Juicio oral a Natalia Zuccolillo prosiguió con lectura de pruebas documentales
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La segunda jornada del juicio oral y público por difamación, calumnia e injuria contra la directora del diario Abc Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista del mismo medio, Juan Carlos Lezcano, terminó con la lectura de las pruebas documentales de la querella. Dos testigos debían declarar hoy: el ingeniero y exviceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) Andreas Neufeld y el secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), Marcio Ferreira Verdi.
El testimonio de Ferreira Verdi fue reagendado y solo se tomaron las declaraciones del ingeniero Neufeld. El exviceministro de la SET fue el responsable de la modernización del sector fiscal paraguayo, con la implementación de la reingeniería del sistema tributario y destacó que el sistema esté funcionando hasta hoy día, con sus actualizaciones y mejoras. “Estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos desde la SET”, remarcó.
Señaló que el sistema Marangatu fue hecho por el CIAT en conjunto con la SET y que no recuerda si otra firma o consultora estuvo involucrada, pero aclaró que se había contratado a una empresa local para construir una aplicación para la renta personal, lo cual quedó en la nada porque la renta personal quedó suspendida.
“Nunca tuve problemas con el CIAT, yo era representante del país ante el centro. Los viceministros o directores son los representantes de los Estados partes ante el CIAT, este prestó asistencia al sistema Marangatu porque el paquete era completo: reingeniería y asistencia informática”, destacó el exviceministro.
Con respecto a la tercerización realizada por el CIAT o el trabajo con otras empresas, manifestó que no lo puede precisar, pero cree que se trata de una mezcla entre ambas cosas porque había gente relacionada con el centro interamericano y no dejaban de contratar consultores externos. “Pero no sé la relación laboral entre los consultores con el CIAT”, remarcó, agregando también que él no recuerda haber firmado ningún contrato con la organización, pues los trámites de firmas se hacían en el ministerio, ya que el viceministro no constituía un ordenador de gastos.
La defensa de Zuccolillo manifestó que no debía tomarse la declaración del testigo Ferreira Verdi porque el mismo se encontraba en la sede del CIAT y no en la embajada paraguaya en Panamá, como constituía un acuerdo establecido para considerarse la declaración. Del mismo modo, la querella solicitó al juez bajo las reglas del artículo 394 del Código Procesal Penal, que se ordene y se remita a través de exhortos a la Cancillería Nacional para que se comisione al testigo al consulado paraguayo.
Finalmente el juez sentenció a favor del pedido solicitado y destacó que se tomarán las declaraciones del testigo toda vez que el mismo se constituya en la sede del consulado. Debido a que Ferreira Verdi se encuentra con una agenda ya establecida, por viajes de representación del CIAT en diversos países, solicitó que se determine una fecha para su declaración; así, el juez confirmó que se tomará el testimonio del secretario ejecutivo del CIAT el jueves 8 de setiembre a las 9:30 (hora paraguaya).
Por otra parte, la querella también aclaró que desiste de la comparecencia de los testigos Raúl Zambrano, Pedro Fadul, Roberto Pereira y María Luz Pereira Ferrario para agilizar con el desarrollo del juicio oral y público.
La defensa del periodista Carlos Granada, exgerente de Canal 9, cuestionó no haber sido notificada en fecha sobre la integración de la jueza Sonia Villalba como miembro del Tribunal de Sentencia y logró la suspensión del inicio del juicio por coacción sexual. Foto: Gentileza
Juicio oral a Carlos Granada suspendido por chicanas
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La presentación realizada por la defensa del periodista Carlos Granada, exgerente de Canal 9, que cuestionó no haber sido notificada en fecha sobre la integración de la jueza Sonia Villalba como miembro del Tribunal de Sentencia derivó en la suspensión del inicio del juicio oral y público por coacción, coacción sexual y otros.
La causa deberá destrabarse en la Cámara de Apelación para poder fijar una nueva fecha para el inicio de la audiencia oral y pública. Actualmente, y tras estar varios meses con arresto domiciliario, Granada cuenta con libertad ambulatoria.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, varias trabajadoras del Grupo Albavisión (de los canales SNT y C9N) habían denunciado ante la Fiscalía a Granada en mayo de 2022, argumentando que en reiteradas ocasiones las había acosado sexualmente.
Desde el Ministerio Público recordaron que fueron víctimas del acusado seis mujeres, todas periodistas hostigadas con fines sexuales. “En tanto, otras padecieron a actos sexuales mediante la fuerza y tuvieron que soportar estos actos ante las amenazas contra sus fuentes de trabajo”, apuntaron.
Resaltaron que Granada se habría valido de su posición jerárquica e influencias ante sus víctimas subordinadas. El proceso contra el periodista empezó en mayo de 2022 y fue imputado por varios delitos, por lo que el juez Julián López resolvió enviarlo a prisión, donde estuvo durante varios meses hasta cumplir la pena mínima.
Fiscalía acusó y pide juicio oral contra Luis Yd Sánchez, en su carácter de intendente de Encarnación, porque habría atentado contra el medio ambiente y la calidad de vida humana. Foto. Archivo
Fiscalía acusa y pide juicio oral para intendente de Encarnación por presuntos delitos ambientales
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Desde el Ministerio Público informaron que la agente fiscal Angelina Arriola Funes, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de Itapúa, formuló acusación contra Alfredo Luis Yd Sánchez, en su carácter de intendente municipal de la ciudad de Encarnación, por la supuesta comisión de delitos contra el medio ambiente. La representante de la Fiscalía solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Conforme a la investigación del hecho, Yd Sánchez, en su carácter de administrador municipal, habría atentado contra el medio ambiente y la calidad de vida humana, al omitir el cumplimiento de las exigencias legales referentes al buen manejo de los residuos sólidos urbanos y de las disposiciones vigentes para la habilitación y el funcionamiento del vertedero municipal, ya que se constató que el mismo funciona sin los criterios ambientales requeridos.
La unidad fiscal a cargo de Arriola sostiene que, tras las investigaciones realizadas y de los elementos de convicción idóneos que fueron recolectados durante la etapa preparatoria, existe certeza positiva con probabilidad cierta de demostrar en juicio oral y público la participación del acusado en la comisión del hecho punible mencionado, tipificado en el Art. 200 del Código Penal- Procesamiento. Además, el incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, tipificado en el artículo 5 inc. e) de la Ley 716/96, en concordancia con el artículo 16, en calidad de autor.
Durante la investigación preparatoria se recolectaron y se incorporaron de manera legal, suficientes elementos de convicción que permiten sostener razonablemente, la existencia del hecho del modo relatado en la plataforma fáctica y la participación que en el mismo le cupo al hoy acusado.
Dentro de las investigaciones realizadas, se pudo verificar que el predio de aproximadamente 22 hectáreas donde funciona el vertedero o relleno sanitario está compuesto de varias fincas cuya posesión corresponde a la Municipalidad de Encarnación y la propiedad a la Entidad Binacional Yacyretá, conforme se coteja en la nota de fecha 6 de setiembre del 2023, remitida por la Binacional al Ministerio Público.
Entre las diligencias llevadas adelante se procedió al allanamiento del inmueble ubicado en el barrio San Antonio Ypekuru, del distrito de Encarnación, lugar donde funciona el vertedero municipal o relleno sanitario de residuos sólidos urbanos del municipio encarnaceno. La comitiva fiscal estuvo encabezada por Arriola, acompañada de técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público y personal policial de diversas comisarías.
Durante el recorrido por el predio se constató efectivamente la existencia de un vertedero donde se depositan residuos urbanos domiciliarios, mezclados con algunos residuos industriales y residuos hospitalarios, sin criterios ambientales, pues no se observó la compactación del suelo, las cañerías colectoras de líquidos lixiviados, las chimeneas de venteo ni la cobertura con tierra de los residuos depositados en el sitio, además de no contar con copias de los documentos habilitantes expedidos por la autoridad de aplicación (Mades).
Vínculo narco: Giuzzio recusa a jueces para impedir avance de su juicio oral
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El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, recusó este viernes a los miembros del Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, Matías Garcete y Adriana Planás, con la finalidad de impedir el avance de su juicio oral y público, cuya continuidad estaba prevista para las 8:30 de hoy. El funcionario de confianza del gobierno de Mario Abdo Benítez está acusado por cohecho pasivo agravado por presuntos vínculos con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola.
La nueva chicana impulsada por el también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) fue presentada por su abogado Emilio Fuster, 40 minutos minutos antes del horario fijado. Lo llamativo del caso es que Guizzio no haya promovido la recusación contra la jueza Yolanda Morel, esposa del ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel de Jesús Ramírez Candia.
De esta manera el proceso se pospondrá hasta tanto la Cámara de Apelación resuelva la recusación contra ambos magistrados. La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, que argumentan que el exministro tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido en Brasil, de obtener contratos con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Espíndola Marques de Padua. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que Giuzzio usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.
Arnaldo Giuzzio también está imputado en el caso de filtración de información de inteligencia financiera de carácter reservado, obtenida de manera ilegal de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El martes pasado, la Fiscalía presentó acusación y pidió juicio contra Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farias, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, todos exfuncionarios de Abdo, quien también está imputado en esta causa, al igual que su exsecretario, el diputado Mauricio Espínola.
Alberto Tomás Ramírez Chase, representante de ITC Paraguay que ofertó G. 193.290 millones, es allegado a Miguel Ángel Zaldívar y Natalia Zuccolillo. Foto: Gentileza
Mitic denuncia amedrentamientos en medio de licitación clave
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Texto: La Caja Negra.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) lleva adelante por segunda vez la licitación para el “servicio de diseño, construcción, equipamiento integral y puesta en operación del centro de datos del Estado (Data Center)”, el cual fue cancelado cuando Gustavo Villate asume el cargo de ministro, por verificar que el PBC (pliego de bases y condiciones) anterior no permitía una mayor participación de empresas (se presentaron solo dos consorcios), sumando a esto que ya existía una denuncia de conflicto de interés y otra de direccionamiento del llamado.
Estas denuncias fueron entregadas a los colegas que participaron en la reciente conferencia de prensa en el Mitic.
En medio la segunda convocatoria de la licitación (donde ya se presentaron más de 8 empresas nacionales y extranjeras) se registraron intentos de injerencia y hostigamiento con el fin de aparentemente influenciar la decisión del Comité de Evaluación.
Recordemos que, desde la apertura de las ofertas, se debe guardar confidencialidad, por lo que aparentemente este intento de injerencia en el comité podría tener la intención de direccionar la adjudicación.
De acuerdo con el llamado licitatorio, que puede encontrarse en el portal de Contrataciones Públicas bajo el ID n.° 447.876, la inversión ronda los G. 143.171 millones y está financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En septiembre de 2024 se realizó la apertura de ofertas públicas y participaron cuatro consorcios interesados, cuyas propuestas continúan todavía en etapa de evaluación.
El Consorcio ITC Tecnoedil (conformado por ITC Servicios SRL y Tecnoedil SA Constructora) ofertó G. 193.290 millones; el Consorcio de Infraestructura Tecnológica (integrado por Netlogic SRL y Sociedad Constructora Chaco SA) propuso USD 25,5 millones; el Consorcio Tecnológico Contec (compuesto por Jiménez Gaona y Lima SAE, Tecnología en Electrónica e Informática SA y Geintec SA) ofreció la suma de USD 13 millones y G. 40.386 millones; y el Consorcio Concret FData (integrado por Concret Mix SA y Fibratel SL), propuso USD 21,8 millones.
Llamativamente, algunas empresas cotizan un monto mayor al monto total de la inversión, según el monto que se encuentra como presupuesto en el portal de contrataciones.
Actualmente, este proceso licitatorio enfrenta intentos de injerencia y fuertes hostigamientos para afectar la adjudicación. Así lo expuso en la conferencia de prensa del pasado 28 de febrero, el ministro del Mitic, Gustavo Villate, quien aseguró que la administración actual no tolerará el amedrentamiento ni la intromisión de sectores que buscan frenar el desarrollo tecnológico del país.
Data Center para el Estado representa inversión de USD 18 millones. Foto: Gentileza
La autoridad reveló que en la última semana recibieron intentos de injerencia y hostigamiento por parte de sectores cuyos intereses se verían afectados por la licitación del Data Center. Ante esta situación, el Mitic presentó denuncias ante la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, organismos internacionales y la Fiscalía.
El equipo de “La Caja Negra” accedió a una de estas denuncias realizadas, específicamente ante el Ministerio Público por parte de la funcionaria Deisy Dahiana Acosta, actual jefa de Gabinete del Mitic. La misma formó parte del plantel de funcionarios que participó de la apertura de las ofertas, al igual que otros funcionarios del Mitic.
En su denuncia presentada ante la Fiscalía, el pasado 19 de febrero, Acosta expuso un mensaje recibido vía WhatsApp de un número desconocido, proveniente de Estados Unidos, en el cual le advertían que iban a enviarla a la cárcel por un buen tiempo, ya que mostrarían supuestos audios y videos de negocios, manipulaciones y extorsiones. Además, puso a conocimiento de la Fiscalía que crearon una cuenta falsa en Instagram que se hace pasar por ella.
Posteriormente, el 26 de febrero amplió su denuncia al recibir más mensajes de hostigamiento de otro número desconocido de Estados Unidos. El texto refería lo siguiente: “Seguimos investigando y ya estamos por terminar. Esta semana saldrá todo a los organismos internacionales y nacionales, para que vean la clase de gente que sos”. Seguidamente el responsable de la amenaza adjuntó un archivo PDF con el nombre “Esquema de la Mafia”, acompañado de la frase “la cárcel vos te merecés”.
Según información proporcionada a “La Caja Negra”, los investigadores habrían inspeccionado el PDF en cuestión y determinado que fue creado mediante el sistema Analyst’s Notebook, tal como puede apreciarse en la descripción de los datos.
Coincidentemente, en nuestro país la empresa que maneja este software es la firma ITC Paraguay, cuyo dueño es el analista de inteligencia Daniel González Segovia. Esta misma empresa ya cuenta con antecedentes de conducta por mala fe, según la denuncia y la investigación realizada por DNCP y fue amonestada en el pasado por intentar influir en el comité de evaluación del Mitic, en el marco de una licitación para ampliar la infraestructura de la Nube Py, donde no resultó ser la empresa adjudicada.
Así también, había sido denunciada en el primer proceso licitatorio del Data Center (que fue cancelado) por una posible colusión con la empresa Tecnoedil por un supuesto intento de direccionamiento del PBC, el cual a la fecha está siendo investigado.
Al verificar el portal de la DNCP aparece como representante de esta empresa Alberto Tomás Ramírez Chase, quien es muy allegado a Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y su esposa Natalia Zuccolillo, accionista del banco y directora del diario Abc Color. Los tres aparecen en fotografías que demuestran el nivel de cercanía. Otra coincidencia es que el diario Abc Color impulsa una campaña de desprestigio contra la misma funcionaria que recibió las amenazas y hostigamientos.
El diario de la calle Yegros la viene cuestionando por participar de la apertura pública de ofertas donde estaban presentes muchas personas y, según lo investigado, no existe una obligación de firma por parte de todas las empresas asistentes o todas las personas que participan del acto, el cuestionamiento a la funcionaria entendemos que viene ya que en el pasado la misma fue funcionaria contratada del MOPC, cuando era ministro Ramón Jiménez Gaona, conforme pudimos corroborar, la misma era en aquel entonces abogada dictaminante de la Dirección Jurídica y no una persona cercana al ministro porque no era una asesora nombrada.
Hemos profundizado y llama la atención el intento de vinculación de la funcionaria con la adjudicación del fallido Metrobús, dado que quienes firmaron la adjudicación fueron los miembros del Comité de ese llamado.
Inclusive, Abc Color llegó a hurgar en la declaración jurada de bienes de la funcionaria, quien salió a explicar su patrimonio. Ante los cuestionamientos de la prensa, el ministro Villate manifestó que todo el proceso se realiza de manera transparente y que se realizaron las denuncias correspondientes con el fin de proteger la integridad de la licitación en curso.