Finalmente, tras resolverse las chicanas presentadas por el exministro del Interior, el juez penal de garantías José Agustín Delmás dispuso este miércoles una serie de medidas alternativas a la prisión para Arnaldo Giuzzio, imputado por cohecho pasivo agravado por la supuesta vinculación con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
Al respecto, el exsenador del Partido Democrático Progresista (PDP) tiene prohibido salir del país, deberá comparecer entre el 1 y 5 de cada mes para la firma del acta judicial, no podrá cambiar de domicilio, ni acercarse hasta las sedes del Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), institución que también estuvo a su cargo.
Entre las medidas también se le estableció una caución real por G. 1.000 millones sobre un inmueble localizado en la ciudad de San Lorenzo, y trabó un embargo preventivo. “La defensa solicitó que se le saque la prohibición de salida del país, en ese sentido, el juzgado le cedió el uso de palabra a la Fiscalía para escuchar su parecer en donde se opuso”, refirió.
Delmás manifestó que la postura de oposición surge teniendo en cuenta la existencia de otra causa abierta contra Giuzzio por enriquecimiento ilícito en la función pública, declaración falsa y tráfico de influencias denunciado por los abogados Eduardo González y Gerardo González. “Este juzgado tomó la decisión de mantener esa prohibición manifestando que en caso de requerir un pedido especial que lo haga cuando lo necesite y se estudiara en ese momento procesal”, mencionó en una entrevista con medios de prensa.
Antecedentes
El pasado 16 de agosto, la Fiscalía allanó la vivienda del exministro del Interior en prosecución a la investigación que se inició por su supuesto vínculo con el presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. El mismo, en diciembre de 2021, le arrendó una camioneta blindada para vacacionar junto con su familia a Brasil.
El operativo estuvo encabezado por el fiscal anticorrupción Osmar Legal para recabar los documentos y reportes de las operaciones, celulares, equipos informáticos, soportes, transferencia de recursos, constancia de pago, todo lo que evidencian su conexión con el narcotráfico.
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