Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Víctor Adolfo Santander formuló imputación contra el propietario de una fábrica de PVC y accesorios por supuesto delito ambiental al no contar con licencia para el funcionamiento de depósitos de materiales delicados. El hecho punible investigado es la transgresión de la Ley 716/96 de Medio Ambiente (incumplimiento de medidas de mitigación).
El procesado es Paulo Sergio Castilho (48), de nacionalidad brasileña, domiciliado en el barrio San Francisco de Hernandarias, quien quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías. Según la investigación fiscal, el empresario montó un complejo industrial para la fabricación y comercialización de gránulos y cornisas de PVC, además de cielorrasos y polímeros para materia prima.
Para el complejo industrial habilitó dos depósitos en el kilómetro 8 Acaray de Ciudad del Este, sin contar con la licencia ambiental del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). Paulo Sergio Castilho sí tenía licencia, pero para operar en el Parque Industrial San Juan, ubicado también en el km 8 Acaray de Ciudad del Este.
Puede interesarle: Fiscalía paró tala de árboles en paseo central e incautó maquinarias de la comuna
El imputado mudó su local a otra dependencia que no estaba habilitada para operar, conforme el escrito presentado por el agente fiscal. Como parte de la investigación, la Unidad Especializada en hechos punibles contra el Medio Ambiente intervino la fábrica el pasado 18 de octubre de 2022, en cumplimiento del Auto Interlocutorio (A.I.) número 1550, firmado por la jueza Teresita Cazal, titular del Juzgado de Garantías N° 1.
Durante la intervención, el Ministerio Público detectó las irregularidades, además constató gran cantidad de polvo acumulado en la superficie de la fábrica. Asimismo, el fiscal Adolfo Santander observó que los empleados no contaban con los equipos de protección individual, entre otras anormalidades.
Según el escrito, el fiscal Santander formuló una reserva expresa con relación a una eventual ampliación de la presente imputación, ya sea en la plataforma fáctica, jurídica o probatoria establecida en el presente proceso. Esto, teniendo en cuenta la participación de otras personas que podrían verse involucradas en la comisión del hecho punible y los tipos penales que le resultaren precedentes.