Los abogados Fausto Portillo y Bernardo Villalba, representantes legal del exgobernador de Central Hugo Javier González, imputado por lesión de confianza, plantearon un incidente de nulidad contra el acta de imputación y a su vez cuestionaron la fijación de la audiencia de imposición de medidas cautelares prevista para este viernes que finalmente será suspendida.
Ahora el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú deberá decidir si rechaza el incidente de nulidad de imputación o hace lugar al mismo. Igualmente, existen otras 49 personas que están imputadas en el presente proceso penal.
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De acuerdo al acta de imputación, entre los meses de marzo del 2019 y diciembre del 2020 González Alegre, a través de 51 resoluciones, habría autorizado indebidamente las transferencias de recursos por la suma total de G. 24.424.032.733 en concepto de aportes, con el aparente fin de financiar los gastos administrativos y misionales de los proyectos que fueron presentados ante la gobernación; sin embargo, los fondos no habrían sido destinados para ejecutar los proyectos formulados.
Asimismo, el exgobernador, pese a todas las irregularidades y el incumplimiento de los requisitos documentales, habría emitido las órdenes de pago y los cheques por medio de los cuales fueron desembolsados los recursos económicos en perjuicio de la gobernación.
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Abogados destacan que Hernandarias cuente con dos fiscales más y proponen sede propia
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En la sede regional del Ministerio Público en Ciudad del Este, el fiscal adjunto de Alto Paraná, doctor Jorge Sosa, mantuvo una reunión con representantes del Círculo de Abogados de Hernandarias, encabezado por su presidente Ernaldo Gamarra y con autoridades municipales de la misma ciudad.
Los letrados destacaron la designación de dos fiscales más en la unidad zonal de Hernandarias, que el gremio reclamó en reiteradas oportunidades, ante las dificultades que generaban contar con solo dos agentes para una gran demanda que tiene la citada ciudad y demás comunidades vecinas dependientes de dicha jurisdicción.
Con las nuevas designaciones, Beatriz Adorno y Miguel Figueredo, se eleva a cuatro el número de fiscales en la capital de la energía. Según los abogados, “ese esfuerzo contribuirá a una mayor eficiencia en la administración de Justicia y en la respuesta a las necesidades de la comunidad”, en cuanto a acciones ante el Ministerio Público.
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La reunión fue también para ver la factibilidad de mejoramiento de la Fiscalía en cuanto a varios aspectos, entre ellos, la falta de una mejor infraestructura.
En ese marco, con el aval de las autoridades municipales, informaron que la municipalidad de Hernandarias dispone de un predio para la construcción de la sede propia para el Ministerio Público, teniendo en cuenta que la institución funciona en un local alquilado. Una sede propia representaría un avance importante en la consolidación de la institución en el distrito de Hernandarias, según lo referido en la reunión por parte de los visitantes.
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Funcionaria del INTN que fue abofeteada por abogado presentó querella
Los abogados Carlos Daniel Alarcón, y Karina Almeida Marcelo Riveros, en representación de Lourdes Sosa Cuevas, funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología de Normalización y Metrología (INTN) presentó querella adhesiva por los delitos de resistencia, coacción y coacción grave contra el abogado Walter Ramón Acosta, quien agredió brutalmente a la mujer.
La presentación se hizo ante el juzgado penal de garantía de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, que deberá admitir la querella adhesiva presentada por la víctima del grave hecho. Una vez admitida la querella, la víctima podrá proponer diligencias investigativas en el presente caso.
Acosta está imputado por resistencia, coacción y coacción grave luego de la agresión a la funcionaria de la INTN Lourdes Sosa. El hecho se había registrado hace dos semanas en una estación de servicios, ubicada en la localidad de Tavapy, departamento de Alto Paraná. La fiscala Rocío Celeste González había imputado al agresor, quien se mantuvo prófugo de la justicia hasta que un tribunal de apelación, integrado por Efrén Giménez, Raúl Insaurralde, y Marta Acosta, eximió de prisión al abogado Acosta, fallo judicial que fue sumamente criticado por la sociedad y diversos sectores políticos.
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Igualmente, el Senado decidió hoy miércoles presentar una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en contra de los camaristas mencionados por levantar la orden de captura del abogado Acosta.
Ministro pidió investigar
El ministro de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Santander pidió al presidente de la Corte César Diesel y a los demás integrantes del Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial que inicie un sumario contra el abogado Walter Acosta, imputado por coacción, coacción grave y resistencia.
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Mafia de los pagarés: imputan a jueces, actuarios, ujieres y abogados de firmas de cobranzas
Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, en el marco de la investigación conocida como la mafia de los pagarés, presentaron imputación contra 63 personas, entre ellas los directos presuntos responsables del esquema que son jueces, actuarios judiciales, ujieres notificadores y abogados de las firmas de cobranzas.
Los delitos que habrían cometido los hoy imputados son prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Ahora un juzgado penal de Garantía deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Entre los imputados se encuentran los jueces de paz, Analía Cibils, Nathalia Garcete hoy día suspendida en sus funciones, Víctor Rodríguez también suspendido en sus funciones y la exjueza Liliana González de Bristot, quien acorralada por los graves hechos decidió renunciar al cargo.
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Igualmente, la lista de imputados sigue con los actuarios judiciales del juzgado de Paz de la Encarnación, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Ricardo Ramón Cuevas. También están imputados los ujieres Audrey Jazmín Galeano Mora cuyo padre es el abogado Rubén Galeano, extitular del Colegio de Abogados, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, y Arturo Javier Ayala Franco.
Asimismo, la nómina de los imputados por los graves hechos que ocasionaron un perjuicio a la clase más humilde son: Alfredo René Benítez Cabrera, Jorge René Montiel, Ángel Aníbal Cino Isnardi, José Manuel Fuster Castellano, Lourdes Roció Aranda Benítez, Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana y Melissa Analía Talavera Bogado y otros.
También fueron imputadas 19 personas entre ujieres, oficial de Justicia y otros pertenecientes al juzgado de Paz de San Roque e igualmente se tiene 12 imputados que son funcionarios del juzgado de Paz de la Recoleta, totalizando así 63personas imputadas en el caso.
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Lesión de confianza y asociación criminal: juez fija audiencia preliminar para Miguel Prieto
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.
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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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