan los datos de cómo está la presente investigación en sede del Ministerio Público, dicho informe deberá ser elevado a cada ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Días atrás los integrantes de la máxima instancia judicial resolvieron remitir el informe de auditoría realizada por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia a la Contaduría General de los Tribunales, al Ministerio Público, para que esta institución inicie una investigación en el caso de una denuncia de desaparición de 900 cheques judiciales.
A raíz del resultado de la auditoría varios funcionarios fueron separados del cargo. Los que ya no están en la referida dependencia son la entonces directora de Contaduría General de los Tribunales, Marta Sosa Heisele y los funcionarios Gustavo Daniel Peña, Nilda Vega y Sandra Carolina Fleitas Vera.
La fiscal del presente caso es Alma Zayas, quien de acuerdo a informes preliminares ya recibió un informe en el que podría existir más de G. 7.000 millones en cobros de cheques adulterados.
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