Desde el Ministerio Público se confirmó que los agentes fiscales Osmar Legal y Alicia Sapriza seguirán al frente de las pesquisas asociadas al caso del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, cuya vivienda fue allanada la semana pasada en busca de evidencias sobre sus nexos con el narcotráfico.

Así lo dispone la resolución N° 107 de la Fiscalía Adjunta a cargo de Roberto Zacarías. A criterio del Ministerio Público, no existen méritos para recusar a ambos fiscales intervinientes en la citada causa, por lo que se rechazó la recusación planteada por Giuzzio a través de su representante legal, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos.

El exministro del Interior está imputado por cohecho pasivo agravado, luego de investigarse sus supuestos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola, cuya camioneta particular había utilizado para vacacionar con su familia en el vecino país, en febrero pasado.

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“No se puede acoger favorablemente una recusación cuando se basa en reprobaciones vinculadas a la tarea investigativa de los agentes fiscales o actuaciones procesales consideradas inconvenientes por el incidentista, pues como se tiene explicado debe darse una circunstancia fáctica concreta con relación a los fiscales recusados que afecte el criterio de objetividad, extremo que no se verifica”, fundamenta la Fiscalía para rechazar la recusación.

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Los antecedentes

Según evidencias publicadas por el periodista Jorge Torres, el entonces ministro Arnaldo Giuzzio utilizó para vacacionar en Brasil una camioneta de la marca Kia con chapa número WCGC 805, registrada a nombre de la empresa Ombu SA, propiedad de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, sindicado por la ministra de la Senad, Zully Rolón, como un presunto narcotraficante detenido en Brasil y quien habría sido el principal objetivo del operativo Turf, realizado en el Paraná Country Club de Hernandarias.

En la serie de investigación también se destacó que Marqués de Padua también aparecía en varias fotografías con Giuzzio, ya que el mismo pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Fue precisamente esta publicación la que tumbó a Giuzzio, quien tras el escándalo fue destituido por el presidente Mario Abdo Benítez y designó en su reemplazo a Federico González, quien en ese momento se desempeñaba como asesor de la Presidencia de la República.

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