Defensores públicos de los departamentos de Central y Cordillera brindaron asistencia legal a internos de la Penitenciaría “Padre Juan Antonio de la Vega”, ubicada en la ciudad de Emboscada, a 39 kilómetros de Asunción. La actividad tendrá continuidad en el transcurso de la semana a fin de llegar a atender a la totalidad de los reclusos.
En ese sentido, unos 243 reos fueron instruidos sobre derechos y procedimientos para acceder a beneficios como redención, salidas transitorias, libertad condicional, entre otros puntos establecidos en el Código de Ejecución Penal.
Igualmente, recibieron sus solicitudes con relación a tutelas jurisdiccionales de carácter particular por salud, pedidos de traslado a otros penales por diversas situaciones y otros temas relacionados como hacinamiento, alimentación y jornadas de visitas de familiares.
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En la primera jornada estuvieron presentes la abogada Rosalba Cristaldo, actuaria del Juzgado de Ejecución de Cordillera; los defensores públicos de Cordillera son los abogados Óscar Chamorro, Eliane Ovelar y Estela Bareiro, entre otros defensores públicos de Central. Además, el doctor Artemio Vera, director de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria.
En la actualidad, un total de 524 personas privadas de libertad en los diferentes establecimientos penitenciarios se encuentran bajo el control del Juzgado de Ejecución Penal de Cordillera, donde son monitoreados en tiempo y forma por el citado juzgado.
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Convocan a premio por la calidad y la excelencia
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) invita a organizaciones, empresas e instituciones, públicas y privadas de todo el país, a postularse al Premio Nacional a la Calidad y la Excelencia en la Gestión - Edición 2025. Las postulaciones se deberán realizar a través del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) hasta el 30 de abril de 2025.
El premio es un reconocimiento otorgado por el Gobierno nacional a aquellas organizaciones, tanto públicas como privadas, que sobresalen en la mejora continua de sus procesos y en la implementación de un enfoque basado en la gestión de calidad total.
Podrán postularse todas las organizaciones, públicas o privadas, establecidas en el país, incluyendo aquellas que sean partes autónomas, sucursales, filiales o dependencias de otras organizaciones, siempre que sean claramente identificables de acuerdo con el Reglamento General.
CATEGORÍAS
Las categorías de participación para el sector privado son para las empresas grandes y las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Mientras que para el sector público abarcará a las instituciones pequeñas, medianas y grandes. El proceso de selección de los galardonados se basa en el Reglamento General del Premio, y los criterios de evaluación se alinean con el Modelo de Mejora Continua del Premio.
Para más información sobre la convocatoria, el proceso de selección y la documentación requerida, se puede acceder al siguiente enlace: https://www.conacyt.gov.py/premio-nacional-calidad-excelencia-gestion-edicion-2025.
El Conacyt es el organismo responsable de desarrollar y administrar el Premio, conforme a lo establecido en el Decreto N.º 2542 del 30 de octubre de 2014.
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RUN: firman convenio para integrar sistemas tecnológicos y optimizar procesos
Varias instituciones gubernamentales firmaron este jueves un convenio para fortalecer la colaboración interinstitucional coordinada en el marco del Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral, y el Registro Unificado Nacional.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) suscribieron un Convenio Marco de Cooperación, como también un Convenio Específico entre la CSJ, el MEF y la DGRP.
Estos acuerdos marcan la hoja de ruta a seguir. Las instituciones firmantes designarán a un encargado de llevar adelante las tareas de implementación con el objetivo de garantizar el éxito en la infraestructura tecnológica del Registro Unificado Nacional.
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Durante el encuentro, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, resaltó la importancia de la cooperación interinstitucional para la modernización del Estado. “Creo que los Poderes del Estado son independientes, pero debemos trabajar coordinadamente, ya que todos tenemos el mismo objetivo, que es el bienestar de la ciudadanía. El Registro Unificado Nacional es un avance clave, una innovación que será fundamental para el futuro económico y social del país.”, afirmó.
Por su parte, el presidente de la CSJ, César Diesel, se refirió a la relevancia del RUN. “Esto es un paso más en la implementación de este Registro, que nos permitirá ultimar detalles para su pronta puesta en marcha”, afirmó recordando que su creación contó con el respaldo de todos los Poderes del Estado.
Finalmente, el titular del MITIC, Gustavo Villate, dijo que para garantizar el éxito del RUN debe mantenerse el trabajo conjunto entre los tres Poderes del Estado. “Debemos continuar con el espíritu de colaboración y seguir en esa línea. Coincidimos en que el uso de la tecnología es el disparador que nos va a permitir optimizar este proceso. La Ley N° 7424/24 es una herramienta clave para asegurar que la ciudadanía obtenga resultados concretos”, manifestó.
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Filizzola marcha contra impunidad, pero lleva una década de chicanas
- Por Juan Carlos Lezcano
El senador opositor Rafael Filizzola fue uno de los rostros de la supuesta marcha contra la impunidad y las injusticias que se inició el fin de semana en Caacupé. El legislador lleva más de una década sin responder ante la justicia por los hechos de corrupción por los que fue acusado.
Rafael Filizzola, exsenador y exministro del Interior de Paraguay, fue una de las figuras públicas que participó el lunes en una marcha contra la impunidad y la injusticia que se prevé continuar en distintos puntos del país. Las movilizaciones se iniciaron el fin de semana en Caacupé con un confuso objetivo si es por el acceso a la justicia o una medida de presión para el retorno de la expulsada Kattya González al Senado.
A simple vista, esta acción podría parecer un compromiso genuino con la causa ciudadana de exigir transparencia y rendición de cuentas en un país donde la corrupción y la falta de justicia son problemas estructurales. Sin embargo, la participación de Filizzola en este evento resulta, cuando menos, irónica, considerando las circunstancias que rodean su historial judicial y las estrategias que ha empleado en sus procesos legales.
Filizzola enfrentó varias causas judiciales relacionadas con su gestión como ministro del Interior entre 2008 y 2012. Entre las más destacadas, figura el caso conocido como las “Comisarías de Oro”, donde se lo acusa de lesión de confianza por la adjudicación irregular de un contrato de más de G. 1.100 millones para la construcción y reparación de celdas en comisarías. Según los fiscales, estas obras no fueron concluidas, se realizaron pagos anticipados indebidos y se generó un perjuicio de más de G. 400 millones al Estado.
A esto se suma el caso de la compra de helicópteros, en el que se lo acusa de irregularidades administrativas durante el proceso de adquisición. Aunque los detalles específicos de esta causa no son tan ampliamente conocidos como los del caso de las comisarías, ambos procesos han estado plagados de retrasos, apelaciones y controversias legales.
Las chicanas judiciales: un arma para evitar la Justicia
Lo que más llama la atención en las causas de Filizzola no son solo las acusaciones en su contra, sino las maniobras legales que han prolongado los procesos por más de una década. El uso de chicanas judiciales —estrategias legales destinadas a dilatar el avance de los casos— ha sido una constante. Incluso, en 2022, un juez declaró la prescripción del caso de las comisarías y sobreseyó definitivamente al exsenador. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema revirtió esta decisión en 2023, indicando que la causa no había prescrito y ordenando que se continúe con el proceso penal.
Además, en abril de 2024, la restitución de sus fueros por parte de la Cámara de Senadores generó indignación en amplios sectores de la sociedad. Esto permitió a Filizzola evitar ser llamado a juicio, al menos temporalmente, y provocó que el fiscal general del Estado presentara una acción de inconstitucionalidad contra dicha decisión.
En setiembre de 2024, las causas judiciales contra Filizzola han superado los diez años sin una resolución definitiva, y se encuentran pendientes de decisiones judiciales y posibles acciones legales adicionales
La ironía de la Marcha Contra la Impunidad
La participación de Filizzola en una marcha contra la impunidad no solo resulta contradictoria, sino también un ejemplo del doble discurso que tanto daño hace al sistema político y judicial de Paraguay. Mientras que públicamente se posiciona como un defensor de la justicia, en la práctica ha utilizado todos los recursos a su alcance para evitar enfrentarla plenamente.
La lucha contra la impunidad y la injusticia requiere de un compromiso real y coherente, no solo en palabras o apariciones públicas, sino también en los actos individuales. Resulta cuestionable cómo alguien que ha utilizado chicanas para prolongar procesos judiciales y que ha sido beneficiado por decisiones políticas que obstaculizan la justicia puede erigirse como un referente en una causa tan noble.
La participación de Rafael Filizzola en esta marcha pone en evidencia una desconexión entre el discurso público y la realidad de quienes deberían rendir cuentas ante la justicia. Esto no solo socava la credibilidad de quienes lideran estas causas, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la posibilidad de construir un Paraguay verdaderamente justo.
Si Filizzola realmente desea luchar contra la impunidad, debería comenzar por dar el ejemplo, enfrentando de manera transparente y sin obstrucciones los procesos judiciales en su contra. Solo entonces, su participación en marchas como esta tendría el peso moral y ético que la causa exige.
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Corte Suprema designó a jueces, fiscales y defensores públicos
El pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su sesión ordinaria de este miércoles, decidió designar a los actuales actuarios judiciales Diego Alejandro Torres Sandoval y Marcelo Rocholl Salinas, como nuevos jueces del fuero civil y comercial. Los altos magistrados consideraron que la elección de ambas ternas fue muy difícil, teniendo en cuenta la preparación de cada uno de los ternados.
Rocholl Salinas ocupará el juzgado civil y comercial del cuarto turno, mientras que Torres Sandoval estará en el juzgado civil y comercial del undécimo turno. Ambos pasaron por todas las etapas antes de llegar a la magistratura judicial.
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Otras designaciones
Igualmente, los ministros de la Corte designaron a Carlos César González Ríos, en carácter de miembro del Tribunal de Apelación en lo civil, comercial y laboral, Circunscripción Judicial de Cordillera. A Sandra Stefani Salinas Presentado, en carácter de juez Penal de Sentencia N° 4 Circunscripción Judicial de Cordillera.
Del mismo modo fue designada Cynthia Margarita Sostoa Santander, en carácter de juez Penal Itinerante de Asunción, Circunscripción Judicial de la Capital. A Liz Paola Mongelós Aguilera, en carácter de juez de Primera Instancia en lo Penal de la Adolescencia de Asunción, Circunscripción Judicial de la Capital. La lista de designaciones para los cargos sigue con Fernando Aníbal Ortiz Medina como juez Penal de la Adolescencia, Circunscripción Judicial de Boquerón.
También fue designada Mariela Patricia Hicks Cantero, en carácter de agente fiscal de Cuentas. Cleider Marlene Velázquez López, fue nombrada como agente fiscal itinerante. Igualmente, Guido Germán Rojas Moreira, en carácter de defensor público para el Juzgado de Primera Instancia de Luque, Circunscripción Judicial de Central y otros.