Defensores públicos de los departamentos de Central y Cordillera brindaron asistencia legal a internos de la Penitenciaría “Padre Juan Antonio de la Vega”, ubicada en la ciudad de Emboscada, a 39 kilómetros de Asunción. La actividad tendrá continuidad en el transcurso de la semana a fin de llegar a atender a la totalidad de los reclusos.
En ese sentido, unos 243 reos fueron instruidos sobre derechos y procedimientos para acceder a beneficios como redención, salidas transitorias, libertad condicional, entre otros puntos establecidos en el Código de Ejecución Penal.
Igualmente, recibieron sus solicitudes con relación a tutelas jurisdiccionales de carácter particular por salud, pedidos de traslado a otros penales por diversas situaciones y otros temas relacionados como hacinamiento, alimentación y jornadas de visitas de familiares.
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En la primera jornada estuvieron presentes la abogada Rosalba Cristaldo, actuaria del Juzgado de Ejecución de Cordillera; los defensores públicos de Cordillera son los abogados Óscar Chamorro, Eliane Ovelar y Estela Bareiro, entre otros defensores públicos de Central. Además, el doctor Artemio Vera, director de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria.
En la actualidad, un total de 524 personas privadas de libertad en los diferentes establecimientos penitenciarios se encuentran bajo el control del Juzgado de Ejecución Penal de Cordillera, donde son monitoreados en tiempo y forma por el citado juzgado.
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Filizzola marcha contra impunidad, pero lleva una década de chicanas
- Por Juan Carlos Lezcano
El senador opositor Rafael Filizzola fue uno de los rostros de la supuesta marcha contra la impunidad y las injusticias que se inició el fin de semana en Caacupé. El legislador lleva más de una década sin responder ante la justicia por los hechos de corrupción por los que fue acusado.
Rafael Filizzola, exsenador y exministro del Interior de Paraguay, fue una de las figuras públicas que participó el lunes en una marcha contra la impunidad y la injusticia que se prevé continuar en distintos puntos del país. Las movilizaciones se iniciaron el fin de semana en Caacupé con un confuso objetivo si es por el acceso a la justicia o una medida de presión para el retorno de la expulsada Kattya González al Senado.
A simple vista, esta acción podría parecer un compromiso genuino con la causa ciudadana de exigir transparencia y rendición de cuentas en un país donde la corrupción y la falta de justicia son problemas estructurales. Sin embargo, la participación de Filizzola en este evento resulta, cuando menos, irónica, considerando las circunstancias que rodean su historial judicial y las estrategias que ha empleado en sus procesos legales.
Filizzola enfrentó varias causas judiciales relacionadas con su gestión como ministro del Interior entre 2008 y 2012. Entre las más destacadas, figura el caso conocido como las “Comisarías de Oro”, donde se lo acusa de lesión de confianza por la adjudicación irregular de un contrato de más de G. 1.100 millones para la construcción y reparación de celdas en comisarías. Según los fiscales, estas obras no fueron concluidas, se realizaron pagos anticipados indebidos y se generó un perjuicio de más de G. 400 millones al Estado.
A esto se suma el caso de la compra de helicópteros, en el que se lo acusa de irregularidades administrativas durante el proceso de adquisición. Aunque los detalles específicos de esta causa no son tan ampliamente conocidos como los del caso de las comisarías, ambos procesos han estado plagados de retrasos, apelaciones y controversias legales.
Las chicanas judiciales: un arma para evitar la Justicia
Lo que más llama la atención en las causas de Filizzola no son solo las acusaciones en su contra, sino las maniobras legales que han prolongado los procesos por más de una década. El uso de chicanas judiciales —estrategias legales destinadas a dilatar el avance de los casos— ha sido una constante. Incluso, en 2022, un juez declaró la prescripción del caso de las comisarías y sobreseyó definitivamente al exsenador. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema revirtió esta decisión en 2023, indicando que la causa no había prescrito y ordenando que se continúe con el proceso penal.
Además, en abril de 2024, la restitución de sus fueros por parte de la Cámara de Senadores generó indignación en amplios sectores de la sociedad. Esto permitió a Filizzola evitar ser llamado a juicio, al menos temporalmente, y provocó que el fiscal general del Estado presentara una acción de inconstitucionalidad contra dicha decisión.
En setiembre de 2024, las causas judiciales contra Filizzola han superado los diez años sin una resolución definitiva, y se encuentran pendientes de decisiones judiciales y posibles acciones legales adicionales
La ironía de la Marcha Contra la Impunidad
La participación de Filizzola en una marcha contra la impunidad no solo resulta contradictoria, sino también un ejemplo del doble discurso que tanto daño hace al sistema político y judicial de Paraguay. Mientras que públicamente se posiciona como un defensor de la justicia, en la práctica ha utilizado todos los recursos a su alcance para evitar enfrentarla plenamente.
La lucha contra la impunidad y la injusticia requiere de un compromiso real y coherente, no solo en palabras o apariciones públicas, sino también en los actos individuales. Resulta cuestionable cómo alguien que ha utilizado chicanas para prolongar procesos judiciales y que ha sido beneficiado por decisiones políticas que obstaculizan la justicia puede erigirse como un referente en una causa tan noble.
La participación de Rafael Filizzola en esta marcha pone en evidencia una desconexión entre el discurso público y la realidad de quienes deberían rendir cuentas ante la justicia. Esto no solo socava la credibilidad de quienes lideran estas causas, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la posibilidad de construir un Paraguay verdaderamente justo.
Si Filizzola realmente desea luchar contra la impunidad, debería comenzar por dar el ejemplo, enfrentando de manera transparente y sin obstrucciones los procesos judiciales en su contra. Solo entonces, su participación en marchas como esta tendría el peso moral y ético que la causa exige.
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Corte Suprema designó a jueces, fiscales y defensores públicos
El pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su sesión ordinaria de este miércoles, decidió designar a los actuales actuarios judiciales Diego Alejandro Torres Sandoval y Marcelo Rocholl Salinas, como nuevos jueces del fuero civil y comercial. Los altos magistrados consideraron que la elección de ambas ternas fue muy difícil, teniendo en cuenta la preparación de cada uno de los ternados.
Rocholl Salinas ocupará el juzgado civil y comercial del cuarto turno, mientras que Torres Sandoval estará en el juzgado civil y comercial del undécimo turno. Ambos pasaron por todas las etapas antes de llegar a la magistratura judicial.
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Otras designaciones
Igualmente, los ministros de la Corte designaron a Carlos César González Ríos, en carácter de miembro del Tribunal de Apelación en lo civil, comercial y laboral, Circunscripción Judicial de Cordillera. A Sandra Stefani Salinas Presentado, en carácter de juez Penal de Sentencia N° 4 Circunscripción Judicial de Cordillera.
Del mismo modo fue designada Cynthia Margarita Sostoa Santander, en carácter de juez Penal Itinerante de Asunción, Circunscripción Judicial de la Capital. A Liz Paola Mongelós Aguilera, en carácter de juez de Primera Instancia en lo Penal de la Adolescencia de Asunción, Circunscripción Judicial de la Capital. La lista de designaciones para los cargos sigue con Fernando Aníbal Ortiz Medina como juez Penal de la Adolescencia, Circunscripción Judicial de Boquerón.
También fue designada Mariela Patricia Hicks Cantero, en carácter de agente fiscal de Cuentas. Cleider Marlene Velázquez López, fue nombrada como agente fiscal itinerante. Igualmente, Guido Germán Rojas Moreira, en carácter de defensor público para el Juzgado de Primera Instancia de Luque, Circunscripción Judicial de Central y otros.
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Aseguran continuidad de procesos institucionales
La Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos, trabajará y actuará de acuerdo a sus atribuciones, sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.
“Es una comisión bicameral que fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Nación que va a funcionar según sus atribuciones”, aseguró Latorre en entrevista para La Nación/Nación Media.
Sectores de la oposición instalaron la denominación de “comisión garrote”, a lo que el diputado Latorre recordó que se trata de un grupo de trabajo que ya operó en el periodo anterior, y con la conformación de este periodo, se dará continuidad al mismo trabajo. “Tenemos que entender que esta no es una comisión nueva, el periodo pasado había tenido una vida muy activa, y nuestra intención es seguir dando continuidad a los procesos institucionales, en este caso, es una comisión que entendemos tiene una función muy importante y sensible”, mencionó el titular legislativo.
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN
La Cámara Alta ya designó a sus representantes, los senadores Colym Soroka, Dionisio Amarilla y Gustavo Leite, mientras que desde la Cámara de Diputados el pleno decidió que los líderes de bancadas serán los encargados de remitir los nombres para la designación de los otros tres integrantes de la Comisión Bicameral. La integración de las comisiones se realiza por la proporcionalidad con base en cómo está constituido el pleno.
“Decidimos en el plenario que los líderes de bancada iban a estar enviando a la presidencia las propuestas de nombres, basados en la proporcionalidad que va a ser planteada por la secretaría de la Cámara de Diputados, con base en lo que dice nuestro reglamento”, explicó Latorre.
Sin embargo, las bancadas de la oposición y el PL (liberal) anunciaron en la sesión del pasado miércoles que no harán parte de esta comisión. “Están en el uso de sus atribuciones, la participación o la no participación en tal o cual comisión, el reglamento de la Cámara de Diputados sí requiere que todos participen por lo menos de una comisión asesora de la Cámara. Ellos están en su derecho de participar o no participar, según su voluntad y su disponibilidad de tiempo”, sentenció el presidente.
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Evalúan procesos de riesgo para préstamo de USD 100 millones orientado al sector forestal
Un grupo de analistas de riesgos socioambientales de instituciones financieras intermediarias (IFIs), que forman parte de la Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay, evaluó los procesos que se realizan para la concesión de préstamos direccionados al sector forestal.
Esto, de cara a la preparación del Préstamo de Apoyo a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) de unos USD 100 millones que se encuentra gestionando, encaminado al desarrollo del segmento forestal en el país, que está con una demanda latente, deseoso de aprovechar el máximo potencial que ofrece Paraguay en la materia.
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El préstamo sería otorgado por el Banco Mundial (BM), a ser canalizado por la banca de segundo piso a través de las distintas IDIs, destinado a un producto del sector forestal, para el financiamiento de proyectos relacionados con el desarrollo sustentable, aunque todavía estaría está en etapa inicial y preparatorios. El mismo fue anunciado durante el Día de la Inversión Forestal, que se recuerda el 20 de mayo.
Etapa preparatoria
La evaluación se realizó mediante una reunión con los integrantes de la misión técnica del BM, de seguimiento de la preparación del citado préstamo, de modo a dejar constancia acerca de los procesos de análisis de riesgos socioambientales, a más de ser una oportunidad de intercambio de saberes.
Concretamente, el objetivo de la reunión fue interiorizarse y conocer los procesos aplicados para la evaluación de riesgos socioambientales en los proceso forestales de la IFIs afiliadas a la Mesa de Finanzas Sostenibles. Por parte de la misión técnica del BM participaron César Balbuena y María José Carreras, ambos especialistas socioambientales.
En tanto por la AFD, los miembros del directorio Dominica Zavala, Gerardo Ruiz Díaz, quien explicó la importancia de la aplicación de estándares socioambientales para la AFD, y César Cardozo, gerente de Planificación e Innovación.
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