La querella por difamación en la que están procesados la directora de Abc Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano, acción judicial presentada por la exviceministra de Tributación Marta González Ayala, avanza por vía libre hacia la prescripción y la impunidad por la inacción de la propia Corte Suprema de Justicia, cuya actitud dilatoria contrasta brutalmente con el reiterado discurso de los ministros contra los chicaneros que entorpecen el desarrollo de los procesos judiciales.
El abogado querellante Jacinto Santa María volvió a urgir a la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial para que evite la prescripción de la causa, resolviendo urgentemente la última chicana de los abogados de Abc Rodrigo Yódice y César Coll, quienes recurrieron a la Corte con la presentación de una excepción de inconstitucionalidad contra el Código Penal, arteramente presentada en pleno juicio oral, cuyo evidente objetivo es impedir que se dicte sentencia y llevar el caso a la impunidad por la prescripción.
El expediente se encuentra en la Corte desde la segunda quincena de agosto y la Sala Constitucional tenía, según la Ley 1337, un plazo de 30 días para resolverlo; pero hasta ahora dicha sala ni siquiera se ha integrado, lo que aparentemente no ocurrirá en los próximos días, teniendo en cuenta que el ministro Víctor Ríos, quien ya se había inhibido en el caso, insólitamente volvió a pedir el expediente y no lo ha liberado hasta la fecha para que pueda proseguir el trámite.
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Esta actitud no es nueva, teniendo en cuenta que anteriormente el mismo expediente ya estuvo parado por más de un año en la Corte Suprema por un conflicto de competencia generado cuando Natalia Zuccolillo recusó al juez de sentencia Elio Ovelar; ocasión en la que también el ministro Ríos retuvo por varios meses el expediente en su poder, liberándolo finalmente tras varios urgimientos de la querellante.
El nuevo escrito de reiteración presentado por el abogado Santa María, dirigido al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, reitera que la nueva maniobra dilatoria planteada por la defensa sigue puntillosamente la estrategia chicanera que la misma viene aplicando desde el principio de este caso, cuyo juicio oral y público tenía que haberse iniciado ya en el 2019 y fue suspendido en ocho oportunidades, por medio de dieciocho acciones dilatorias sucesivas promovidas por los acusados.
El juicio oral, finalmente llevado ante el juez Wilfrido Peralta, se encuentra actualmente en fase final; pero no se podrá dictar sentencia mientras la Corte no resuelva la excepción de inconstitucionalidad. Mientras tanto, al concluir la última audiencia oral, el abogado Yódice ya ha empezado a festejar lo que vislumbra como una inminente prescripción si la Corte lo permite.