Las agentes fiscales Laura Ávalos y Gladys González allanaron esta mañana una clínica en la ciudad de San Antonio ante una denuncia formulada por la municipalidad de dicha localidad, en atención que la misma no tendría habilitación, ni autorización para su funcionamiento.
Las agentes intervinientes encontraron en el lugar recetarios y fichas médicas. La agente fiscal Ávalos solicitó informes al Ministerio de Salud Pública y tras recibir los informes de la cartera de Salud se decidió clausurar la clínica Hermanos Asís que funcionaba sin habilitación ni autorización, según la denuncia recibida.
Ahora las fiscales del caso deberán analizar si corresponde formular una imputación contra los propietarios de la referida clínica que no debía funcionar de acuerdo a la denuncia formulada. Igualmente las documentaciones incautadas durante el citado procedimiento fiscal serán analizadas minuciosamente por los investigadores.
Del mismo modo serán llamadas a declarar varias personas, entre ellas los propietarios de la clínica, así como las que acudieron a dicho centro asistencial para realizarse varios controles médicos.
En caso de que el Ministerio Público considere formular la imputación contra las autoridades de la clínica, las mismas deberán acudir para la audiencia de imposición de medidas cautelares. En dicha diligencia judicial se definirá si los imputados son beneficiados con medidas alternativas a la prisión o en su defecto se ordena la prisión preventiva.
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Denuncian a director por omisión de auxilio a estudiante que se fracturó en la escuela
La madre de un niño que acude al 7.º grado en la Escuela Básica N° 5580 San Francisco de Asís de la ciudad de San Antonio denunció al director de la institución, Richard Ocampos, por omisión de auxilio, ya que el pequeño habría sufrido una grave lesión mientras jugaba con sus compañeros y, a pesar de tener conocimiento del hecho, el titular de la institución no activó el protocolo de emergencias ni se comunicó con los padres.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la denunciante Aura González explicó que el hecho habría ocurrido el pasado 11 de marzo cuando los niños se encontraban aguardando para la salida y su hijo junto con otro compañero empezaron a jugar. En un momento dado, su pequeño habría caído al piso y por el impacto se fracturó ambas muñecas.
Según manifestó la madre, lejos de activar el protocolo de emergencia, el director de la institución decidió reprender al pequeño por el hecho y enviarlo a su casa con el dolor que sentía y sin notificar a los padres de lo que había ocurrido para que el niño sea atendido de urgencia.
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“El director estuvo presente y minimizó todo sin aplicar el protocolo de emergencia, no le asistió, no nos avisó a nosotros los padres para acudir, le envió solo a mi hijo a mi casa, todo lastimado sin poder moverse, solo se encargó de llamarle la atención como diciendo que mi hijo tenía la culpa”, comentó la madre del pequeño.
La señora remarcó que el director de la institución se comunicó con ella recién 24 horas después de lo sucedido, y que posteriormente ya no consultó sobre la evolución del menor ni en qué estado se encontraba. Así también aseguró que la situación generó en ella no solo indignación, sino que miedo por los demás menores que se encuentran asistiendo al colegio, ya que esta no sería la primera vez que el titular de la escuela no cumple con los protocolos estipulados.
En la misma tesitura, Mirna González, una de las madres que son parte de la comunidad educativa, confirmó que ya son múltiples los casos en donde padres se quejan por el actuar del director de la escuela, y que acceder a conversar con él es bastante complicado, ya que se encuentran con negativas constantes, en especial cuando se trata de hechos puntuales como este, o los relacionados con infraestructura o utilización de fondos.
“Aparte de este caso, hay otros casos donde los chicos se lastimaron y él no avisó a los padres, no pidió asistencia de ambulancia o de los bomberos y, además, les hace firmar el libro de mala conducta a los alumnos. Se tiene que intervenir en el colegio de manera urgente y ver también el tema de la ACE y el uso del dinero, ya que constantemente los padres debemos llevar a cabo actividades para cubrir los arreglos de salones de clase, entre otros”, comentó Mirna González a La Nación.
Desde la redacción de este medio, logramos comunicarnos con el denunciado Richard Ocampos, pero al mencionar que el tema a consultar era respecto a estas acusaciones, la llamada se cortó y no se logró retomar contacto con el mismo.
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Juez acusado por acoso sexual denunció a ministro de Corte, jueces y fiscales
El juez Amado Arsenio Yuruhan Díaz, enjuiciado por mal desempeño en sus funciones, suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y acusado por la fiscalía por el hecho punible de acoso sexual presentó una denuncia penal en sede del Ministerio Público contra el ministro de la Corte y titular del JEM, César Garay, así como contra varios camaristas, jueces de primera instancia y fiscales.
El denunciante debe enfrentar este lunes la audiencia preliminar por el caso de acoso sexual donde un juez penal de garantía de Filadelfia deberá resolver si Yuruhan Díaz estará sentado en el banquillo de los acusados. Además de los camaristas, jueces y fiscales, también fue denunciada Mirian Marecosm administradora de la sede judicial de Boquerón, quien igualmente tiene varias críticas realizada por la ciudadanía del Chaco.
Los hechos punibles que denunció el magistrado enjuiciado son persecución de inocente, tortura, denuncia falsa, coacción grave, simulación de un hecho punible y asociación criminal. El escrito presentado en sede fiscal menciona que el ministro Garay supuestamente propicio un procedimiento penal en contra del denunciante utilizando a la fiscala Claudia Aguilera y a los demás denunciados.
Ahora se deberá designar a un fiscal para que pueda estudiar la denuncia presentada por Yuruhan y a su vez deberá realizar los actos investigativos y analizar si corresponde presentar la desestimación de la denuncia o alguna imputación.
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Allanan presunto aguantadero de vehículos en San Antonio
La Policía Nacional allanó este miércoles un aguantadero de vehículos en la ciudad de San Antonio y detuvo al presunto robacoches identificado como Raúl Cristaldo Amarilla, quien pertenecería a una banda que opera a nivel nacional. Una vivienda era utilizada por los malvivientes para modificar los automóviles y luego comercializarlos a grupos criminales que los utilizaban en asaltos y otros atracos perpetrados en varios puntos del país.
El procedimiento estuvo a cargo de agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado, quienes capturaron al sujeto que sería líder de una organización de robacoches. Según los intervinientes, uno de los últimos golpes atribuidos a este grupo delincuencial se produjo en San Lorenzo el pasado 21 de febrero donde habían robado un auto.
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Tras una investigación, se logró localizar la casa de Cristaldo y ni bien se ingresó al inmueble ya se encontraron dos vehículos sin documentación. Uno de ellos ya se comprobó que es hurtado, se trata de un Kia Picanto de color negro, con chapa BLB 364 que estaba en proceso de modificación. El otro automóvil es de la marca Volkswagen tipo Virtus.
Una casa con escasos muebles
Un detalle curioso es que en la vivienda no había camas, sino solo colchones y unos pocos muebles. Se incautaron algunas ropas, herramientas, teléfonos celulares. Según los investigadores se trata de un esquema grande de delincuentes donde cada integrante tiene una función específica que incluye al levantador y al reducidor.
Se presume que los rodados hurtados en diferentes puntos del país se acondicionaban en este lugar y luego se vendían a grupos criminales que se dedican a realizar asaltos. “Nosotros consultamos con el propietario de la casa, él no supo justificar la presencia de estos vehículos acá. Sí dice que este vehículo rojo es de su hermana, pero al encontrar un vehículo irregular ya tenemos la presunción de que estarían preparando para hechos punibles”, señaló el comisario Óscar Cáceres al canal NPY.
Afirmó que en ese lugar los criminales “dejaban enfriar los vehículos” para prepararlos por ejemplo cambiando el chasis para colocar a otro de similares características. “Una vez preparado se le vende o se le cede a la gente que va a cometer el hecho punible, ya sea robo”, indicó.
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Caso Seprelad: con nueva recusación a fiscales, abogados abdistas buscan impunidad
El expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, presentó una recusación contra los agentes fiscales asignados a investigar la causa por supuesta revelación de secretos, inducción a cometer hecho punible, asociación criminal, entre otros hechos punibles. Esta nueva chicana es impulsada mediante su abogado Enrique Kronawetter con la finalidad de buscar impunidad.
La causa judicial guarda relación con la filtración de datos financieros confidenciales mediante la instrumentalización de las instituciones estatales, como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). En el caso están imputados sus excolaboradores Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Mauricio Espínola, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
La recusación va dirigida contra el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, la adjunta Matilde Moreno y sus colegas Elva Cáceres, César Sosa y Osmar Segovia. La chicana es impulsada por Mario Abdo Benítez, teniendo en cuenta que este martes a las 23:59 fenece el plazo que poseen los agentes para requerir el juicio oral o el sobreseimiento de los procesados.
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En la chicana presentada por Abdo Benítez se manifiesta que “la recusación se sustenta en la ausencia de toda objetividad en la actuación de los agentes fiscales designados de manera intempestiva tras la renuncia del fiscal Guillermo Sanabria, quien era el único que, naturalmente, estaba llevando adelante la investigación”, sostiene.
Sin embargo, evitan aludir sobre el vínculo directo entre el fiscal renunciante Sanabria y el equipo legal de Abdo. Su hermana Patricia Sanabria forma parte del estudio jurídico Berkemeyer, donde también trabajan Kronawetter y Federico Huttemann, abogados que, junto con César Trapani, llevan la defensa del exmandatario.
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