El Banco Central del Paraguay, a través de la Superintendencia de Valores, emitió la resolución 0050/2024 que establece los requisitos y procedimientos obligatorios para el examen de idoneidad, inscripción y mantenimiento del registro de asesores bursátiles.

La misma constituye un paso fundamental para garantizar que los asesores que operan en el mercado de valores posean los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñar sus funciones de manera eficaz y ética. Desde la banca, explican que la reglamentación establece el procedimiento para la realización de un examen de idoneidad antes de ingresar al Registro del Mercado de Valores.

Los interesados podrán inscribirse exclusivamente a través de la herramienta de registros y agentes, disponible en la página web de la banca matriz. Esta herramienta busca velar por la eficiencia y transparencia del proceso de registro relacionados al mercado de valores.

Leé también: Industria farmacéutica paraguaya ocupa el 70 % de la demanda local

En cuanto a la resolución, la misma estipula que el registro de los asesores bursátiles, tanto para nuevos inscriptos como para quienes ya forman parte del registro, tendrá una vigencia de cuatro años. Los asesores actualmente registrados no estarán obligados a realizar el examen de idoneidad hasta que expire el período de su registro actual.

Para la renovación, no se requerirá una nueva evaluación si el asesor demuestra una actividad continua en el mercado de valores, respaldada por documentación que avale dicha experiencia profesional. Asimismo, el examen de idoneidad se realizará con una frecuencia ajustada según la demanda, la cual será notificada mediante comunicaciones oficiales de la superintendencia.

Estas nuevas disposiciones apuntan a fortalecer la transparencia y profesionalización en el mercado de valores del país, consolidando un entorno financiero más seguro para todos los participantes. Para consultas respecto a la funcionalidad de la herramienta o soporte técnico, los interesados podrán contactar a la dirección de correo electrónico: sau@bcp.gov.py.

Te puede interesar: Paraguay llega a nuevos mercados con productos que totalizan casi USD 300 mil

El pleno de la Corte Suprema de Justicia designó en la sesión ordinaria de este miércoles a 18 nuevos defensores públicos que ocuparán cargos en diferentes circunscripciones judiciales de nuestro país. Igualmente, los ministros de la máxima instancia judicial fijaron para el próximo 21 de noviembre el juramento de rigor correspondiente a los nuevos designados del Ministerio de la Defensa Pública.

En la sesión de la fecha participaron los ministros Luis María Benítez Riera, Gustavo Santander, Alberto Martínez Simón, César Diesel; Eugenio Jiménez, Carolina Llanes, César Garay, Víctor Ríos, y Manuel Ramírez Candia.

La primera designada como flamante defensora pública fue la abogada María Patricia Villalba, quien tendrá que cumplir funciones en la Circunscripción Judicial de Boquerón. La misma fue propuesta por el ministro César Garay y tuvo el acompañamiento de todos los altos magistrados.

También fue designada la abogada Milagros Cynthia Fabiana Duarte Ayala en carácter de defensor público de Encarnación, de la Circunscripción Judicial de Itapúa; Lilian Rossana Fonseca Alderete en carácter de defensor público para Caaguazú, de la Circunscripción Judicial de Caaguazú; Aldo Shepperson en carácter de defensor público de Caaguazú, de Circunscripción Judicial de Caaguazú.

Te puede interesar: Decretan prisión preventiva en Tacumbú de Elián Fernando López Torres, imputado por lesión grave

La lista de designados sigue con, Sheila Beatriz Duarte Romero en carácter de procurador de Pobres y Ausentes; defensor del Menor, Ruth María Antonella Báez Paiva en carácter de defensor público en lo Penal de Asunción, de la Circunscripción Judicial de la Capital; Rafael Antonio Leiva Falcón en carácter de defensor público en lo Laboral de la Capital, Circunscripción Judicial de la Capital; Mauro Adrián Benítez Almirón en carácter de defensor público de Pobres y Ausentes de la Capital de la Circunscripción Judicial de la Capital.

También sigue con Silvana María Delgadillo Vester en carácter de defensor público en lo Tutelar del Menor de la Capital, Circunscripción Judicial de la Capital; Nathalia Gabriela Cárdenas Rodríguez en carácter de defensor público en lo Correccional del Menor, de la Circunscripción Judicial de la Capital, y Ricardo José Candia Vera en carácter de defensor público del Fuero Penal de Asunción, de la Circunscripción Judicial de la Capital.

Del mismo modo fue designado, José Luis Roa Ayala en carácter de defensor público para Luque, de la Circunscripción Judicial de Central; Eva Carolina Medina Fernández en carácter de defensor público para Pedro Juan Caballero – Circunscripción Judicial de Amambay; Fernando Luis Alberto Benítez Martínez en carácter de defensor público para Pedro Juan Caballero, de la Circunscripción Judicial de Amambay, y Mirian Elizabeth Cárdenas Yambay en carácter de defensor público de Carácter Nacional.

Por último, se designó a Ysidro Ramón Cuenca Paredes en carácter de defensor público en lo Penal del Segundo Turno de Hernandarias – Circunscripción Judicial de Alto Paraná; Wildo Rubén Pereira Suárez en carácter de defensor público para Saltos del Guairá – Departamento de Canindeyú – Circunscripción Judicial de Canindeyú, y Antia Andresa Martínez Gómez en carácter de defensor público para Ñeembucú, de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú.

Podes leer: Caso Bataglia: fiscales tienen 10 días para volver a examinar reportes de hechos punibles

La Suprema Corte de México rechazó invalidar la elección popular de jueces, que el gobierno de izquierda defiende para enfrentar la corrupción, pero que según sus críticos afectará la independencia de los magistrados y los dejará a merced de criminales. Tras cinco horas de debate, el tribunal resolvió desestimar las impugnaciones presentadas por dos partidos opositores, al no existir los votos necesarios para invalidar una reforma constitucional aprobada por el Congreso de mayoría oficialista, cuyo corazón es la elección de jueces.

Esta inédita controversia amenazaba con desatar una crisis institucional pues la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había advertido que las votaciones previstas para 2025 y 2027 no tenían marcha atrás. “Sería responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo (Constitución), con otra insensatez equivalente”, dijo el ministro Alberto Pérez Dayán, crítico de la enmienda, al anunciar sorpresivamente que votaría contra la anulación parcial propuesta por su colega Juan Luis González.

Lea más: Juez rechaza plan de Biden que favorecía a migrantes casados con estadounidenses

Pérez Dayán rompió así la mayoría de ocho votos -de un total de 11 ministros- necesaria para aprobar el proyecto de sentencia. La reforma a la justicia, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en medio de un enfrentamiento con la Suprema Corte, convirtió a México en el primer país que elegirá a todos sus jueces en las urnas.

El proyecto de fallo planteaba dejar en pie la elección popular de los miembros del Supremo, pero no así la de jueces de tribunales inferiores, ya que, afirmaba, la carrera judicial garantiza la independencia de las cortes. Se trataba de un acto de “autocontención” para resolver la disputa, según su autor, pero Sheinbaum fue tajante en que no había nada que negociar. “Celebro que la razón, la decencia y la legalidad se hayan impuesto”, declaró a la prensa Gerardo Fernández Noroña, líder del Senado.

Previo al debate de este martes, Sheinbaum fue enfática en que el alto tribunal carecía de facultades para anular la enmienda y acusó a sus integrantes de violar la Carta Magna. Los ocho jueces contrarios a la reforma renunciaron el pasado miércoles, como estableció la enmienda para quienes declinaran participar en las elecciones, aunque sus dimisiones se harán efectivas en agosto de 2025.

La controversia había subido de tono además cuando México enfrenta la incertidumbre de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, su principal socio económico. Decenas de funcionarios judiciales se concentraron este martes frente a la Corte, en el centro capitalino, para respaldar el proyecto de González.

“La reforma debe caer (...) porque México se va a hundir más en el narcotráfico, en la pobreza, en la corrupción de jueces puestos por Morena (partido de gobierno)”, había dicho más temprano a la AFP María Ortiz, de 54 años, secretaria del tribunal. Los propios expertos estaban divididos. “El contenido de una reforma constitucional no es impugnable”, advirtió Diego Valadés, exministro de la Corte. Pero el constitucionalista Francisco Burgoa alertaba que México enfrentaría una “grave crisis sin precedentes” si Sheinbaum desacataba un fallo adverso.

Lea también: Cuba recupera servicio eléctrico tras paso del huracán Rafael

La pugna entre López Obrador y la Corte creció a medida que el tribunal le echó abajo leyes como una que autorizaba la participación militar en la seguridad ciudadana y otra que reforzaba el papel del Estado en el sector eléctrico. Para López Obrador y Sheinbaum, el poder judicial está sumido en la corrupción, una impunidad casi total y el nepotismo.

Pero los críticos sostienen que esa situación no se remedia únicamente cambiando a los jueces, sino mejorando las capacidades de investigación de las fiscalías. Analistas como Kimberley Sperrfechter, de la firma británica Capital Economics, habían advertido que un choque institucional no hubiera sido “una buena noticia” para la economía, si bien “el impacto de la reforma ya está descontado por los mercados financieros mexicanos”.

La inversión extranjera directa en México alcanzó 36.058 millones de dólares en 2023, mientras el país espera beneficiarse de la relocalización de empresas en sus zonas fronterizas con Estados Unidos. Tras la decisión de este martes, la Suprema Corte aún debe resolver otro recurso de inconstitucionalidad, mientras en juzgados hay numerosas impugnaciones de integrantes del poder judicial contra de la reforma, aunque expertos estiman que difícilmente podrían prosperar. El Congreso modificó el pasado jueves un artículo constitucional para impedir que la Suprema Corte pueda revisar los cambios de la Carta Política.

Fuente: AFP.

La Corte Suprema de Justicia (CJS) otorgó la admisibilidad del estudio de la inconstitucionalidad planteada por un grupo de 26 navegantes que apuntan a percibir a una jubilación que está por encima de lo que contempla la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS). Desde la previsional, aclararon que esto no significa que los extrabajadores marítimos ya vayan a percibir los haberes solicitados.

“Lo llamativo es que un grupo de 5 navegantes planteó la acción de inconstitucionalidad y la Corte le rechazó, lo mismo con otros dos navegantes, sin embargo, con los mismos argumentos de la misma resolución, a 26 navegantes sí le concedió la admisibilidad. Estamos estudiando cuál fue el criterio para que la Corte le diga que no a dos grupos, pero le diga que sí los 26″, expuso Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del IPS.

El IPS está elaborando una estrategia que apunta a plantear un recurso de reposición para dejar sin efecto la admisibilidad y rechazar in límine la resolución que data del 2016, la cual fue favorable para los navegantes. Lo que busca el instituto según explicaron, es que se anule dicha sentencia y que se vuelva a juzgar, dado que la previsional no fue parte del debate y no pudo argumentar ante la Corte el porqué no correspondía el pago solicitado por los trabajadores marítimos.

Lea también: Anexo C: Paraguay y Brasil establecen cronograma de reuniones para seguir con las negociaciones

La Carta Orgánica del IPS contempla que no se pueden pagar haberes por encima de los 10 salarios mínimos, lo que equivale actualmente a G. 29 millones. La pretensión de los navegantes es cobrar sus haberes por el monto que aportaron, lo que superaría ampliamente este tope reglamentado en la previsional.

“No es cierto que está habilitado para que ellos cobren, no es cierto que acá esto favorable para ellos y perjudicial para el IPS, es un simple trámite. Por el momento están cobrando de acuerdo a la Carta Orgánica”, dejó en claro Cubas ante la 1080 AM.

Le puede interesar: Tobilleras electrónicas: implementación gradual iniciaría a finales de noviembre

En el 2013, 129 trabajadores marítimos plantearon una acción de inconstitucionalidad contra dos artículos de la Carta Orgánica que hablan sobre el tope máximo para el pago de haberes. Los navegantes argumentaron que ellos abonaron mucho más y querían jubilarse de acuerdo al salario que aportaron.

Tres años más tarde, en el 2016, se dictó una sentencia en contra del IPS y favorable para los demandantes y recién en el 2020 la previsional solicitó la nulidad de esta resolución. En el 2023 se dictó la caducidad en la acción de nulidad promovida por el IPS, la cual fue apelada y la Cámara dio la razón a la previsional.

Se emitió una resolución donde se establecía la prohibición de innovación, es decir, dispuso que no se le iba a otorgar una jubilación por encima de los valores establecidos en el marco legal, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

Contra esa resolución los navegantes marítimos plantearon una acción de inconstitucionalidad, pero lo hicieron en tres grupos, a dos de estos les fue rechazado por parte de la Corte, sin embargo, tuvo la admisión de estudio para un grupo de 26 personas, lo cual es sorpresivo para la previsional.