Desde Pozo Hondo (Boquerón), a más de 700 kilómetros de Asunción en ruta, desmintieron una publicación del diario Abc Color de hoy miércoles, que asegura que la reciente presentación del Gobierno de una ambulancia para la comunidad chaqueña solo fue una “entrega ficticia” o “actividad pantalla”. En contacto con La Nación/Nación Media, Alberto Jaime dijo: “Se explicó y se dijo muy bien el día de la entrega que la ambulancia iría a Mariscal (Estigarribia) para que el chofer de la zona se capacite, así como también la doctora y la licenciada”.

El poblador pozohondero echó por tierra el falso relato publicado por el medio capitalino con el objetivo de desprestigiar al gobierno de Santiago Peña, al afirmar que la entrega de la ambulancia que el mandatario realizó el pasado 15 de octubre en el Puesto de Salud de Pozo Hondo “fue solo un acto simbólico”, alegando tendenciosamente que el vehículo no se encuentra en este momento en dicha localidad.

“Sí es cierto que la ambulancia no estaba, pero es porque el chofer fue a capacitarse. En la semana retornaría (a Pozo Hondo). No entiendo por qué se sacó esa información; estamos muy agradecidos con el presidente Santiago Peña y la ministra de Salud, María Teresa Barán”, comentó Jaime. Aprovechando la visita del jefe de Estado, junto a la ministra Barán, el 15 de octubre también se hizo la presentación de dos profesionales sanitarios que brindarán servicio en Pozo Hondo, la doctora Raquel González y la obstetra Digna Colmán.

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En tanto, la directora de la XVI Región Sanitaria de Boquerón, Esther Bogado, también negó rotundamente las acusaciones publicadas por el diario del grupo Zuccolillo. “El conductor de la ambulancia, quien es de la zona, está completando su capacitación en primeros auxilios y manejo de emergencias. Una vez que concluya, la ambulancia será devuelta a Pozo Hondo. Es un proceso habitual para garantizar la seguridad y calidad del servicio”, comentó la doctora en entrevista con Hoy Digital.

Bogado aclaró que este conductor fue elegido por los pobladores y fue contratado por el municipio de Mariscal Estigarribia. Mientras que el personal de blanco, que fue contratado por el Ministerio de Salud para la zona, igualmente están en proceso de capacitación para poder brindar atención integral a la comunidad. “Siempre hemos trabajado de esta manera, asegurando que el personal esté bien capacitado antes de asumir sus funciones”, agregó.

Por otra parte, Alberto Jaime indicó que desde la XVl Región Sanitaria de Boquerón se está trabajando de manera constante por brindar mejoras sanitarias para la localidad del decimosexto departamento del país. “Agradecemos al Gobierno por acordarse de nosotros, los chaqueños, quienes durante muchos años fuimos olvidados y ahora estamos siendo tenidos en cuenta. Hay gente con malos pensamientos y a quienes no les gusta nada y son libres de expresarse, pero desmiento lo que se quiere instalar”, ratificó el poblador de Pozo Hondo a LN.

Jaime, quien es hijo del fundador de Pozo Hondo, puntualizó que desde la semana entrante los profesionales de Salud estarán trabajando de manera integral en la zona. Recordó que la atención se debe enfrentar a largas distancias y el logro en la localidad es significativo, por lo cual lamenta el intento mediático de desmerecer el avance a través de este tipo de “fake news” (noticias falsas).

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Medios de comunicación de los grupos Zuccolillo y Vierci usaron información sensible y privada de la familia del senador Gustavo Leite para la opereta comunicacional que llevan adelante en su intento por tapar el escándalo de los fondos que manejan organizaciones que se dicen sin fines de lucro.

• Unidad de Investigación Nación Media

La opereta políti­co-comunicacio­nal llevada ade­lante por los medios de los grupos Zuccolillo y Vierci, aliados a sectores de la oposición y oene­gés que buscan impedir la transparencia, ha lle­gado a ribetes muy pocas veces vistos.

Si bien el espíritu del fun­dador de Abc Color, Aldo “Acero” Zuccolillo, era el de “dar palo”, nunca per­mitió que se utilizaran cuestiones del ámbito pri­vado de las personas para esa misión, algo que bajo el mando de sus herederos parece quedar olvidado.

Por su parte, el diario Última Hora, propiedad de Antonio Juan Bautista Vierci, siempre se jactó de ser el único medio en Paraguay en contar con un código de ética, pero en la víspera dio pasos que nunca podrían ser tolera­dos por manual alguno.

Primero Última Hora y luego –horas después– Abc Color, publicaron sendas notas en las que relataban que el hijas­tro del senador Gustavo Leite cuenta con orden de captura, debido a que se escapó de un centro donde estaba recibiendo un tra­tamiento.

Ambos medios de comuni­cación hurgaron y publi­caron los motivos por los cuales el joven se encon­traba en el lugar. El diag­nóstico o el motivo por el que el joven se encontraba en el lugar carecía total­mente de relevancia para el debate público y ter­minó exponiendo cuestio­nes del ámbito íntimo de una persona privada que no cumple función alguna dentro del Estado.

El manual de ética elabo­rado por el Instituto Idea establece una serie de “recomendaciones para cobertura respetuosa de las personas”. En el mate­rial establece: “No publi­car detalles o datos de la historia clínica de una persona sin su consenti­miento, ya que esta infor­mación es considerada como sensible, de carác­ter privado”.

La Fundación García Már­quez, en su consultorio ético, también abordó temas relacionados a la salud de las personas en reiteradas oportunida­des. Por ejemplo, se remi­tieron consultas sobre un alcalde de Bolivia que había hecho declaracio­nes públicas en las que reveló el nombre y el diag­nóstico de una persona.

La respuesta fue bastante clarificadora: “Si está ase­gurada la salud de las per­sonas, no se justifica la publicidad hecha por el ministro ni una eventual réplica por parte de los medios de comunicación”

“Está de por medio, en efecto, el derecho del enfermo a su intimidad”, agrega.

“Se llama íntima aque­lla parte de la vida per­sonal que se quiere man­tener fuera de la mirada ajena. Las enfermeda­des suelen ser considera­das como parte de la vida personal que se sustrae al conocimiento público; esta es la razón por la que los médicos consideran que el manejo discreto de los datos sobre las enfer­medades de sus pacien­tes hace parte de sus deberes éticos y explican su secreto profesional”, finaliza el documento.

Es decir, los medios del grupo Zuccolillo y Vierci sobrepasaron todos los límites al publicar los antecedentes clínicos del hijastro del senador Leite. Una nueva etapa de la ope­reta quedó expuesta.

Los ataques coordinados al senador Gustavo Leite por parte de medios y defensores de grandes corporaciones de oenegeros exponen la hipocresía del esquema político-comunicacional opositor y su intención de distraer la atención pública de los millonarios movimientos realizados.

• Unidad de Investigación
• Nación Media

Una opereta políti­co-comunicacio­nal se ha puesto en marcha en los últimos días con el objetivo de desacredi­tar al senador Leite (ANR), integrante de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que busca transpa­rentar los fondos de estas organizaciones. La estrate­gia comenzó con un audio fil­trado que intentó sugerir una supuesta pelea entre Leite y el presidente Santiago Peña. Este audio sirvió también para desviar la atención del supuesto tráfico de influen­cias de Enrique Salyn Buzar­quis, senador liberal, y de las posibles irregularidades en la CBI.

El 3 de octubre, Abc Color, del Grupo Zuccolillo, lanzó un ataque mediático sobre los vínculos de Leite con la Asociación Civil Comuni­dad Cenáculo, presentando su relación como un secreto, lo que resultó ser falso. Una simple búsqueda en Google revela que en 2021 el canal GEN ya había entrevistado a Leite como tesorero de la oenegé, y que, en 2023, el Arzobispado de Asunción difundió imágenes de una reunión entre Leite y el car­denal Adalberto Martínez.

Inmediatamente, medios aliados como Telefuturo, Monumental y Última Hora (del Grupo Vierci) replica­ron la noticia. Este tipo de coordinación ya se había visto antes, como en mayo de 2022, cuando los medios de ambos grupos publicaron en conjunto el informe ilegal de Seprelad para atacar a Hora­cio Cartes.

Después de que los medios instalaran la narrativa de la “organización secreta”, acti­vistas y políticos opositores se unieron al ataque. El diputado Raúl Benítez pidió la salida de Leite de la CBI, a pesar de haber defendido la existen­cia de esta misma comisión cuando investigaba al expre­sidente Cartes. También soli­citó informes a Itaipú sobre un aporte de G. 233 millones a la Comunidad Cenáculo.

Otro que se sumó fue el perio­dista Benjamín Fernández Bogado, quien en el pasado se presentó como exalumno de Harvard sin serlo y que tam­bién ha recibido fondos de oenegés. Incluso la activista María Esther Roa, vinculada a organizaciones beneficiadas con fondos del extranjero, se unió al ataque.

En una conferencia de prensa, Leite presentó la procedencia de los fondos que recibió la Comunidad Cenáculo, aclarando que fueron transparentes. Sin embargo, los mismos que se oponen a la ley de transpa­rencia lo criticaron por no ser suficientemente claro. Entre ellos, Última Hora enfatizó que la Comunidad Cenáculo recibió aportes de Tabesa e Itaipú, pero omi­tió mencionar que Antonio Vierci, dueño del medio, también realizó donacio­nes a la misma organización.

Además, medios como El Sur­tidor y su satélite La Precisa, que se presentan como inde­pendientes, también arreme­tieron contra Leite. La Pre­cisa criticó a Leite porque la Comunidad Cenáculo recibió fondos privados y públicos, ignorando que ellos mismos reciben millonarios fondos del extranjero.

La Comunidad Cenáculo recibió G. 2.000 millones en cinco años, lo que generó indignación entre algu­nos sectores, pero no hubo la misma reacción ante las millonarias sumas que reci­ben otras oenegés. Por ejem­plo, el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), dirigido por María Victoria Rivas, una crí­tica de la ley de transparen­cia, recibe financiamiento de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid) y de la Unión Euro­pea. Sin embargo, en su web no se detallan los montos exactos ni las personas con­tratadas localmente.

El CEJ fue una de las varias oenegés beneficiadas con la repartija de USD 58 millones realizada por Usaid. Solo esta organización recibió USD 1,5 millones de un solo finan­cista, es decir, diez veces más que el dinero recibido en cinco años por Comuni­dad Cenáculo del Paraguay. Y la lista sigue (ver infografía).

Las manipulaciones periodísticas de la cadena mediática liderada por Abc Color, léase su directora Natalia Zucco­lillo, son tan burdas y grotescas, que no solamente subestiman la memoria y la inteligen­cia (capacidad de discernimiento) de nuestro pue­blo, sino que su grado de perversidad y de cinismo ya supera el límite del asombro, para despeñarse en el fango de la mentira más ruin y la inmorali­dad más obscena. La ausencia de pudor y la abun­dancia de la malicia han convertido a sus medios integrantes, a sus propietarios y a algunos de sus trabajadores de prensa en una cloaca pestilente que ambiciona contaminar con su agua servida a toda la sociedad. Distorsionan los hechos, de acuerdo con sus intereses, con saña y alevosía, pretendiendo rematar a sus adversarios con un disparo certero y premeditado que afanosamente quiere ser mortal. Pero hace años que están tiro­teando con pólvora mojada. Mojada porque la sociedad empezó a detectar y desnudar sus verda­deros objetivos y, sobre todo, la sistemática con­sumación de esa triple deslealtad en el ejercicio de la profesión: para con el público, la verdad y la ética. Nunca tuvieron “fe en la patria”, sino en los oscuros negocios con el poder de turno, cuando las autoridades cedían a sus chantajes o acorda­ban la equitativa distribución de las ganancias, como ocurrió durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. A cambio, naturalmente, de ocultar los manejos corruptos del Estado y agrandar los más insignificantes emprendimientos. En medio, el bocado apetecido: destruir a sus enemigos en común montando un espectáculo mamotrético, con personajes deformes y enfermos de infamias, patrañas (noticias inventadas) y las más despre­ciables falacias.

Mienten cuando se declaran “defensores de la libertad, de la democracia y de la justicia” por­que durante la primera década de su publica­ción (específicamente Abc Color y su fundador Aldo Zuccolillo) hicieron lo que mejor saben: congraciarse con quienes administraban el poder. Y no fue impedimento que el usurpador del Palacio de López sea el sanguinario déspota Alfredo Stroessner. Todos los días el sátrapa aparecía en la tapa del diario, haciendo loas a su “gestión” y censurando los hechos de graves violaciones de los derechos humanos, inclu­yendo las torturas y asesinatos de los líderes de la oposición, algunos de la propia Asociación Nacional Republicana.

Aplaudieron sin obje­ción alguna la reforma constitucional (sin pre­sencia de opositores) de 1977 habilitando la ree­lección indefinida del dictador. Condenaron la “injerencia” de los Estados Unidos en los asun­tos internos de la Argentina, por una fuerte crí­tica de la administración de Jimmy Carter al llamado proceso militar en el vecino país, que, finalmente, tuvo un lamentable saldo de 30.000 desaparecidos. Nunca se supo la razón real de la ruptura de aquella sociedad entre Stroess­ner y Zuccolillo; algunos argumentan que este último se había enterado (a través de su enton­ces cuñado Conrado Pappalardo) que el Depar­tamento de Estado de los Estados Unidos le bajó el pulgar al dictador y otros alegan que el director del diario aspiraba a ser presidente de la República. El repudiable cierre de este medio no le exime de su responsabilidad con los crí­menes del pasado que no se animaron o no qui­sieron publicarlo.

Cuando el 14 de junio de 2022, en el Congreso de la Nación se instaló la Comisión Bicameral de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de dinero y otros delitos conexos, presidida por Jorge Querey, el diario de marras aplaudió con fervor “patriótico” la iniciativa. El motivo era muy sencillo: sus miembros iban a “analizar” lo que según Abc Color se trataba de un “ful­minante informe” en contra del expresidente Horacio Cartes, recortado, pegado y armado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Y para aclarar más aún, siempre es necesario ubicar los hechos en su debido contexto en vista de una mejor comprensión: las elecciones internas del Par­tido Colorado estaban pautadas para el 18 de diciembre de ese mismo año. Cartes disputaba con Abdo Benítez la titularidad de la Junta de Gobierno de la ANR y Santiago Peña apuntaba a la Presidencia de la República en contra de Hugo Velázquez, primero, y Arnoldo Wiens, después. La intención era apearlos de la carrera. Pero la montaña de intrigas no tuvo el efecto esperado: triunfan los candidatos del movimiento Honor Colorado. Y el 30 de abril de 2023 Peña gana el derecho a sentarse en el sillón de López.

Mañana lunes, 26 de agosto, se instalará un organismo bicameral similar al de 2022: Comi­sión Conjunta de Investigaciones de carácter transitorio para la investigación de hechos puni­bles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos. Desde el inicio, el diario en cuestión viene insistiendo que se trata de una “comisión garrote contra gru­pos críticos al Gobierno, como ser las organi­zaciones no gubernamentales, ABC y el Grupo Zuccolillo” (sic). En una hipocresía que raya la demencia ahora cambian radicalmente de posi­ción respecto a este organismo cuya creación está facultada por la propia Constitución Nacio­nal. No sabemos cuáles son los argumentos para llegar a tal conclusión, al menos si sus empresas tienen los papeles en regla. ¿O alegarán persecu­ción si, eventualmente, se detectan irregulari­dades? Este medio nunca estuvo al servicio de la verdad, sino de los intereses de sus dueños. Por suerte hoy ya nadie compra un burro pensando que es un caballo.