El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados rechazó la acusación y archivó la denuncia que se hizo contra la jueza de paz de Trinidad, Gloria Machuca, quien fue acusada por presunto mal desempeño en sus funciones por el empresario Cristián Chena a través de sus abogados.

Con la determinación resuelta por el órgano juzgador de magistrados, se confirma que la magistrada Machuca actuó conforme a derecho al resolver hacer lugar a la demanda que se presentó contra Chena, quien fue encontrado culpable de haber cometido violencia contra la mujer, delito establecido en la Ley 5777/16, cuya víctima es Gisele Zuni Mousques. Es más, la referida magistrada puede iniciar acciones legales en el fuero civil y comercial para exigir indemnización a Cristian Chena.

Los integrantes del JEM son Alicia Pucheta, Orlando Arévalo, Manuel Ramírez Candia, César Garay Zuccolillo, Derlis Maidana, Enrique Berni, y Alejandro Aguilera.

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La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros César Diesel, quien tras el sorteo salió preopinante, Víctor Ríos y Gustavo Santander, debe estudiar si corresponde dar trámite a la acción de inconstitucionalidad pro­movida por Gisele Mousques.

Mousques recurrió a la máxima instancia judicial para dejar sin efecto la resolución de la jueza Rosana Frutos, quien actuó en grado de apelación y revocó el fallo de la jueza de Paz Gloria Machuca, quien había admitido la denuncia por violencia contra la mujer por parte del empresario Cris­thian Chena y la firma Resumen de Noticias.

El ministro Diesel es el preopinante sobre la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad presentada por Mousques. A su vez, se tendrá una resolución de la sala constitucional de la Corte sobre si se anula el fallo de la jueza Frutos y queda firme la resolución de primera instancia, donde se ha encontrado responsable de violencia contra la mujer a Chena.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, salió al paso de las especulaciones realizadas por algunos parlamentarios y medios de comunicación sobre una supuesta quema de archivo o ajusticiamiento en torno al fallecimiento del diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, imputado en el marco del operativo Pavo Real II.

“No tiene ninguna lógica sostener la tesis de ajusticiamiento, no tiene lógica sostener que no se defendió, porque el arma, inclusive, en la foto está en el piso”, manifestó en una entrevista con el programa “La Caja Negra” emitido por Unicanal.

Asimismo, acotó: “No sé cuánto costará un sicario, pero si realmente uno quiere quemar un archivo o eliminar a una persona, pues busca dos motoqueiros que sean bastante irresponsables y con unos pesos en el bolsillo te atropellan en cualquier lado, pero no harán todo este procedimiento con una orden judicial, con nombres y apellidos, con fiscales detrás”.

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Otro aspecto que tampoco puede sostenerse, para el alto funcionario de Estado, es que el legislador no se haya defendido durante el allanamiento de su vivienda localizada en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, en la madrugada del pasado lunes.

“La señora (esposa del parlamentario) reconoció que su marido se quiso defender porque confundió el procedimiento quizás con ladrones comunes. Apenas se entreabrió la puerta, el diputado Lalo Gomes empezó a disparar con el arma hacia la humanidad de los policías que estaban actuando, quienes respondieron en consecuencia”, comentó.

Asimismo, el ministro reafirmó que el operativo fue realizado en el marco de la ley y reiteró que no tiene intenciones de declinar al cargo. “El allanamiento se hizo estrictamente dentro del marco de la ley, se puede probar objetivamente. El resultado fue triste, es verdad, nadie quiere una muerte, pero lamentablemente sucedió”, indicó.

Riera agregó: “Esta es una prueba de lo difícil y complicado que resulta enfrentar al crimen organizado. No tengo ninguna intención de renunciar, el presidente Santiago Peña me dio su respaldo al 100 % y me pidió que trasmitiera este respaldo al comandante y los comandados”.

El procedimiento se vincula con la imputación del parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona, por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió sancionar con el apercibimiento al agente fiscal Luis Said, investigado por mal desempeño en sus funciones ante la inacción en una investigación penal que se había denunciado, al no haber avances en un hecho de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, y exacción, denunciado por el extitular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Ramón Retamozo.

Participaron de la sesión del JEM, Alicia Pucheta, actual presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; el diputado Orlando Arévalo, Enrique Berni, el diputado Alejandro Aguilera, el senador Mario Varela y de forma virtual el ministro de la Corte César Garay y la senadora Hermelinda Alvarenga, en reemplazo del senador Derlis Maidana.

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El órgano juzgador de magistrados sostuvo que se probó que Said incurrió en una conducta omisiva por inacción durante 30 meses y 6 días en la denuncia formulada por Retamozo, por lo que resolvió aplicarle la sanción de apercibimiento.

El fiscal fue acusado de incumplir de forma grave o reiterada las obligaciones y garantías previstas en la Constitución Nacional, códigos procesales y otras leyes referidas al ejercicio de sus funciones.

El diputado Orlando Arévalos mencionó que “quedó probada la inacción, demostrando una excesiva pasividad en más de la mitad del tiempo que la causa estuvo a su cargo lo que lo hace merecedor de una sanción”.

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados admitió la acusación contra la jueza de Itakyry, Eresmilda Román Paiva, quien presuntamente de forma irregular y vía medida cautelar habilitó la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián, filial Ciudad del Este. Igualmente, la referida magistrada para evitar que el JEM pueda investigarla por mal desempeño en sus funciones, presentó renuncia al cargo de jueza, pero la Corte todavía no aceptó la renuncia por lo que el jurado está habilitado para indagar a Paiva.

El JEM decidió admitir la acusación atendiendo a que la Procuraduría General de la República en representación del Estado y el Consejo Nacional de Educación Superior, órgano oficial encargado de la habilitación de carreras en educación superior, presentaron la acusación contra la mencionada magistrada.

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La jueza Carmen Barrios rechazó el amparo promovido por la Universidad Autónoma San Sebastián filial Ciudad del Este contra el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). La referida casa de estudios presentó el amparo para poder ofrecer la carrera de Medicina, pero con la resolución de la magistrada no se podrá promocionar la carrera.

Barrios sostuvo que “si se hace lugar al amparo se estaría violando la propia ley que rige al ente rector, lo que se considera inadmisible desde todo punto de vista”. Agrega “la vía del amparo no es la idónea para obtener la habilitación de una carrera, máxime cuando existe un procedimiento en trámite y los requisitos están siendo aún evaluados por la entidad competente”, alega la jueza al rechazar la pretensión de la casa de estudios.

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