Operativo Berilo: suspenden audiencia preliminar por recusación contra jueza
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Una vez más se suspendió la audiencia preliminar para Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y otros acusados por hechos relacionados al narcotráfico. Esta vez la diligencia judicial se suspendió debido a que la abogada Stella Almirón, defensora de la acusada Flora Lidia Ayala, recusó a la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo, por lo que la diligencia judicial se tuvo que posponer.
Ahora se deberá estudiar esta nueva recusación que pesa sobre la citada magistrada y una vez que el Tribunal de Apelación decida sobre la nueva chicana y, en caso de confirmar la competencia de la jueza, la misma tendrá que fijar una nueva fecha para el desarrollo de la diligencia judicial donde se definirá si los procesados enfrentarán un juicio oral y público.
Por su parte, el diputado Ulises Quintana, quien también está procesado en el presente caso, sostuvo que hay una justicia selectiva, y el tema era “caiga quien caiga”, sin embargo, el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien presuntamente estaba negociando con el dos del Primer Comando Capital, tiene medidas alternativas, según alegó.
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron más de 20 allanamientos, en los cuales se incautaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de US$ 800.000.
Filtración de Seprelad: jueza habilitada para estudiar chicanas de exfuncionarios abdistas
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La jueza penal de garantías Cynthia Lovera ya se encuentra habilitada para estudiar las chicanas impulsadas los exministros de Mario Abdo Benítez en la causa conocida como filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), se reportó este miércoles a través del programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, desde el Poder Judicial.
Lovera deberá estudiar un total de 12 chicanas planteadas desde el 14 de marzo del 2024 por las defensas de Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, acusados por la Fiscalía, el pasado 11 de marzo. Mientras el exmandatario Mario Abdo Benítez y su exsecretario, el diputado Mauricio Espínola, continúan escudados en sus fueros legislativos.
Los siete imputados se encuentran acusados por lossupuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La acusación fue presentada por los fiscales Silvia González y Christian Benítez ante la jueza Penal de Garantías, Cynthia Lovera. El caso inició tras la denuncia presentada el 31 de julio del 2023 por el expresidente de la República, Horacio Cartes, a través de su abogado Pedro Ovelar, quien amplió la denuncia en dos oportunidades: el 30 de agosto y el 30 de octubre de 2023.
El Ministerio Público imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, quien está preso en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Foto: Archivo
Triple choque en Sanber: juez definirá si ratifica o no la prisión de Sanabria Vierci
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A las 07:30 de este miércoles se deberá realizar la audiencia de revisión de medidas cautelares para el empresario Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre, por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque- San Bernardino donde falleció toda una familia.
La diligencia judicial se realizará ante el juez penal de garantía de Caacupé Augusto Acuña, quien tendrá que definir si ratifica la prisión preventiva de Sanabria Vierci en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional o en otro recinto penitenciario. Por su parte, la querella adhesiva pedirá al juzgado penal de garantía que se ratifique la prisión del imputado.
La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.
En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.
La única que pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.
Parque Guasu Metropolitano: jueza elevó a juicio oral proceso penal de acusado por coacción sexual
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La jueza penal de Garantía, Diana Rossana Carvallo, elevó a juicio oral y público el proceso penal por coacción sexual y violación que enfrenta Aldo Styven Pereira, quien habría sometido sexualmente a una joven que estaba realizando actividad deportiva en el Parque Guasu Metropolitano, en el mes de agosto de 2024. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
La Fiscalía se ratificó en su acusación, detallando la extrema violencia aplicada por el acusado contra la víctima, a quien habría sorprendido cuando realizaba ejercicios en dicho espacio dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
De acuerdo a la acusación, Pereira Saucedo, a través de la fuerza habría agarrado del cuello a la víctima, la despojó inmediatamente de su aparato celular y de la llave de su vehículo, luego la introdujo en una zona boscosa para cometer el abuso e incluso intentó ahorcarla, menciona la acusación fiscal.
También la jueza Carvallo decretó el arresto domiciliario del acusado debido a que el mismo ya cumplió la pena mínima. La Fiscalía y la querella no se opusieron a la prisión domiciliaria. Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá que fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público donde se tendrá que debatir la responsabilidad del procesado en el presente caso.
Gianina García Troche fue detenida en España y la justicia de dicho país confirmó que debe ser extraditada a Paraguay donde enfrenta un proceso penal por delitos relacionados al narcotráfico en el caso A Ultranza Py. FOTO: GENTILEZA
Justicia española ratificó extradición a nuestro país de esposa de Sebastián Marset
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La jueza del Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fue informada por la Justicia de España que quedó firme la extradición de Gianina García Troche, esposa del presunto narcotraficante Sebastián Marset, actualmente prófugo.
De acuerdo a la información, las autoridades del país europeo a través de la resolución firmada el 4 de marzo de 2025, se declaró la firmeza del Auto de fecha 23/01/2025 y se acordó declarar procedente en fase jurisdiccional la extradición de la ciudadana uruguaya, confirmado por Auto de fecha 28/02/2025 dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal, resolviendo recurso de súplica.
Con la presente resolución solo se espera la determinación del Gobierno de España para que se pueda materializar la extradición de la pareja del presunto narco Sebastián Marset quien es requerida en nuestro país por el caso A Ultranza Py.
Gianina García fue detenida en el aeropuerto de Madrid, España, el 7 de julio del 2024, tras bajar de un vuelo proveniente de Dubái. Igualmente la Justicia de Bolivia solicitó la extradición de la mujer por delitos relacionados a lavado de dinero.
La imputación del Ministerio Público, a cargo del fiscal Deny Yoon Pak determinó que García Troche constituyó una sociedad para asegurar las ganancias obtenidas del tráfico internacional de drogas y además abrió una cuenta para lograr la circulación de dinero ilícito en el sistema financiero.