Ciudad del Este. Agencia Regional.

La agente fiscal Thais García solicitó la rebeldía de un comerciante sexagenario que habría abusado sexualmente de una menor de edad. El presunto agresor es Robustiano Acosta, de 66 años, quien está imputado por abuso sexual en niños y se encuentra prófugo de la Justicia.

De acuerdo al antecedente del caso, el hecho habría ocurrido el 4 de julio de 2024, aproximadamente a las 14:30, en el interior de una despensa ubicada en el barrio Santa Rosa de la ciudad de Presidente Franco.

En esa ocasión, la víctima, una menor de 12 años, acudió al local comercial para hacer compras, pero el despensero, habría aprovechado dicha situación para manosearla en el pecho y en sus partes íntimas.

A raíz de la agresión, la niña se apartó del despensero y salió corriendo hacia su casa. Luego relató lo sucedido a su padre, quien inmediatamente presentó la denuncia ante la comisaría de su barrio. El caso fue comunicado al Ministerio Público y la fiscalía ordenó diversas diligencias investigativas.

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Medicina forense realizó una inspección a la menor de 12 años y el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público hizo una evaluación psicológica de la víctima. Ante las evidencias recolectadas, la fiscal Thais García ordenó la detención preventiva del acusado y ahora decidió imputarlo por abuso sexual en niños, además de solicitar la declaración de rebeldía.

Tomando en cuenta los datos estadísticos del Ministerio Público, de enero a julio de 2024, fueron atendidos 11.482 hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes, lo que indica 54 víctimas por día y de esta cantidad por día, entre 8 y 9 son casos de abuso sexual en niños y niñas. De la cifra total de hechos punibles contra niños, son 1.840 víctimas por abuso sexual en niños y niñas.

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Ante la decisión de la Municipalidad de Yaguarón de crear un organismo policial municipal, el Ministerio del Interior apela al diálogo con el intendente Luis Rodríguez, y advierten sobre los riesgos de contar con supuestos efectivos policiales sin la formación adecuada.

“Usted se imagina un joven entusiasmado al que le dieron un uniforme táctico y comete un descuido, se le va la mano, usa mal la fuerza y es pasible de un proceso legal, será que él tiene el respaldo suficiente desde el municipio para recibir una asistencia, un abogado que le va a defender, hay una estructura legal de la cual se puede valer para defender sus funciones”, cuestionó la comisario, Elisa Ledesma, asesora del Ministerio Público.

Durante el programa “12/8″ emitido por GEN/Nación Media indicó que agotarán todas las instancias legales de modo a que esta fuerza municipal cese sus actividades, puesto que no cuentan con el sustento normativo para operar como agente policial. Señaló que se rescata la predisposición de intervenir en la seguridad ciudadana, pero dejó en claro que este no es el camino.

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Asimismo, añadió que el actual Gobierno está realizando una gran apuesta en lo que es la seguridad, por lo que próximamente, principalmente Asunción y el área metropolitana, pero también las ciudades del interior, se verán beneficiados con más efectivos policiales de modo a combatir la inseguridad.

“Somos conscientes que de repente no teníamos vehículos, que nuestras patrulleras no estaban en condiciones, no teníamos suficiente personal policial, por ello el cambio que tenemos ahora, nosotros nunca en la historia recibimos tantas patrulleras como tenemos ahora, nunca tuvimos tantos equipos de radio y nunca tuvimos 5.000 efectivos en un egreso de año y eso que presté servicios por 30 años en esta Policía”, afirmó.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, indicó que están expectantes a la licitación de las tobilleras electrónicas puesto que será un elemento clave para evitar la superpoblación penitenciaria y en este sentido dijo que también existe un trabajo conjunto con la Corte Suprema de Justicia de modo a buscar alternativas a la prisión.

“Ya estamos próximos a implementar los brazaletes electrónicos, tuvimos una reunión con el ministro del Interior, Enrique Riera, hace un par de días porque por fin los procesos de llamado a licitación y todo lo que tiene que ver con la parte administrativa para la adquisición de estos dispositivos están destrabados y estamos próximos a la adjudicación”, detalló a la 650 AM.

Una vez que se cuente con estos dispositivos, serán puestos a disposición de los juzgados de modo que se conviertan en una herramienta más de control y un mecanismo de evitar que ingresen personas innecesariamente al sistema penitenciario. En esta línea, resaltó el trabajo que se está realizando con el Poder Judicial.

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“Tener una línea de trabajo en la conciencia en la imposición de la prisión preventiva, no el abuso, sino el equilibrio porque también tenemos que abogar por la seguridad ciudadana y cuando realmente se den las condiciones que están en ley como la obstrucción al proceso penal, peligro de fuga entre otros lineamientos claramente establecidos, que se aplique la prisión preventiva, pero si esa persona puede estar bajo un régimen de prisión domiciliaria o libertad, bienvenido sea”, explicó.

Dentro del sistema penitenciario existen 11.167 procesados sin condena de las 18.489 personas privadas de libertad. Otra de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Justicia es separar a estos dos grupos, de modo a que los programas de reinserción puedan ser efectivos y que las cárceles dejen de ser “escuelas del delito”, según manifestó.

Este proceso ya comenzó en Tacumbú y en las tres cárceles de Emboscada, tanto en el penal antiguo, como en Pedro de la Vega y Martín Mendoza. “Padre de la Vega va a ser exclusivo para condenados y el antiguo va a ser para procesados”, detalló y añadió que el penal Martín Mendoza estará funcionando completamente a inicios del 2025 exclusivamente para máxima seguridad.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, brindó detalles sobre la ley de tobilleras electrónicas, confirmando que la implementación de las mismas ya se encuentra destrabada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para avanzar con su aplicación.

“Esta mañana se hace la reunión formal entre las instituciones que vamos a coordinar el trabajo: Fiscalía, Policía, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Corte Suprema de Justicia. Una vez que esto se adjudique, se implementará”, puntualizó el secretario de Estado a la 650 AM.

Riera aclaró que no se está procediendo a la compra de las tobilleras, como tal, sino del servicio, atendiendo los posibles cambios tecnológicos. Las tobilleras se aplicarán exclusivamente para los casos de violencia intrafamiliar, priorizando las llamadas relacionadas al tema, con un equipo especial.

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El Ministerio del Interior tendrá la potestad de reglamentar, contratar y habilitar los servicios necesarios para el cumplimento de la ley, con el apoyo de una oficina de control interinstitucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual proveerá las partidas presupuestarias necesarias.

Por otra parte, con respecto a la inclusión de nuevos uniformados, así como también la compra de nuevos equipamientos, el secretario de Estado garantizó que los procesos se están encaminando de manera precisa. Así, el 19 de diciembre se efectuará el egreso de 5.000 policías.

“Vamos a poblar las nuevas comisarías que tenemos, bastante abandonadas. Ayer también se realizó nuevos equipamientos para los lince; está llegando todo antes de fin de año y probablemente para el 2025 estaremos un poco mejor para responder a los legítimos reclamos ciudadanos”, afirmó.

Riera subrayó además que la prioridad del Gobierno será introducir cada año 5.000 efectivos policiales más, no solo para brindar mayor solución a la demanda existente por la jubilación anual de los uniformados, sino también para dotar de más fuerzas de seguridad al país.

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