El Ministerio Público analiza solicitar el levantamiento del arresto domiciliario que hace casi dos años tienen Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, acusados por producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia del COVID-19. En el presente caso el juicio oral se fijó recién para febrero del 2023, por lo que los que habrían intentado jugar con la salud de la ciudadanía tendrían protección en la Justicia.
Los fiscales sostienen que el arresto domiciliario de Justo Ferreira será computado en caso de que el mismo sea condenado por los hechos punibles acusados e incluso no podría pisar la cárcel de Tacumbú, y es por eso que estudian pedir el Tribunal de Sentencia el levantamiento del beneficio con que cuenta el clan. En noviembre del 2020, la Justicia le había otorgado el arresto domiciliario a padre e hija.
El fiscal Osmar Legal imputó a los accionistas de la firma Imedic SA, por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal tras la fallida compra de insumos médicos para el Ministerio de Salud Pública en el marco de la pandemia por el COVID-19.
Juicio de Patricia Ferreira
Para los días 2, 3 y 4 de agosto del 2023, el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Laura Ocampos, Fabián Weinsensee y Juan Pablo Mendoza, fijó el inicio del juicio oral y público para la presidenta de la firma Imedic, Patricia Ferreira, así como para Nidia Godoy y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez, acusados de producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
Podes leer: Feminicidio de Sabryna: citan a una audiencia disciplinaria a los abogados de Stadecker
Dejanos tu comentario
Conforman equipo especial para investigar derrumbe de edificio en Encarnación
El Ministerio Público conformó un equipo especial para investigar el derrumbe del edificio en construcción en el barrio San Roque de Encarnación (Itapúa), ocurrido el miércoles por la noche, donde murieron una abuela y su nieta. Se están llevando a cabo diligencias para determinar las implicancias penales de los responsables de la obra y las responsabilidades administrativas de las autoridades municipales.
El grupo de trabajo está integrado por los fiscales Ever Regalado Williams Villasanti, titular de la Unidad Penal Número 1, de la Fiscalía Regional de Encarnación, Francisco Javier Martínez Paiva, de la Unidad Penal Número 10 y Rocío Carolina Valdez Florentín de la Unidad Fiscal Número 1, especializada en la Lucha contra el narcotráfico de Itapúa.
“Es importante determinar primero de que todas estas cuestiones que estamos nosotros recabando son cuestiones muy técnicas. Hablamos de situaciones de conocimiento de ingeniería, de arquitectura, calculistas, de otras modalidades que también van de la mano de una obra de esta envergadura”, señaló el fiscal Francisco Martínez al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Te puede interesar: Areguá: niño de 12 años murió electrocutado en su casa
Aclaró que igualmente se indagará sobre la responsabilidad del intendente de Encarnación, Luis Yd. “También hay una cuestión administrativa ahí en el municipio, de las autorizaciones, del expediente. Nosotros ahora no podemos todavía determinar alguna responsabilidad directa porque necesitamos que los ingenieros y arquitectos del Ministerio Público intervengan para poder tener una idea de lo que podría ser alguna causal y que podría ser una conducta penal”, remarcó.
El agente fiscal mencionó que los ingenieros y arquitectos del equipo de la Fiscalía harán una investigación documental in situ en la zona de obras, como parte de las pericias. Dijo que se debe diferenciar las conductas penales de las administrativas, asegurando que “sea quien sea” el responsable se actuará conforme a la ley.
Señaló que ya se retiró del municipio el expediente administrativo para verificar el proceso de habilitación de la obra, si se realizaron las verificaciones pertinentes de la construcción, tras la aprobación de los planos y todo lo que conlleva un proyecto urbanístico de esta envergadura.
A resultas de informe de peritos de obras
“Lo primero que hicimos es retirar todos los documentos del municipio y verificar con los ingenieros que ya están por Encarnación. Vamos a realizar una primera diligencia el día de hoy y posteriormente vamos a tener un dictamen que nos determinará si existe responsabilidad personal”, manifestó.
El abogado Martínez no quiso arriesgar una opinión sobre una eventual imputación del intendente de Encarnación, al sostener que las resoluciones se tomarán a resultas de las verificaciones de los profesionales técnicos en construcción.
“Hay una cadena de personas que firman documentos, que emiten autorizaciones, encargados de verificación del local que se va a construir. Aparte tienen otras personas que son calculistas que son determinantes para poder también autorizar. Entonces, cada uno de ellos una vez verificado toda esa cadena de responsabilidades vamos a ver quiénes efectivamente dieron su firma”, subrayó.
Leé también: Anuncian temperaturas frescas a frías durante las mañanas del fin de semana
Dejanos tu comentario
Fiscalía paraguaya investigará espionaje informático de Brasil
El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, tomó la decisión de abrir una investigación penal ante el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del Gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú. El espionaje informático se habría iniciado en la gestión de Jair Bolsonaro y ejecutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.
Para el efecto, fue asignada como responsable la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano. Según publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
En la resolución n.° 27 el Ministerio Público refiere que la citada agencia “habría tratado de ingresar o habría ingresado a dispositivos electrónicos ajenos del presidente de la República del Paraguay, así como de senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático, de la Administración Nacional de Electricidad, entre otros”.
El espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones que fueron proveídas por el gobierno de Lula da Silva mediante un comunicado. El dirigente político del Partido de los Trabajadores responsabilizó exclusivamente de la acción ilegal a Bolsonaro.
Leé también: DNCP levantó restricciones para la compra de las máquinas de votación
La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal, realizadas en noviembre del año pasado, y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utilizado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.
Por su parte, el gobierno del presidente Santiago Peña tomó la decisión de requerir explicaciones detalladas al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes.
A su vez, decidió suspender de manera indefinida el proceso de renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú. Mientras que desde el Congreso Nacional se anunció la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para dar seguimiento a la denuncia de espionaje.
Te puede interesar: Grupo Zuccolillo se rehúsa a pagar deuda de USD 70 millones a itti
Dejanos tu comentario
Triple choque en Samber: otorgan arresto domiciliario a Eugenio Sanabria Vierci
El juez penal de Caacupé, Augusto Acuña, otorgó el arresto domiciliario al empresario Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque-San Bernardino, donde falleció toda una familia, el 10 de noviembre de 2024. La resolución judicial se dio a conocer ayer miércoles, luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo en la sede judicial de Caacupé.
El referido magistrado sostuvo en su resolución que desapareció el peligro de fuga y obstrucción en la investigación de parte del imputado Sanabria Vierci, por lo que corresponde el arresto domiciliario.
De acuerdo a la determinación del juez Sanabria, el acusado deberá cumplir la prisión domiciliaria en Asunción con control aleatorio, cuya comisaría del distrito deberá informar inmediatamente a esta magistratura en caso de incumplimiento de la misma. También tiene la prohibición de salir del país y cambiar de domicilio sin autorización del Juzgado; la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y de cualquier tipo de sustancias prohibidas.
Igualmente, tiene prohibido portar cualquier tipo de arma; tiene la obligación de comparecer a la audiencia preliminar que le será notificada; cuando el juzgado y el Ministerio público así lo requiera, bajo apercibimiento de que será declarado su rebeldía sin más trámites; así como una fianza multimillonaria que asumen sus familiares y ellos son María Lucila Rivarola de Sanabria, María Lucila de Fátima Sanabria Rivarola, María Verónica Sanabria Rivarola hasta cubrir la suma de G. 7.550.783.952.
Te puede interesar: Encarnación: un fallecido y un herido tras robo en obra de construcción
Imputación
La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 miligramos por litro de alcohol en sangre.
En un automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y su hijo de tan solo cuatro años.
La única que pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), en San Lorenzo.
Dejanos tu comentario
Farsa de Abdo: sus aliados frenan desafuero que él pidió
Hace un año, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, requiere que el Senado despoje de sus fueros al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, con la finalidad de que enfrente a la justicia en el caso de filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El pedido fue remitido por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera el 14 de marzo del 2024 tras la admisión de la imputación fiscal por la revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Desde entonces, los aliados de Abdo Benítez impidieron que sea sometido a la justicia mediante diversas maniobras en el Legislativo. El pasado 12 de marzo, con bombos y platillos, el expresidente anunció mediante sus redes sociales oficiales que solicitaría su desafuero como senador vitalicio, al tiempo de arremeter contra el Ministerio Público y calificarla como una institución “sometida a un grupo de poder”.
Este anuncio al parecer fue parte de un show montado por Abdo Benítez y su entorno, ya que el requerimiento del órgano extrapoder continua pendiente de estudio en el pleno a raíz de las trabas impulsadas por los abdistas y aliados opositores que obstruyen la labor de la justicia.
Lea también: Anexo C: renegociación será reanudada una vez que se restituya la confianza con Brasil
La artimaña dilatoria en busca de impunidad quedó totalmente evidenciada luego de su incomparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, instancia que por solicitud de sus leales, los legisladores Lilian Samaniego y Rafael Filizzola, optó por convocarlo el día de ayer, martes 1 de abril, para dar su versión de los hechos que se le atribuyen.
Sin embargo, terminaron acudiendo solo sus abogados Enrique Kronawetter y César Trapani, pese a que con anterioridad Mario Abdo había expresado su predisposición de aclarar su situación, colocando incluso su “cabeza a disposición”.
En medio de un show mediático, también había solicitado el cese de una supuesta persecución contra sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, con la intención de evitar que perciban la orfandad política de parte de su líder.
En la ocasión, los abogados no lograron refutar las pruebas en contra ni presentar argumentos sólidos que demuestren la inocencia de Marito y derriben las acusaciones de que en su gobierno se montó un esquema de persecución política y terrorismo de Estado contra sus adversarios.
No obstante, el bloque asesor por mayoría de sus miembros terminó aconsejando dar vía libre al desafuero del colorado disidente. La bancada del movimiento Honor Colorado acompaña el pedido de desafuero realizado por el propio Abdo Benítez y la Fiscalía.
Te puede interesar: Plantean crear el Ministerio de la Familia con la fusión de tres entes