El agente fiscal Rodrigo Estigarribia, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, señaló que el informe presentado por el senador Jorge Querey ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), sobre el ingreso de productos de contrabando en complicidad con funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y militares de la Armada Paraguaya, corresponde a una investigación en curso del Ministerio Público y a la fecha el caso se encuentra pendiente del juicio oral y señaló que por este caso se encuentran procesadas nueve personas.
“Mi unidad tomó esta denuncia en diciembre del 2019 cuando se acercaron videos de una cámara externa, donde estaba ocurriendo un hecho en Aduanas. Tres meses después, luego de obtener tecnología de punta, logramos obtener una autorización judicial por primera vez en la historia de investigaciones de este tipo y se logró insertar un dispositivo que tiene imagen full HD, además de audio”, explicó el fiscal en comunicación con la 780 AM. Indicó que se hizo un seguimiento en línea de todo lo que ocurría dentro de la caseta, lo que les permitió acceder a material contundente para realizar imputaciones.
Indicó que con el material obtenido se pudo contrastar el hecho denunciado y los involucrados en el hecho, y los nueve procesados, entre funcionarios de la Armada y de Aduanas, están imputados por supuestos hechos punibles de contrabando, cohecho pasivo (coima) y asociación criminal.
El agente fiscal, que también el año pasado realizó una audiencia preliminar, espera el juicio oral para exponer otras evidencias. “La investigación se centró en un horario determinado, teniendo en cuenta la capacidad de almacenaje del dispositivo, estuvimos dos semanas y es por eso que se colectaron muchos elementos”, explicó Estigarribia.
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Detalló que por una cuestión estratégica se decidió insertar la cámara dentro de la caseta, pero posterior a la colecta de evidencia, se tuvo que retirar las cámaras debido a que la autorización realizada por el órgano judicial establecía un tiempo límite para la permanencia del dispositivo en el lugar.
“Una vez que tuvimos los elementos concretos, se retiraron las cámaras, si bien es un secreto a voces este tipo de actividades, se lograron obtener elementos concretos”, explicó el fiscal, quien detalló que la investigación se inició a raíz de una denuncia que indicaba que en un horario específico había personal recibiendo pagos a cambio de hacer pasar mercaderías.
Las nueve personas procesadas en este caso y pendientes de juicio oral son Virgilio Miguel Ferreira, Luciano Florenciano Duarte, Eusebio Santacruz, Antonio Oporto Espínola y Pedro Rubén Báez, los mismos son funcionarios de Adunas. Los militares imputados son Enrique Blanco Roa y Claudio Ramón Orrego. También hay particulares involucrados en esta investigación y son Carlos Alberto Montanía y Elza Mabel Chamorro.
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