El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú otorgó medidas alternativas a la prisión al funcionario judicial Néstor Zárate, imputado por soborno luego de que presuntamente ofreció dinero a cambio de hurtar un cheque que se encuentra en el expediente judicial de Ramón González Daher, en el marco de la causa penal por quebrantamiento de depósito y extorsión cuyo proceso se tramita en el Juzgado Penal de Garantías a cargo de Rolando Duarte.
Otazú dispuso que el imputado no pueda acercarse a la sede del Poder Judicial, así como tiene prohibido cambiar de domicilio, tampoco puede salir del país. Del mismo modo, con el incumplimiento de una de las reglas impuestas se revocará todas las medidas y se ordenará la prisión del imputado.
Te puede interesar: Defensa de exjueza Tania Irún pidió suspender audiencia de imposición de medidas
Antecedentes
Los fiscales Osmar Legal y Alma Zayas imputaron a Néstor Zárate por el delito de soborno agravado, luego de una denuncia hecha por el juez de Garantías Rolando Duarte quien tiene el expediente judicial de Ramón González Daher. En dicho expediente se cuenta con 80 cheques que son evidencias del presente caso. El procedimiento se llevó a cabo el pasado viernes en horas del mediodía en la plaza de la Justicia ubicada frente al Palacio de Justicia de Sajonia.
Según el relato de un funcionario del juzgado a cargo de Duarte, Zárate le ofreció G. 500.000 a cambio de un cheque en específico. El funcionario en cuestión comunicó del hecho a su superior y se realizó la denuncia correspondiente en sede fiscal. Del mismo modo, la Corte inició un sumario contra Zárate tras lo sucedido, que podría terminar con la destitución del imputado.
Podes leer: Fiscalía solicita el comiso autónomo de los bienes de Darío Messer
Dejanos tu comentario
El JEM investiga a jueza de Encarnación por mal desempeño en sus funciones
La presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta, solicitó copias completa del expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva” en el que la jueza en lo civil y comercial Nilda Concepción Benítez Caballero fue denunciada por mal desempeño en sus funciones.
Una vez que se remitan las copias del expediente judicial, los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra la magistrada. Los integrantes del JEM son Alicia Pucheta, Orlando Arévalos, Derlis Maidana, Enrique Berni, Manuel Ramírez Candia, Alejandro Aguilera, César Garay y Mario Varela. Los mismos tendrán que estudiar si corresponde enjuiciar a la citada magistrada.
Días atrás el rematador público Raúl Sosa Navarro formuló acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en contra de Nilda Concepción Benítez Caballero, jueza en lo civil y comercial 4to Turno de la ciudad de Encarnación, Itapúa.
Te puede interesar: Juez desestimó denuncia contra presidente del Congreso
En la denuncia presentada por Sosa Navarro ante el órgano juzgador de magistrados, refiere que el 18 de julio del presente año, estaba programada la subasta pública ordenada en el expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva que se tramita ante la referida magistrada, pero al revisar el expediente se encontró con una providencia de suspensión de la subasta emitida en respuesta a una solicitud de suspensión presentada por Daniela Tosetto Casaril, sucesora del Sergio Luiz Tosetto, quien había comunicado el fallecimiento del demandado mediante el acta de defunción adjunta.
Asimismo, el escrito de acusación refiere que “la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero, en una clara muestra de negligencia y omisión de sus deberes, ordenó la suspensión de la subasta sin observar lo estipulado en el Art. 167 del Código de Organización Judicial (C.O.J.), que establece que el peticionante de la suspensión de un remate deberá consignar la suma que el juzgado fije para el reembolso al rematador de los gastos de publicación o transporte de las cosas, más el cincuenta por ciento de la comisión que le correspondería de haberse llevado a cabo la subasta”, señala el documento.
Igualmente dice el escrito que “el accionar de la magistrada generó un perjuicio económico significativo, superando los G. 20 millones debido a los costos asociados con la publicación de edictos realizada en un medio escrito.
“El daño económico ocasionado no solo se limita a los costos directos de publicación, sino que también ha afectado mi reputación profesional y la de mis colegas, creando un entorno de desconfianza e incertidumbre en el ejercicio de nuestra profesión. La falta de consideración por parte de la magistrada y el incumplimiento de los procedimientos legales han puesto en riesgo la credibilidad y el prestigio de nuestro desempeño en el ámbito profesional”, refiere.
Podes leer: Detienen a una de las personas que habría secuestrado a un niño en Canindeyú
Dejanos tu comentario
¿Por qué no todos acceden a un crédito para la vivienda?
Alba Delvalle (alba.delvalle@nacionmedia.com)
El acceso a la vivienda es una problemática que afecta a cientos de paraguayos, más allá de la serie de alternativas existentes tanto en programas estatales, desarrollos privados y financiamientos, por más flexibles que sean.
Según el presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), Raúl Constantino, las principales causas por las que no todas las personas acceden a un crédito para la vivienda es la falta de formalidad de la economía y la capacidad de pago debido al alto nivel de endeudamiento.
“Una de las problemáticas más enfrentadas por las desarrolladoras es la informalidad de la economía de las familias. Si bien muchos de los programas para la vivienda se diseñan con importantes beneficios como la facilidad para el acceso a financiamiento y tasa de interés, el problema es que los interesados no cumplen con las exigencias financieras”, expresó a La Nación/Nación Media.
Requisitos burocráticos
Consultado si los requisitos financieros son muy extensos o burocráticos, lo cual también es un hecho, Constantino destacó que con la creación del programa Che Róga Porã se sortea eso y habilita incluso a personas o familias con ingresos de un salario mínimo. Pero, los postulantes no están cumpliendo porque en su mayoría no tienen capacidad de pago.
Explicó que esto se da porque las personas están sobreendeudadas o, en su mayoría, forman parte del sector informal, como jornaleros, comerciantes esporádicos o realizadores de oficios. “Uno de los motivos por lo que las personas no están accediendo a los créditos es el ingreso, o por que los productos actuales con los plazos vigentes no calzan para muchos”, agregó.
A lo que sumó que las personas tampoco quieren vivir muy lejos de Asunción, por un problema de transporte y prefieren estar cerca del trabajo, ya que en caso contrario pierden unas 5 horas del día en el tránsito. La otra realidad puesta sobre la mesa es el alto nivel de endeudamiento de los ciudadanos, por lo que no cumplen los parámetros de requisitos de liquidez, explicado además por el costo de vida elevado y una sobreoferta del consumo.
Le puede interesar: PGN: instan a fomentar el presupuesto por resultado para mejorar gasto público
Che Róga Porã, ¿es una solución?
Para el titular de la Capadei, el programa Che Róga Porã es una alternativa válida, una política de acción social muy grande, que incluso apunta aumentar el techo a G. 500 millones de financiación. Aunque es fundamental que se trabaje en la formalización de la economía para hacer posible que las personas cumplan con los requisitos de acceso al crédito, sostuvo. Unas 6 firmas del gremio están con proyectos activos en el programa.
“Creemos que Che Róga Porã es un proyecto habitacional clave del Gobierno, porque tiene un componente social muy importante. Es una política muy buena, sabemos que hay algunos inconvenientes respecto a algunos ciudadanos que no cumplen con los requisitos, pero esto no solo se da en este sector, sino también para las viviendas más caras porque tenemos problemas de formalización de la economía”, subrayó.
Constantino explicó que si bien gran parte de la ciudadanía trabaja de alguna forma, muchos no tienen cómo demostrarlo, con lo que el programa Che Róga Porã, al ser más que accesible, demostró que la formalización de la economía paraguaya es fundamental. En este punto, remarcó que debe haber mayor conciencia ciudadana, para lo cual también es preciso la educación financiera.
Déficit habitacional
En cuanto al déficit habitacional, Constantino indicó que siempre se habla de un valor histórico de un millón de viviendas, aunque hizo hincapié que en Paraguay existe un gran déficit cualitativo más que cuantitativo. Respecto al primero, se refiere a las familias que tienen sanitarios fuera de la casa, cocina en el mismo lugar que la sala o el dormitorio, o quienes duermen todos juntos en una habitación. La estimación es de unas 700.000 a 800.000 viviendas carentes de calidad.
En tanto que el déficit de cantidad se calcula unas 200.000 viviendas a nivel país, que multiplicado por un promedio de 4 personas por hogar (estarían viviendo en alquiler), se traduce a 800.000 personas. Este segmento es el que encontró en los últimos años solución habitacional en un alquiler, que es lo que permitió equilibrar la oferta y la demanda.
Créditos hipotecarios al 100 %
Ante todo este escenario de complejidades para acceder a la vivienda, el referente del sector de desarrolladores inmobiliarios planteó que se debe apuntar a una política pública nacional de fomento real, sobre lo cual ya conversaron con las autoridades de la necesidad que se promulguen créditos hipotecarios sobre el 100 %, con alguna figura como Fondo de Garantía de la Vivienda. Esto se viene planteando hace años, pero no avanza.
A la consulta si es posible esbozar la figura de un crédito hipotecario del 100 %, el titular del gremio aseguró que es factible, tal y como es implementado en otros países, además de la existencia de los seguros y las garantías. Al tiempo de ratificar que el producto u oferta existe, pero el quid de la cuestión es el crédito, que no está pudiendo congeniar con las posibilidades de las personas.
Para un crédito hipotecario, la persona debe demostrar entre un 30 a 40 % de su ingreso para el pago de sus deudas, y un 60 % para los demás gastos comunes. “Acá se ve que el nivel de endeudamiento de nuestra gente es muy alto, con un costo de vida caro y un bombardeo del consumo, con lo que su capacidad de ahorro llega a cero”, subrayó.
Lea más: ¿Conviene a Paraguay contar con una bolsa de granos?
Infraestructura vital
Otro aspecto fundamental por mejorar para lograr mayor desarrollo es la infraestructura urbana necesaria, en la que el país está atrasado en lo vial, en transporte, en saneamiento, dando cuenta de que las zonas o terrenos despoblados para comenzar construcciones que gocen de estos servicios básicos son muy escasos finalmente. Esto implica que muchas de las desarrolladoras deben hacerlo con grandes inversiones.
En este sentido, el titular de la Capadei destacó las mejoras que se realizaron en la calidad de las viviendas sociales encaradas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), ya que se evidencian muy buenos productos, aunque la mayor problemática detectada por el gremio es la imposibilidad de los interesados en cumplir los requisitos para acceder a los financiamientos, reiteró.
Puede interesarle: Paraguay pasó de admirar orquídeas a producirlas de manera competitiva
Datos clave
- Las principales causas por las que no todas las personas acceden a un crédito para la vivienda es la falta de formalidad de la economía y la capacidad de pago debido al alto nivel de endeudamiento.
- En Paraguay existe un gran déficit cualitativo más que cuantitativo en cuanto a viviendas. En los últimos años, se encontró una solución habitacional en un alquiler, que permitió equilibrar la oferta y la demanda.
- Otro aspecto fundamental por mejorar para lograr mayor desarrollo es la infraestructura urbana necesaria, en la que el país está atrasado en lo vial, en transporte, en saneamiento.
Dejanos tu comentario
Pavo Real II: juez otorgó medidas a directivos de banco Zeta, imputados por lavado
El juez Osmar Legal otorgó medidas alternativas a la prisión a Luis María Eugenio Zubizarreta Zaputovich y a John Gerald Matthías Gaona, representantes del banco Zeta, imputados por lavado de dinero y otros delitos en el caso conocido como Pavo Real II.
Legal impuso a los dos procesados la comparecencia obligatoria a todos los llamados del juzgado, la comparecencia trimestral, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada trimestre ante este Juzgado, prohibición de cambiar el domicilio y número de teléfono, prohibición de salir del país sin autorización judicial, prohibición de comunicación por cualquier medio con los demás imputados.
Asimismo, tienen una caución real de G.17.486.571.100, y en el caso de Matthías Gaona por la suma de G 8.363.142.700. En ambos casos se ha trabado embargo sobre los bienes que fueron ofrecidos como garantía.
Te puede interesar: IPS de Hernandarias: avanza investigación de supuesto homicidio culposo de bebé
En el acta de imputación el Ministerio Público pidió que ambos imputados no puedan acercarse hasta el banco Zeta, aunque esta medida el juez Legal no hizo lugar debido a que dicha entidad bancaria fue allanada el 22 de agosto. Por lo tanto no se puede presumir que con la presencia de Zubizarreta Zaputovich y Matthias Gaona, el primero presidente y por ende parte del directorio; y segundo, integrante del directorio- en la sede del banco no sería posible algún tipo de peligro de obstrucción.
La imputación de las dos personas fue debido a la firma Finexpar, hoy Zeta Banco, cuyo presidente es el empresario Zubizarreta Zaputovich, habría colaborado para blanquear un inmueble presuntamente adquirido con dinero del esquema de lavado de dinero donde está imputado Alexandre Rodrigues Gomes hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes.
Dejanos tu comentario
ARP hace urgente llamado para garantizar seguridad
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) emitió un comunicado pidiendo la implementación de medidas que garanticen la seguridad en el campo, teniendo en cuenta los recientes incidentes de invasión de propiedades privadas que ocurrieron en Caaguazú y Capiibary. Desde el gremio señalaron que como representantes del sector productivo rural, reiteran la condena a toda forma de violencia, reafirmando el compromiso con el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos de tierra en nuestro país. “La ARP hace un llamado urgente a las autoridades nacionales para que se implementen medidas efectivas que garanticen la seguridad en el campo, protegiendo tanto a los productores como a las comunidades campesinas”, manifestaron.
“ACTOS INACEPTABLES”
En la misiva explicaron que los hechos derivaron en “actos de violencia inaceptables”, incluyendo la toma de rehenes y la trágica pérdida de vidas humanas.
En ese sentido, expresaron su respaldo a la familia afectada y al local agropecuario involucrado (familia Centurión Platte y la Agropecuaria San Ignacio), que son integrantes del sector.
“La ARP se mantiene firme en su disposición de colaborar con el gobierno y otras organizaciones en la construcción de un futuro donde el campo sea un espacio de paz, progreso y oportunidades para todos”, añadieron.