Los fiscales Rodrigo Estigarribia y Diego Arzamendia solicitaron la pena de 12 años de cárcel para el extitular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Enzo Cardozo, quien está siendo juzgado por el delito de lesión de confianza. Asimismo se pidió 8 años de pena privativa de libertad para el también exministro Rody Godoy, enjuiciado por el mismo delito que Cardozo. También se requirió la pena de 13 años de cárcel para Maristela Azuaga, exdirectora de Administración y Finanza de la cartera de Agricultura.
El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar a los acusados está integrado por Elsa García, Héctor Escobar y Gloria Hermosa. Los mismos deberán estudiar si corresponde condenar o absolver a los tres acusados en el presente caso.
Para este miércoles la audiencia oral prosigue con la exposición de los alegatos finales de cada una de la defensa de los acusados. Posteriormente se ingresará en la etapa de réplica y dúplica, y luego el tribunal colegiado ingresará a deliberar lo que será la sentencia de primera instancia.
Acusación
El exministro de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo fue acusado por el presunto desvío de G. 59.552 millones durante su gestión como ministro de Agricultura, mientras que Rody Godoy fue procesado por el presunto desvío de G. 8.447 millones. En total, los montos entre los dos exsecretarios de Estado suman más de G. 67.000 millones.
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Caso 500 kV: declaran prescripción y dejan impune perjuicio de G. 9.400 millones a la Ande
La Cámara de Apelación, en mayoría y con los votos de Andrea Vera y Cristóbal Sánchez, declaró la prescripción de los hechos y sobreseyó definitivamente al extitular de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Carlos Heisele, René Aranda Cáceres y Ángel Javier Galeano Barrientos, acusados por supuesta lesión de confianza.
El Ministerio Público sostenía que los mismos causaron un perjuicio patrimonial de unos G. 9.400 millones. Con esta resolución el caso queda impune a raíz de las innumerables chicanas presentadas en el proceso penal que hicieron que el caso no avance y llegue a sobrepasar más de 12 años de haberse iniciado la investigación.
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Según los antecedentes del caso, el extitular de la Ande habría otorgado indemnizaciones irregulares a propietarios de inmuebles de la franja de dominio de la línea de transmisión de 500 kV, que une la Itaipú Binacional y el departamento de Presidente Hayes.
El proceso judicial se dio inicio tras varias publicaciones periodísticas que señalaron un sobrecosto en el pago a los propietarios de los terrenos que fueron afectados por la construcción de la línea de transmisión de 500 kV.
En ese marco hay que señalar que el fiscal Leonardi Guerrero había señalado que la Ande pagó a los 17 dueños de inmuebles montos superiores a lo establecido por el dictamen de la Dirección de Topografía, que fijó el costo estimado de G. 3.000 millones.
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Fiscalía acusa y pide juicio oral para intendente de Encarnación por presuntos delitos ambientales
Desde el Ministerio Público informaron que la agente fiscal Angelina Arriola Funes, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de Itapúa, formuló acusación contra Alfredo Luis Yd Sánchez, en su carácter de intendente municipal de la ciudad de Encarnación, por la supuesta comisión de delitos contra el medio ambiente. La representante de la Fiscalía solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Conforme a la investigación del hecho, Yd Sánchez, en su carácter de administrador municipal, habría atentado contra el medio ambiente y la calidad de vida humana, al omitir el cumplimiento de las exigencias legales referentes al buen manejo de los residuos sólidos urbanos y de las disposiciones vigentes para la habilitación y el funcionamiento del vertedero municipal, ya que se constató que el mismo funciona sin los criterios ambientales requeridos.
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La unidad fiscal a cargo de Arriola sostiene que, tras las investigaciones realizadas y de los elementos de convicción idóneos que fueron recolectados durante la etapa preparatoria, existe certeza positiva con probabilidad cierta de demostrar en juicio oral y público la participación del acusado en la comisión del hecho punible mencionado, tipificado en el Art. 200 del Código Penal- Procesamiento. Además, el incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, tipificado en el artículo 5 inc. e) de la Ley 716/96, en concordancia con el artículo 16, en calidad de autor.
Durante la investigación preparatoria se recolectaron y se incorporaron de manera legal, suficientes elementos de convicción que permiten sostener razonablemente, la existencia del hecho del modo relatado en la plataforma fáctica y la participación que en el mismo le cupo al hoy acusado.
Dentro de las investigaciones realizadas, se pudo verificar que el predio de aproximadamente 22 hectáreas donde funciona el vertedero o relleno sanitario está compuesto de varias fincas cuya posesión corresponde a la Municipalidad de Encarnación y la propiedad a la Entidad Binacional Yacyretá, conforme se coteja en la nota de fecha 6 de setiembre del 2023, remitida por la Binacional al Ministerio Público.
Entre las diligencias llevadas adelante se procedió al allanamiento del inmueble ubicado en el barrio San Antonio Ypekuru, del distrito de Encarnación, lugar donde funciona el vertedero municipal o relleno sanitario de residuos sólidos urbanos del municipio encarnaceno. La comitiva fiscal estuvo encabezada por Arriola, acompañada de técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público y personal policial de diversas comisarías.
Durante el recorrido por el predio se constató efectivamente la existencia de un vertedero donde se depositan residuos urbanos domiciliarios, mezclados con algunos residuos industriales y residuos hospitalarios, sin criterios ambientales, pues no se observó la compactación del suelo, las cañerías colectoras de líquidos lixiviados, las chimeneas de venteo ni la cobertura con tierra de los residuos depositados en el sitio, además de no contar con copias de los documentos habilitantes expedidos por la autoridad de aplicación (Mades).
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Fiscalía incautó lotes de camperas presuntamente falsificadas en Falcón
La agente fiscal interina de la Unidad Especializada de Propiedad Intelectual y contra el Contrabando de Villa Hayes, Norma Paredes, realizo está mañana una intervención en Puerto Seco Boreal de Falcón, en el marco de una investigación iniciada por la supuesta infracción a las leyes que protegen la propiedad marcaría.
La comitiva interinstitucional integrada por la Dirección General de Vigilancia Aduanera (GGA) de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Dirección General de Observancia de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), coordinados por la representante del Ministerio Público realizaron una inspección a un contenedor que tenia un total de 222 bultos que contenían una gran cantidad de camperas, presumiblemente de marcas falsificadas.
Cada bulto contenían entre 60 a 70 prendas, totalizando 13.000. Los 222 bultos son camperas genéricas, sin marca, por lo que no fueron incautadas. El lote de mercadería incautada quedará en resguardo de la administración aduanera a la espera del mandamiento judicial correspondiente.
Igualmente, la representante del Ministerio Público una vez recabado todos los datos deberá estudiar si corresponde presentar imputación contra los responsables del contenedor.
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Conforman equipo especial para investigar derrumbe de edificio en Encarnación
El Ministerio Público conformó un equipo especial para investigar el derrumbe del edificio en construcción en el barrio San Roque de Encarnación (Itapúa), ocurrido el miércoles por la noche, donde murieron una abuela y su nieta. Se están llevando a cabo diligencias para determinar las implicancias penales de los responsables de la obra y las responsabilidades administrativas de las autoridades municipales.
El grupo de trabajo está integrado por los fiscales Ever Regalado Williams Villasanti, titular de la Unidad Penal Número 1, de la Fiscalía Regional de Encarnación, Francisco Javier Martínez Paiva, de la Unidad Penal Número 10 y Rocío Carolina Valdez Florentín de la Unidad Fiscal Número 1, especializada en la Lucha contra el narcotráfico de Itapúa.
“Es importante determinar primero de que todas estas cuestiones que estamos nosotros recabando son cuestiones muy técnicas. Hablamos de situaciones de conocimiento de ingeniería, de arquitectura, calculistas, de otras modalidades que también van de la mano de una obra de esta envergadura”, señaló el fiscal Francisco Martínez al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Aclaró que igualmente se indagará sobre la responsabilidad del intendente de Encarnación, Luis Yd. “También hay una cuestión administrativa ahí en el municipio, de las autorizaciones, del expediente. Nosotros ahora no podemos todavía determinar alguna responsabilidad directa porque necesitamos que los ingenieros y arquitectos del Ministerio Público intervengan para poder tener una idea de lo que podría ser alguna causal y que podría ser una conducta penal”, remarcó.
El agente fiscal mencionó que los ingenieros y arquitectos del equipo de la Fiscalía harán una investigación documental in situ en la zona de obras, como parte de las pericias. Dijo que se debe diferenciar las conductas penales de las administrativas, asegurando que “sea quien sea” el responsable se actuará conforme a la ley.
Señaló que ya se retiró del municipio el expediente administrativo para verificar el proceso de habilitación de la obra, si se realizaron las verificaciones pertinentes de la construcción, tras la aprobación de los planos y todo lo que conlleva un proyecto urbanístico de esta envergadura.
A resultas de informe de peritos de obras
“Lo primero que hicimos es retirar todos los documentos del municipio y verificar con los ingenieros que ya están por Encarnación. Vamos a realizar una primera diligencia el día de hoy y posteriormente vamos a tener un dictamen que nos determinará si existe responsabilidad personal”, manifestó.
El abogado Martínez no quiso arriesgar una opinión sobre una eventual imputación del intendente de Encarnación, al sostener que las resoluciones se tomarán a resultas de las verificaciones de los profesionales técnicos en construcción.
“Hay una cadena de personas que firman documentos, que emiten autorizaciones, encargados de verificación del local que se va a construir. Aparte tienen otras personas que son calculistas que son determinantes para poder también autorizar. Entonces, cada uno de ellos una vez verificado toda esa cadena de responsabilidades vamos a ver quiénes efectivamente dieron su firma”, subrayó.
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