El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado, recusó este viernes a los miembros del Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, Matías Garcete y Adriana Planás, con la finalidad de impedir el avance de su juicio oral y público, cuya continuidad estaba prevista para las 8:30 de hoy.

La nueva chicana impulsada por el también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), fue presentada 40 minutos minutos antes del horario fijado por su abogado Emilio Fuster. Lo llamativo del caso es que Guizzio no haya promovido la recusación contra la jueza Yolanda Morel, esposa del ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel de Jesús Ramírez Candia.

De esta manera el proceso se pospondrá hasta tanto la Cámara de Apelación resuelva la recusación contra ambos magistrados. La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del año 2023 por los fiscales anti­corrupción Diego Arzamen­dia y Jorge Arce.

Ambos argumentan que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco brasileño, Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, de contratar con el Estado para­guayo, específicamente con el Ministerio del Interior, que lideraba hasta febrero del año 2022.

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La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supues­tas conversaciones vía What­sApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evi­dencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Espíndola Marques de Padua. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que Giuzzio usó una camio­neta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

Se había comprobado que Giuzzio viajó en el vehículo prestado por el presunto nar­cotraficante para ir al Brasil en plan de vacaciones. Esto sin mencionar que Espíndola pretendía convertirse en pro­veedor de equipos de blinda­jes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Poli­cía Nacional cuando Giuzzio seguía al frente de la cartera.

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El expresidente de la República Mario Abdo Benítez anun­ció ayer que solicitará a la Cámara de Senadores su desafuero de la contun­dente imputación formu­lada por la Fiscalía en con­tra de sus exministros por el caso Seprelad. Tras el anun­cio del pedido de desafuero, que lo hizo el propio exman­datario a través de redes sociales, el senador Antonio Barrios calificó la solicitud como una “estrategia” polí­tica. Recordó que el pedido de desafuero está en comi­sión desde hace un año, debe ser analizado y que el expre­sidente debe someterse a la Justicia.

“¿Y cómo va a ser persecución política si él mismo lo pide?”, cuestionó Barrios a la emisora 970 AM. “El pedido (de desa­fuero) de Marito fue enviado a comisión, eso está en comi­sión, eso tenemos que estu­diarlo. Ya que él pide, hay que darle el desafuero y que se someta a la Justicia”, destacó el legislador.

Es que a pesar de la “dispo­sición” mostrada por Abdo Benítez, muchos dudan de que esta pérdida de fueros avanzará, ya que se escudó durante un año en su inmu­nidad como senador vitalicio para afrontar la causa de la filtración de Seprelad, en la que sí están procesados sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio o René Fer­nández. Voces como las de la senadora Lilian Samaniego hacen dudar aún más de que realmente se busque avanzar hacia el desafuero.

El legislador se refirió a la posición de la senadora Sama­niego, quien afirmó que no apoyará el pedido de desa­fuero al considerarlo una persecución política. Barrios, sin embargo, insistió en que se trata de una maniobra del expresidente y sus aliados para generar tensión en el escenario político. El senador también criticó lo que descri­bió como un “show mediático” impulsado por los defensores de Abdo Benítez y sus segui­dores.

“Gritan muy fuerte, pero no son la mayoría”, afirmó Barrios, señalando que estas voces están “estimuladas” para crear un clima de con­frontación. Además, destacó que el expresidente cuenta con un amplio respaldo legal y mediático, lo que, en su opi­nión, busca influir en la opi­nión pública.

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, se refirió al anuncio de desafuero del expresi­dente de la República Mario Abdo Benítez. “Yo creo que tardó el expresidente, desde un inicio hubiera puesto a disposición sus fue­ros mediáticamente”, dijo en una conferencia de prensa. Núñez explicó que hasta el momento no cuentan con la solicitud y que se tratará el pedido en el momento que corresponda. “Se va a tratar, solo que no está en el orden del día, acá nadie va a venir a marcar una agenda del Legislativo, si no hay una imperiosa necesidad. Pasa que tenemos siete acusados parece y dentro de eso pusieron en tapa que Mario Abdo iba a ser acusado, y no, él no está en la causa y si está desaforado, ahora entonces tiene que ser investi­gado, como cualquier ciudadano común”, expresó.

El senador Natalicio Chase también se pronunció sobre la intención del expresidente de la Repú­blica. “No se evaluó el tema del desafuero en la reunión de bancada de Honor Colorado. Esto es un tema que se encuentra en la Comisión de Asuntos Consti­tucionales y seguro si existe el pedido de algún senador de reflo­tar el tema, la comisión tendrá que expedirse y el pedido volver al pleno. Seguro se analizará esto durante la semana”, dijo.

Luego manifestó que analizarán la solicitud en el transcurso de la semana y no descarta que el pedido de desafuero sea tratado en la próxima sesión de la Cámara. El pedido judicial está pen­diente en el Senado desde marzo del pasado año. En una opor­tunidad se puso a consideración, pero el Senado quedó sin cuó­rum no pudiendo tratar el pedido judicial.

El abogado de Horacio Cartes explicó que hay suficientes elementos que corroboran que hubo persecución política.

El abogado Pedro Ove­lar, representante legal del exmandatario Horacio Cartes, se refirió a la deci­sión del Ministerio Público de acusar y requerir el jui­cio oral y público para los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindi­cados de cometer persecu­ción política y terrorismo de Estado contra su defendido mediante la instrumentali­zación de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

“Esto es naturalmente cómo se debe desarrollar el pro­ceso, a culminar la investi­gación donde hay elemen­tos suficientes que fundan los fiscales para discutir este caso en el juicio oral y público. En honor a la ver­dad, aquí aún no se ha con­denado a nadie, se abre la posibilidad de públicamente discutir las pruebas y ele­mentos probatorios, no los relatos mediáticos”, sostuvo Ovelar, al programa “Así son las cosas” (canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media).

Ovelar manifestó que mediante la acusación de la Fiscalía se corrobora que Abdo Benítez y sus excola­boradores Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fer­nández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Gui­llermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene atacaron políticamente al líder del movimiento Honor Colorado y titular del Par­tido Colorado.

“Con la acusación se abre la posibilidad de dilucidar, aclarar, de producir las prue­bas en favor y en contra. A criterio nuestro y sobre las bases de elementos proba­torios muy relevantes, per­siguieron políticamente al expresidente de la República Horacio Cartes”, refirió.

Al igual que su jefe, el diputado colorado abdista Mauricio Espí­nola se sumó a la iniciativa de solicitar el tratamiento de su desa­fuero para enfrentar la Justicia, luego de las acusaciones pre­sentadas contra exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo. Su abogada, Cecilia Pérez, una vez más se mostró reacia a analizar el fondo de la acusación, como lo hicieron durante todo el año que duró la investigación y se dedicó solamente a tratar de deslegiti­mar todo el proceso, obviando que sus colegas que defienden a los excolaboradores de Abdo impulsaron decenas de recusaciones y chicanas con el objetivo de paralizar el caso. El retiro de los fueros tendrá que analizarlo la Cámara de Diputados, cuerpo legislativo que ya el año pasado había recibido el pedido de desafuero.

La sala constitucional de la Corte Suprema de Justica, integrada por los ministros César Diesel, Víctor Ríos y Gustavo Santander, dio trámite a la acción de inconstitucionalidad que presentó el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien debe ser juzgado por cohecho pasivo agravado por recibir favores de un presunto narcotraficante detenido en Brasil.

El exsecretario de Abdo Benítez recurrió a la máxima instancia judicial tratando de dejar sin efecto las resoluciones de primera y segunda instancia que había elevado el presente proceso penal a un juicio oral y público.

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Los altos magistrados, al dar tramite a la acción de Giuzzio, han solicitado que se remita el expediente principal a la sala constitucional para que se pueda estudiar el planteamiento del acusado. Este hecho podría hacer que se suspenda el desarrollo ordinario del juicio oral al exministro del Interior.

El pasado martes se inició el juicio oral y público para el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado. Al iniciarse la audiencia oral, el fiscal del caso, Jorge Arce, solicitó al tribunal de sentencia integrado por Adriana Planas, Matthias Garcete y Yolanda Morel, que se pida vía exhorto el resultado de la extracción de datos del teléfono celular del presunto narco detenido en Brasil, Lindomar Regis Furtado, quien se había fugado de un barrio cerrado en Ciudad del Este.

La Fiscalía sospecha que Giuzzio pudo haber mantenido vínculo con Regis Furtado atendiendo a que este último es integrante del grupo de Marcus Vinicius detenido en Brasil.

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El juicio oral y público contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, inició este martes 4 de marzo, pese a las múltiples acciones dilatorias presentadas por su defensa. El Ministerio Público lo investigó por cohecho pasivo agravado (coima), luego de reunir múltiples elementos que lo vinculan con el narcotraficante brasileño, Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.

A lo largo del 2024, Giuzzio presentó una serie de chicanas con el objeto de posponer el juicio, hasta la fecha, el abogado que encabeza su defensa, el también exministro Emilio Fuster, no ha presentado elementos que desacrediten la acusación de la Fiscalía y las acciones planteadas solo apuntaban a seguir posponiendo el inicio de la audiencia.

Esta misma estrategia se repitió antes del inicio del juicio, cuando su defensa solicitó la suspensión por un plazo de 10 días, argumentando que el pedido de declaración para que pueda declarar Vinicius no había sido aprobado, lo cual fue rechazado por el tribunal de sentencia integrado por Adriana Planas, Yolanda Morel y Mathías Garcete.

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En el pedido de posposición de la audiencia también se fundamentó en que Giuzzio no cuenta con los recursos económicos para solventar los gastos de un traductor, y ante este hecho, el Tribunal de Sentencia fue categórico al manifestar que si el exministro carece del dinero necesario, se solicitará a la Corte Suprema de Justicia que designe un perito matriculado.

De esta forma, las artimañas de Giuzzio quedaron deshechas ante la firmeza del Tribunal y se dio inicio al juicio, en el que el agente del Ministerio Público, Jorge Arce, realizó el pedido de incluir como elementos probatorios los datos extraídos del sindicado narcotraficante, Lindomar Regis Furtado, quien fue detenido en Brasil en enero de este año. Cabe mencionar que Lindomar está vinculado al esquema delictivo de Vinicius.

Esta solicitud de la Fiscalía nace de la sospecha de la propia institución en que además Giuzzio habría recibido también regalos de parte de Reges Furtado, a cambio de información que facilitaron su huida del Paraná Country Club en el 2016, lo cual será analizado por el Tribunal en la próxima audiencia, marcada para el 14 de febrero.

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El Ministerio Público inició una investigación de oficio contra Giuzzio luego de que publicaciones periodísticas, entre ellas la de la Unidad de Investigación de Nación Media, revelara los favores realizados por Marcus Vinicus a Giuzzio. El narcotraficante brasileño le había prestado su camioneta para que el entonces ministro del gobierno de Mario Abdo, vaya de vacaciones al Brasil con su familia.

Este favor hacia Giuzzio respondía a la intención de Vinicius de que sus empresas sean las adjudicadas en una licitación realizada por el Ministerio del Interior, cartera que lideraba Giuzzio en ese momento. La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supues­tas conversaciones vía What­sApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evi­dencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Espíndola Marques de Padua.